Milpa Alta beneficia a empresa irregular con remodelaciones millonarias de sus oficinas

En 2022, la alcaldía Milpa Alta gastó poco más de tres millones de pesos en remodelaciones de oficina, lo que va en contra de la Ley de Austeridad.

Además, benefició al proveedor Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras, Duma S.A. de C.V. (DUMA), que ha sido catalogado como incumplido e irregular por organismos fiscalizadores y por el Congreso capitalino.

Milpa Alta actualmente es gobernada por Judith Vanegas Tapia, de Morena, partido que, desde su llegada al poder en 2018 a nivel local y federal, ha tenido como bandera la austeridad y el combate a la corrupción.

Contrato millonario para compañía deudora

En 2023, el Gobierno de Milpa Alta firmó el contrato AMA-DGODU-IR-OBRA-001/2022 con la empresa DUMA para la “Adecuación de espacios de oficinas administrativas”, consta en información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Según el documento, la alcaldía pagó al proveedor un total de 3 millones 974 mil 548 pesos por sus servicios; sin embargo, la versión pública del acuerdo legal no detalla cuáles son los trabajos contratados ni los conceptos de obra, por lo que se desconoce el desglose del pago que realizó la alcaldía.

Cabe destacar que el contrato se firmó a través de una invitación restringida, es decir, se les pidió únicamente a tres empresas cotizar las obras y presuntamente se eligió a la mejor propuesta.

El documento lo signaron, por parte de la alcaldía, la directora General de Obras y Desarrollo Urbano, María del Carmen Sandoval Reyes, y el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Juan Romero Tenorio; y como representante de la empresa, Rubén Cárdenas Chávez, administrador único.

Gestión morenista, lejos de la austeridad

Las remodelaciones de oficinas administrativas van contra lo que estipulan las normas de austeridad locales.

La Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México entró en vigor en diciembre de 2018 y su principal objetivo es reducir los privilegios y derroches de recursos públicos dentro del servicio público local.

Dicha norma estipula las medidas y lineamientos que deben seguir las dependencias, órganos autónomos, entes públicos y alcaldías para evitar el uso excesivo de los recursos gubernamentales.

Entre las disposiciones mencionadas, está la restricción de gastar de manera excesiva en la remodelación de oficinas.

“Los bienes y servicios de las dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades se deberán sujetar y reducir al máximo, en el gasto de los servicios de telefonía y fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, a lo estrictamente indispensable”, señala el artículo 96 de la ley.

DUMA, empresa con pasado irregular y catalogada como incumplida por organismos fiscalizadores

En febrero de 2019, la entonces diputada local de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe Chavira, de Morena, presentó un punto de acuerdo para llamar a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la capital a aclarar diversos contratos supuestamente irregulares para el bacheo de vialidades firmados durante 2018.

Según el punto de acuerdo, consultado por Reporte Índigo, en 2018 la entonces Agencia de Gestión Urbana (AGU), que actualmente pertenece a la SOBSE, firmó un total de 12 contratos que se llevaron a cabo con anomalías, pues se firmaron durante el proceso de transición entre una administración y otra; se adjudicaron en lapsos de tiempo muy cortos; las empresas no contaban con los materiales necesarios para realizar los trabajos; e incluso, los proveedores contratados ocuparon material del mismo Gobierno para cumplir con las tareas convenidas.

“Se detectaron posibles irregularidades en otros 12 contratos de bacheo y repavimentación de carreteras realizadas en la capital del país por 383 millones de pesos, que fueron entregados a ocho empresas por la AGU durante la pasada administración. Los cuales fueron otorgados a siete empresas con tan solo cinco días de separación: entre el 25 y el 30 de mayo del año pasado”, indica el punto de acuerdo planteado por la legisladora.

Una de las empresas a la que se le otorgó un contrato irregular, de acuerdo con la denuncia, es DUMA, que fue beneficiada con 78 millones 883 mil pesos en dos acuerdos comerciales.

Además, la compañía está catalogada como deudora de impuestos en el estado de Tabasco.

El listado de incumplidos de la Coordinación General de Auditoría Fiscal y de la Unidad de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tabasco señala que, en este 2023, la empresa no ha cumplido con sus obligaciones fiscales; no obstante, el listado no detalla qué impuestos debe ni desde qué fecha los adeuda.

Pese a esto, la alcaldía Milpa Alta la benefició con millones de pesos para adecuar sus oficinas.