Migrar o morir, los retos del desplazamiento interno forzado en México

Las comunidades de Martinitos, en Cerralvo, y San Vicente, en Los Herreras, ambos municipios de Nuevo León, se convirtieron en pueblos fantasma.

La presencia de la delincuencia organizada en la zona norte de Nuevo León generó desplazamientos forzados en decenas de comunidades de distintos municipios, al grado que la población en algunos sitios se redujo a cero.

Los integrantes de la delincuencia organizada, en su mayoría provenientes de Tamaulipas, se dedican a realizar “levantones” de habitantes para el cobro de piso y, en algunos casos, para apropiarse de casas y ranchos, además de que han instalado retenes en carreteras vecinales o estatales como la Miguel Alemán.

Este fenómeno que también se vive en otras entidades del país como Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua, puede darse por otros motivos además de la violencia, como el cambio climático o por desastres relacionados con la acción humana o por peligros geológicos, hídricos y meteorológicos extremos.

En México, el desplazamiento interno empezó a ser documentado en la década de 1970.

Sin embargo, fue apenas en abril de 2019, que el Gobierno federal reconoció oficialmente su existencia y los retos que representa.

A pesar de este avance, hoy México todavía no cuenta con una legislación nacional, cifras nacionales oficiales o con información desagregada, indispensables para conocer la magnitud y evolución del desplazamiento interno en el país, así como los distintos perfiles y geolocalización de las personas desplazadas.

Miedo, el factor determinante

Egidio, un poblador de Martinitos, señala que ya no queda nadie en esta comunidad, huyeron por miedo, y en San Vicente, solamente dos familias acuden de vez en cuando a revisar el estado de algunas viviendas, pero ya no se quedan.

“En Martinitos sí está en ceros la cantidad de pobladores y en San Vicente va para allá, si ves ahí en el video, fue el día primero cuando privaron de la libertad a una persona, a un residente de los Estados Unidos, y ya la gente no quiere venir, mientras que la que todavía hay se está mudando.

“De las cinco personas que se llevaron del poblado de Martinitos el mes pasado, había algunos que sí consumían drogas y había otros que no, pero pues se llevaron cinco personas y tiene más de un mes que no han regresado”.

Egidio agrega que Martinitos es una población que contaba con aproximadamente 200 habitantes, pero que desde 2011 comenzó a ser atacada por la delincuencia.

Entre los casos más violentos, se encuentra el de una pareja de residentes estadounidenses que tenían una propiedad en ese lugar y, al defenderla, perdieron la vida acribillados.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo un grupo de delincuentes ingresa a una propiedad para buscar a sus dueños y, al ver que hay cámaras videograbando, desvían el lente para ya no ser observados.

Estas acciones afectan la operación de la escasa industria del lugar así como el transporte y a la población.

La economía local, como las tiendas de abarrotes, depósitos de venta de cerveza y pequeños negocios,  en al menos dos de los pueblos mencionados dejaron de funcionar.

De acuerdo con los lugareños, algunas viviendas ya son ofrecidas en remate hasta en 200 mil pesos, aún así, no hay interesados en comprarlas.

“Nosotros vivimos en Monterrey, pero tenemos una casa de campo en San Vicente, que también rentábamos para fines de semana, la cosa es que ya no pudimos ir ni a rentarla, porque de entrada nadie te la quiere rentar, por la excesiva violencia en la zona, además, ya no fuimos por miedo a que nos secuestren o nos maten.

“El pueblo se quedó sólo, tengo entendido que solamente hay dos familias que se dan la vuelta, pero de entrada por salida y durante el día, para ver cómo están sus bienes”, comenta Gloria, quien tiene una propiedad en San Vicente.

Los datos en seguridad

A pesar de la situación del norte de Nuevo León, el miedo a denunciar, entre otras cosas, reflejan otra realidad en las estadísticas de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, que tiene pocas denuncias en Cerralvo y Los Herreras relacionados con los delitos que comúnmente comete la delincuencia organizada como son secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio y narcomenudeo.

Según la Fiscalía, de enero a septiembre de 2023, en Cerralvo se han presentado cuatro denuncias por homicidio (culposo), por narcomenudeo seis, por privación ilegal de la libertad dos denuncias y por secuestro una.

En tanto que, en Los Herreras, se contabilizaron tres denuncias por homicidio doloso; dos denuncias por privación ilegal de la libertad y una por secuestro.

Delincuentes cobran cuota a camiones de carga

La zona norte de Nuevo León está caliente, no solamente los habitantes se quejan de la presencia de grupos del crimen organizado, los operadores de unidades de carga, quienes se ven obligados a pagar por circular en diversas carreteras de la zona, también han levantado la voz.

Muchos de los choferes que van de paso a Tamaulipas o a Estados Unidos, sufren de la continua extorsión de los delincuentes en carreteras como la Monterrey – Miguel Alemán, la carretera a Colombia, así como en las vías y caminos vecinales.

La situación es más notoria en la zona de Cerralvo y Los Herreras, donde existe una pedrera que administra la empresa Matrimar, de donde salen cientos de camiones al día.

El pago, del que hablan los choferes en audios que circulan en redes sociales, son de mil pesos de ida y mil de regreso, principalmente en carreteras que comunican a ambos municipios o en la Miguel Alemán.

A través de grupos de whatsapp, los choferes de camiones y tráileres se alertan de la instalación de los referidos retenes. Reporte Índigo tuvo acceso a estos audios y a algunos videos de operación de los delincuentes.

“Qué onda raza… Si se van a mover mañana con mucho cuidadito, llévense dinero, nada más, porque la cosa va en serio, a Matrimar ya lo pararon, Matrimar no va a pasar mañana por ahí hasta nuevo aviso”, advierte uno de los choferes a sus compañeros.

“Tan gruesos los pelaos, quieren ida y vuelta, mil y mil; mil de aquí pa allá y mil de allá para acá, no les importa que hayan dado en la mañana o la hora en que te hayan parado”, dice otro operador en un segundo audio.

No obstante, las carreteras a Colombia y a Laredo también son peligrosas para la circulación de cualquier tipo de vehículo, es decir, los particulares también corren riesgo.

Sorprendentes recomendaciones

Ante la complicada situación, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, organismo del gobierno estatal que administra el puente internacional Colombia, ubicado al norte de Nuevo León, ha emitido una serie de recomendaciones para los viajeros.

“Si decide utilizar el Puente Colombia para cruzar planifique especialmente su recorrido por la Carretera Federal 2, entre el Puente Colombia y la Carretera Federal 85, para que lo pueda realizar entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Evite transitar en ese tramo de noche o de madrugada.

“No use joyería ni relojes caros, mantenga sus documentos importantes y otros objetos de valor bien ocultos en un lugar seguro dentro de su vehículo, o mejor aún no los lleve en su viaje.

“Es recomendable tener a la mano una cartera de sacrificio para entregarla en caso de sufrir un asalto con efectivo suficiente para dejar satisfecho al asaltante y que no exija más, 2 mil a 3 mil pesos en billetes de 100 y 200. Y algunas tarjetas de crédito o identificaciones que pueda cancelar y recuperar fácilmente”, cita el organismo.

Crisis en aumento

México atraviesa por una crisis de derechos humanos en materia de migración interna forzada que no ha sido atendida por los gobiernos federal y estatales y ha recibido escasa visibilidad pública, razón por la cual se desconocen sus dimensiones y se continúa agravando.

Una de las principales referencias en México sobre este fenómeno son las cifras recopiladas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Según sus datos, entre 2006 y 2020, alrededor de 356 mil 792 personas fueron desplazadas de los lugares que habitaban.

Esa cifra pasó de 9 mil 741 en 2020 a 44 mil 905 en 2021, un aumento del 360 por ciento. El año 2021 fue el de mayor gravedad con 40 eventos de desplazamiento interno forzado.

A lo largo del país, se han registrado episodios en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Del total de desplazamientos, el 87.5 por ciento de los casos fueron población de comunidades rurales y el 41 por ciento de población indígena.

Si bien estos datos son alarmantes, la cifra real es mayor, pues la CMDPDH no toma en cuenta desplazamientos forzados individuales ni otros que no llegan a la prensa.

Por su parte, en 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 (CENSO 2020), que incluyó una pregunta sobre las causas de la “migración interna” y la “migración internacional” ocurridas entre marzo de 2015 y marzo de 2020. Las causas incluyeron movilidad asociada a “inseguridad o violencia criminal”, y “desastres naturales”.

Los resultados arrojaron que 262 mil 411 personas (53 por ciento mujeres) reportaron haberse visto obligadas a cambiar de municipio o estado dentro del país por “inseguridad o violencia delictiva” y 24 mil 376 (55 por ciento mujeres) por “desastres naturales”.

Aunado a esto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, también del INEGI, arrojó que aproximadamente 371 mil personas cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en 2019 y aproximadamente 912 mil en 2020.