La posibilidad de que la justicia llegue a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aumentó tras la detención del capitán José Martínez Crespo por sus probables vínculos con la desaparición forzada de los estudiantes.
Sin embargo, los familiares exigen a las autoridades que no se trate de otro caso de simulación, pues en seis años la investigación tiene pocos avances.
Al “Capitán Crespo” se le imputa solo el cargo por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, pero, al menos por ahora, su abogado aseguró que no hay ninguno de manera formal por el caso Iguala.
El militar en reserva es uno de los mandos del 27 Batallón de Infantería que se encontraba en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, y se entregó a las autoridades bajo la condición de que se garantizara su seguridad en la prisión del Campo Militar 1.
Para Arturo Argente, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, campus Toluca, la detención del militar abre la puerta para que la justicia mexicana avance hacia una nueva etapa.
Al vincular a un militar en el delito de desaparición forzada se rompe con una cultura de encubrimiento, en la cual antes las fuerzas públicas podían llevar a cabo cualquier tipo de delito y permanecer impunes, pues la justicia militar goza de algún nivel de confidencialidad en sus procesos
Piden prisión para el capitán
En conferencia de prensa virtual, los padres de los normalistas de Ayotzinapa pidieron al Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, encargado de llevar el caso, que se aplique la ley porque el próximo miércoles concluye el plazo para decidir la situación legal de Martínez Crespo.
“Exigimos que se dicte un acto de formal prisión y que se le procese al capitán, ya que su responsabilidad en la desaparición es clara por las siguientes razones, estuvo al frente de los operativos del Ejército ese día, y tuvo contacto con los soldados que dieron seguimiento a nuestros hijos una vez que llegaron a Iguala y no hizo nada para evitarlo. También sabemos con las investigaciones que recabó evidencias de las agresiones contra nuestros hijos y nunca las presentó”, dijeron.
Los familiares comentaron que en el estado guerrerense se han encontrado mantas en lugares públicos donde se señala a Martínez Crespo como un vínculo con el grupo Guerreros Unidos.
“La mayor petición que tenemos es que la Fiscalía especial del caso de los 43 cite acción penal en contra el capitán por el delito de desaparición forzada”, destacaron en conferencia.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos, recalcó que, al no contar con la participación del capitán en la investigación, el camino para saber la verdad y sobre todo con sus hijos es cada vez más difícil.
“Reconocemos el trabajo de la Fiscalía y de la Comisión Presidencial, pero el capitán tiene mucho que ver, pues tiene información que no aportó, no cooperó y en parte es una de las razones por las cuales no podemos encontrar a nuestros hijos. Dejamos comunidades y trabajos porque amamos a nuestros hijos, por eso seguimos aquí porque lo hemos gritado desde siempre: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, expresó Bautista.
Joaquina García, madre de Martín Getsemany Sánchez García, aseguró que los esfuerzos de las autoridades son insuficientes.
“Es preocupante el hecho que detengan a un militar y por eso no queremos que quede libre. Para nosotros debe pagar con todo el peso de la ley y ojalá el gobierno mexicano se ponga las pilas y no nada más lo agarren y luego los jueces lo liberen, esa es nuestra preocupación ya que la Sedena sigue sin cumplir con los acuerdos, pues iban a aportar toda la información que tuvieran del caso y no lo han hecho pese a la orden del presidente”, manifestó.
Promesa de justicia para normalistas
Durante el sexto aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno tiene el compromiso de esclarecer los hechos y que se conozca la verdad.
“Ese es el compromiso. Y desde luego, que sepamos el paradero de los jóvenes y al mismo tiempo que se castigue a los responsables. En pocas palabras que haya justicia, reparación de daño. Sinceramente les digo que lo vamos a lograr, que no debemos perder la esperanza”, expresó en la conferencia de prensa matutina del 26 de septiembre.
En Palacio Nacional, el mandatario argumentó que no habría impunidad para nadie y conforme la investigación avance y se compruebe la responsabilidad de los imputados se impartirá justicia. Esto aplica también a la presunta participación de elementos militares en el crimen.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dijo que entre los esfuerzos se realizan búsquedas en vida de los estudiantes en instituciones educativas y de salud, centros penitenciarios, refugios, estaciones migratorias, asilos, bases de datos del Registro Nacional de Población, del Registro Federal de Contribuyentes, instituciones bancarias, crediticias y de seguridad sin que a la fecha se cuente con algún indicio.
Los padres de los normalistas pidieron que se aplique la ley porque el próximo miércoles concluye el plazo para decidir la situación legal de José Martínez Crespo
También se detalló que desde marzo se han girado 70 órdenes de aprehensión de 80 solicitadas por tortura y se han detenido a 34 personas entre las que figuran miembros de Guerreros Unidos y policías federales ministeriales y municipales. Hasta ahora se ha detenido a 80 personas presuntamente involucradas en la desaparición de los estudiantes.
Arturo Argente considera que la prioridad a los derechos humanos e involucrarlos en temas de justicia puede ser el primer paso para esclarecer los crímenes en los que se compruebe la participación de todos los niveles de las fuerzas armadas.
“Hay que recalcar que miembros del Ejército reciben órdenes, entonces en estos delitos y crímenes es vital seguir el hilo de jerarquías hasta llegar a los superiores relacionados en cometer esos delitos. Esto puede ayudar a que desde ahora las fuerzas armadas sean no solo monitoreadas sino también juzgadas bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano mexicano cuando cometa un delito”, concluye.
