“No está el cuerpo, ese cuerpo se incineró. No se preocupe señora, por lo menos ya tiene a quién estarle rezando, a quién estarle llevando flores”, fueron las palabras que la hondureña Ana Enamorado escuchó en 2015 cuando le dijeron que su hijo Óscar Antonio López Enamorado había sido localizado.
Óscar se encontraba desaparecido desde el 19 de enero de 2010 y tras investigar por su cuenta y encontrar pruebas de que se encontraba en Jalisco, el 8 de febrero de 2013 acudió desde Honduras a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) con sede en Guadalajara para interponer una denuncia.
El 17 de febrero de ese año, a los 9 días de haber acudido a denunciar su desaparición, las autoridades encontraron el cuerpo de un joven colgado en un puente peatonal de Zapopan y el 6 de mayo lo incineraron. A Ana posteriormente le aseguraron que era su hijo.
“Realmente yo no sé si es mi hijo porque no hay pruebas”, dice ella.
Su caso forma parte de los mil 581 cuerpos no indentificados que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha incinerado de enero de 2006 a los últimos meses del 2015, de acuerdo con información que la dependencia proporcionó vía transparencia al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Sin embargo la información recibida es confusa, acusa la organización, pues en las tres solicitudes de información ingresadas, el IJCF responde con cifras distintas, siendo la anterior la más alta.
Cepad también acusa que el IJCF ha intentado entregar las cenizas de los cuerpos incinerados a los familiares que buscan a sus desaparecidos sin identificarlos plenamente y que del 1 de enero de 2006 al 31 de octubre de 2018 ha entregado 140. Tan solo el año pasado fueron 7, dice.
La organización denuncia que esta situación es una grave violación a los derechos humanos que priva a los familiares de las personas desaparecidas de la posibilidad de alcanzar la verdad y la justicia.
Además revela que la crisis forense no comenzó el año pasado, con el hallazgo de cuerpos de personas fallecidas no indentificadas en cajas refrigerantes en trailers, sino data de muchos años antes y puede considerarse como un crimen de lesa humanidad.
Por lo anterior solicita al representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, que intervenga en este caso para Diego se el proceso de justicia y verdad mediante los mecanismos de protección de derechos humanos de la ONU.
