Al contar su historia, se desdibuja su rostro. “Salí de Honduras porque fui amenazada y perseguida por las pandillas; mi vida corría peligro. Me vestí de niña y empecé a pedir jalón (aventón); así logré salir a la frontera con Guatemala, pero en el trayecto fui víctima de asaltos. De jalones me llevaron a El Naranjo, por ahí entré a Tenosique. Pensé que en México estaría mejor, pero desde que llegué no han parado las agresiones. Me violaron en dos ocasiones”.
A sus 19 años, Stephanie Nicole Garcés solo busca un lugar donde vivir en libertad. Dejó su país huyendo de las pandillas que la agredían por su condición de mujer transgénero. Puso sus esperanzas en México, pero en su periplo migratorio ha sufrido discriminación, amenazas, violencia física y sexual. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) rechazó su solicitud de asilo y, a pesar de haber recibido la visa humanitaria, no ha encontrado condiciones de seguridad.
Hoy tiene todas sus esperanzas en que el gobierno de Estados Unidos le conceda el asilo político por condición de género, confiada en que se reconozca que proviene de la región donde se ha documentado 78.1 por ciento de los crímenes de odio transfóbico en el mundo, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas.
Huir de la violencia
Oriunda de San Pedro Sula —uno de los municipios hondureños más violentos dominado por la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13)—, a temprana edad, Stephanie Nicole se reconoció como una mujer en el cuerpo de un niño. La Asociación Americana de Psicología define a las personas transgénero como aquellas que no se sienten cómodas con la identidad de género que tienen por nacimiento; la mayoría lo descubre en la infancia y la adolescencia.
Creció en un entorno hostil debido a que su familia no aceptó su personalidad. Tras abandonar el hogar, se enfrentó a rechazo social, acoso y ataques físicos y sexuales. Esta situación la padece 88 por ciento de las personas LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, transexual/transgénero/travesti, intersexual) solicitantes de asilo y refugiadas en México, pues en entrevistas con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reportaron haber sufrido violencia sexual y de género en sus países de origen, según el diagnóstico “Violencia sexual basada en género en la frontera sur de México contra personas refugiadas y solicitantes de asilo del triángulo norte de Centroamérica”, realizado en diciembre de 2016.
Frente a las amenazas de muerte que recibió por parte de grupos criminales, vio en la migración el único medio para seguir con vida.
Peligro latente
Hace nueve meses, Stephanie Nicole llegó a México. Su primer destino fue el albergue La 72 en Tenosique, Tabasco, un hogar-refugio para migrantes y cuyo nombre recuerda a las 72 personas de Centro y Sudamérica masacradas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2010.
La congregación franciscana que lo administra ofrece alojamiento, alimentos y servicios de salud, incluso atención psicológica y asesoría jurídica. Frente a la nuevas realidades, ha habilitado dos dormitorios para hospedar a 12 personas transgénero.
Y aunque en La 72 recibió un buen trato y no fue juzgada por su identidad, no se sentía segura, pues sabía que miembros de las pandillas y grupos criminales se presentan ahí persiguiendo a sus víctimas.
El peligro latente que sintió, la llevó a abandonar el albergue acompañada de una amiga. Como no querían ser identificadas por los agresores, salieron de noche sigilosas, tomando el camino que marca la vía del tren.
“Íbamos caminando cuando nos salieron unos hombres, a mí me golpearon con una piedra, y nos obligaron a quitarnos la ropa”. En un solitario paraje, entre la oscuridad, fueron víctimas de violación.
“En otra ocasión, también en Tenosique, nos agarraron los de Migración y para poder soltarnos, nos obligaron a tener sexo con ellos. No tuvimos otra alternativa porque no queríamos regresar a Honduras. Es muy grave lo que las autoridades mexicanas hacen, porque hasta nos amenazaron”, relata con la voz entrecortada.
En el caso de la población LGBTI, son más vulnerables los hombres que se identifican o actúan como mujer, bajo la concepción de que el cuerpo femenino o feminizado es el blanco de la violencia, señala Hiroko Asakura, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), estudiosa de la violencia que sufren las mujeres migrantes en territorio mexicano.
Indica que a pesar de estar expuestas a situaciones que ponen en riesgo su vida, su bienestar físico y psicológico, prefieren no presentar denuncias cuando son víctimas de delitos por temor a ser entregadas al Instituto Nacional de Migración (INM) y deportadas a sus países de origen, o incluso, por no hacer una pausa en su trayecto hacia el norte debido a los largos plazos que implica la burocracia mexicana.
Como la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sur, constantemente padecen asaltos y extorsiones, pero ser víctima de violación y de trata de personas es más común en las mujeres, incluso las transgénero. Y aunque son conscientes de estos riesgos, prefieren exponerse a permanecer inmóviles en sus lugares de origen o en las ciudades fronterizas al sur de México.
Búsqueda de oportunidades
En su ideario, Stephanie Nicole consideró que México sería el país donde podría ser libre e iniciar una vida tranquila, pero no ha sido así. Solicitó refugio político ante la Comar y le fue rechazado; tramitó el recurso de revisión, pero obtuvo otra respuesta negativa. Solo consiguió que se le otorgara la visa humanitaria con vigencia de un año.
En 2016, ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación recibió ocho mil 781 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, pero solo fue otorgado a dos mil 772 personas, mientras que concedió tres mil 632 visas humanitarias. Actualmente no hay estadísticas de cuántos de estos recursos fueron para personas transgénero.
Y aunque esta ayuda internacional les permite vivir en México sin el temor de ser detenidas y deportadas a sus países de origen, no les garantiza el acceso a servicios de salud, vivienda o al trabajo formal. Una vez instaladas aquí, las mujeres transgénero centroamericanas deben sortear múltiples obstáculos.
El primero es la discriminación, pues el imaginario social las señala como trabajadoras sexuales o portadoras de VIH, a pesar de que en los últimos años ha habido un intenso trabajo gubernamental y de asociaciones civiles en temáticas de diversidad sexual, apunta Miguel Lucero, doctorando de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y quien realiza una investigación desde un enfoque sociológico sobre el desplazamiento forzado de las mujeres trans migrantes de Honduras y El Salvador.
Refiere que esta población demanda oportunidades laborales, pero es segregada del ámbito formal por prejuicios sociales, y para subsistir terminan ejerciendo el trabajo sexual, con los riesgos que implica esta actividad para su salud y seguridad.
Muchas de las mujeres transgénero que se establecen en la Ciudad de México terminan laborando en Puente de Alvarado —una zona de tolerancia para el comercio sexual de personas LGBTI— donde deben pagar una cuota semanal de 300 pesos, expuestas a redes de trata y al tráfico y consumo de drogas. Salir de este círculo, les resulta muy difícil.
Aquellas con mayor suerte son contratadas de ayudantes en restaurantes o cocinas económicas, como personal de limpieza o asistentes en comercios; en Tijuana, una de las ciudades mexicanas a donde más se desplazan, las contratan para la fabricación de artesanías y manualidades.
En su intento por sobrevivir, las migrantes trans se desplazan a urbes grandes y diversas como Guadalajara, Ciudad de México y Tijuana, donde es más fácil invisibilizarse y moverse con mayor libertad. Sin embargo, ahí también deben desafiar problemas severos, como conseguir un sitio donde vivir, pues pocas logran que les sea rentada una casa.
¿Qué hacer?
Estos problemas sistemáticos han llevado a Stephanie Nicole a voltear a Estados Unidos y buscar ahí no el sueño americano, sino un medio de supervivencia.
Forma parte de la primera Caravana Trans-Gay Migrante, que partió en julio pasado de la Ciudad de México rumbo a la ciudad de Nogales, Sonora, con el propósito de solicitar asilo a las autoridades migratorias en Tucson, Arizona. Se trata de un grupo de personas LGBTI centroamericanas que esperan se les conceda el recurso, apelando a que su vida está en peligro.
Y es que en México, la población trans no encuentra las condiciones que les garanticen el respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, y menos aún las migrantes transgénero que se encuentran en nuestro territorio, a pesar de los múltiples tratados internacionales que se han firmado al respecto.
Por ello es preponderante que desde todas las esferas públicas se analice esta nueva realidad. Y el trabajo que se ha realizado desde la perspectiva académica y de los derechos humanos contribuye a entender y atender el fenómeno a partir de diversas perspectivas.
Por ahora, a sus 19 años, Stephanie Nicole centra su esperanza en el país de las barras y las estrellas, “pensando de manera positiva” que pronto podrá vivir libremente y, por qué no, hacer realidad el sueño de convertirse en actriz.
