Los migrantes y solicitantes de refugio están abandonados a su suerte en caso de infectarse del COVID-19 en México.
El Gobierno federal carece de alguna herramienta para ofrecerles ayuda en salud y al menos con el Seguro Popular se podía llevar a las personas a recibir atención básica. Hoy estas personas enfrentan un limbo y la pandemia por COVID-19 vino a exponer más esta desprotección humanitaria.
La desaparición del Seguro Popular ha provocado que los propios activistas no sepan qué hacer en caso de que surja un brote de la enfermedad. El Gobierno -con base en montos calculados con el desaparecido Seguro Popular- afirma que se requiere una bolsa de al menos 34 millones de pesos para ofrecer derecho a la salud a la gente que busca refugio en México.
‘Ha sido tortuoso’
Eunice Rendón, experta en temas migratorios, considera que con la desaparición del Seguro Popular no queda claro a dónde se pueden dirigir los refugiados y en general los migrantes en caso de contraer alguna enfermedad como el COVID-19.
“Antes ya la teníamos difícil, antes de que entrara el presidente Andrés Manuel (López Obrador) ya era complicado, pero sí había ya un mecanismo, por ejemplo, con el Seguro Popular, para atender migrantes o los repatriados, que son otros de los que nunca nadie habla. Y como se desaparecieron muchos programas, entre ellos el Seguro Popular, esa transición al Insabi ha sido tortuosa, ha sido difícil, y no queda claro bien a dónde llevarlos”, explicó.
Anteriormente los problemas a los que se enfrentaban los protectores de migrantes y activistas era que no se podía referenciar a un migrante debido a que el Seguro Popular no cubría un padecimiento específico, pero su atención básica estaba cubierta.
Eunice Rendón realiza una serie de conversatorios con la Universidad de Harvard acerca de la salud pública en la frontera migrante, sitio que tiene un proceso complejo ante las políticas internacionales y la negativa del presidente sanitario El desamparo Donald Trump para aceptar ingresos a Estados Unidos.
“(El COVID-19) fue el pretexto completo para cerrar la frontera de los Estados Unidos en este tema de asilo, incluso las audiencias que tenían muchos de ellos pendientes para ver sus procesos, y ver si les daban o no el asilo, se cancelaron. Hay gente que lleva un año esperando si le van a dar o no el asilo, en condiciones bastante complicadas porque no hay recursos ni de México ni de Estados Unidos para atender a esta gente”, añadió.
La experta afirmó que con la desaparición del Seguro Popular ni siquiera la población mexicana tiene certeza sobre los servicios de salud.
Está tan crítico el asunto que ya no es solo un tema para el migrante, al deportado tampoco lo puedes atender. Hay mexicanos que nunca se han ido a ningún lado y que les está costando trabajo el acceso. Sí es un problema que ya venía de antes, pero se acentúa con el COVID-19
Manifestó que en los albergues, campamentos, y 65 centros de migración que hay en el país se carecen de las condiciones para hacer una sana distancia y no hay una higiene adecuada, por lo que se han reportado algunos contagios.
“Algo que es muy importante cuando se habla de salud migrante y del tema del COVID-19 y del Gobierno mexicano y sus políticas, creo que la decisión más mala o la peor que se ha tomado, y la más difícil, y que va en deterioro de los derechos humanos de estas personas, es el programa Permanece en México, porque esta política que tiene más de un año y medio lo que ha hecho es que más de 60 mil personas queden varadas en seis puntos de la frontera norte, uno de estos es Ciudad Juárez”, comentó.
Se requieren 34.1 millones para atender migrantes
México requiere inyectar al sistema de salud 34 millones 156 mil 767 pesos para ofrecer servicios de salud solo para las personas refugiadas y a las que están en trámite de esa condición, así lo refiere un artículo de la revista MovilidadEs publicada por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El estimado se realizó con datos de 2019, año en que se presentaron 70 mil 609 solicitudes de refugio al Estado mexicano y fueron reconocidas como refugiadas seis mil 893 personas. El gasto en salud para los solicitantes -si se toma en cuenta que estarán al menos tres meses en el país- es de 24.5 millones y para los ya reconocidos es de 9.5 millones por al menos un año que será el tiempo de adaptación, ya que vivirán de manera permanente en México.
A partir de diciembre de 2018 más de 150 países adoptaron el Pacto Mundial sobre los Refugiados; entre ellos, México con el fin de aligerar la carga que tienen las naciones que acogen importantes volúmenes de personas que buscan el reconocimiento de la condición de refugiado, a partir del fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional que permitan afianzar una responsabilidad compartida entre los países.
En el caso de México, en la frontera norte existen miles de centroamericanos a la espera del trámite de su documentación. Entre ellos, existe una parte de población vulnerable que carece de un techo para dormir y de seguridad sanitaria y en el contexto de la actual pandemia resultan más vulnerables.
El Estado mexicano reconoce que es incuestionable el ejercicio de los derechos de migrantes, como la atención en salud
“Sin importar el hecho de que no todas las personas que solicitan la condición de refugiado en México buscan quedarse en el país –pues muchas lo utilizan como un medio para regularizar su estancia y, posteriormente, emigrar a Estados Unidos–, es incuestionable que el ejercicio de sus derechos básicos debe ser garantizado”, se explica en MovilidadEs.
Estas garantías implican necesariamente un ajuste en el presupuesto federal que se destina a la protección de los derechos humanos y la no discriminación, las políticas de empleo, la seguridad pública, la estabilidad social, la educación, las relaciones exteriores, el desarrollo y, por supuesto, la salud pública.
