Nuevas irregularidades, omisiones y quebrantamiento de las reglas opacan al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Y es que ellos mismos pusieron las reglas y no cumplieron a la hora de entregar las nuevas licitaciones para el cambio de frecuencias de Amplitud Modulada a Frecuencia Modulada.
El 6 de noviembre del 2016, el IFT aprobó los lineamientos para el cambio de 69 frecuencias, 22 de ellas serían dadas a estaciones de radio de uso comunitario indígena.
“Para el proceso de cambio de frecuencias se dispone de 47 frecuencias en FM, distribuidas en localidades en los estados de Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Baja California, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Puebla y Ciudad de México”, publicó el IFT. 18 días después, el decreto apareció en el Diario Oficial de la Federación, así como las reglas del juego. Para el Valle de México, serían 8 las frecuencias ofertadas.
Se estableció que de haber solicitantes en condiciones de igualdad, el IFT sometería a sorteo las frecuencias en sus instalaciones y con la presencia de un representante de cada interesado.
Después, el resultado sería notificado a los participantes ganadores y en la página electrónica del Instituto, cosa que nunca pasó.
“En aquellas localidades en las que existiendo solicitantes en condiciones de igualdad y que no se pueda otorgar el cambio de frecuencias conforme a los criterios antes descritos, el Instituto someterá a sorteo las frecuencias entre aquellos concesionarios en igualdad de condiciones.
“El sorteo se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto, en el que podrá estar presente un representante de cada interesado”, dice el inciso “C” del Artículo 6 del acuerdo publicado por el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre del año pasado.
Para el Valle de México solamente se autorizaron dos migraciones, sin justificación, ni explicación alguna.
Además, fuentes internas del Instituto revelaron que al momento de resolver la migración en la Ciudad de México, el IFT decidió evadir sus propias reglas evitando a toda costa el sorteo que ellos mismos habían propuesto.
Una de los frecuencias disponibles fue entregada a la Secretaría de Educación Pública, la que restaba, en lugar de ser sorteada entre los seis competidores interesados, fue entregada a la empresa XEINFO.
La violación a las reglas no termina en la simulación que realizó el IFT, sino a la hora de entregar el cambio. XEFAL, es titular de la estación XEINFO-AM, cuyos accionistas forman parte de la familia Henkel, que forman parte de Grupo Radio Centro, fallando así a las regulaciones de la licitación.
Al empresario de la industria automotriz, Eduardo Henkel, se le ha relacionado siempre con Vicente Fox y Martha Sahagún, lo suyo es una amistad añeja.
La amistad del representante del 1560 de AM y del ex mandatario creció cuando su esposa Martha Sahagún se hizo amiga de Rosaura Henkel. Esta amistad fue alimentada durante su gestión, por contratos millonarios otorgados por la Presidencia de la República y otras dependencias federales.
El apartado a y c del Artículo 6 señala que uno de los principales criterios para entregar el cambio de frecuencia es: preferencia a todos “aquellos interesados que no sean titulares de concesiones”. Para incentivar la competencia, cosa que no pasó. Así, el IFT no sólo ignoró sus propios lineamientos, sino que otorgó a XEINFO la última oportunidad de migrar a FM, y dejar al resto de las estaciones en la Ciudad de México sin esta opción.
Fuentes internas del IFT señalaron que el domicilio de XEINFO es exactamente el mismo de Radio Centro, ubicado en Constituyentes, lo mismo la planta transmisora, los apoderados y el domicilio para las notificaciones.
Comparecerá el IFT
Coartar el derecho a la información, tomar decisiones a su antojo y hacer investigaciones “endebles”, son sentencias que políticos y especialistas le han atribuido al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Este órgano autónomo y con presupuesto propio fue recientemente creado por el presidente Enrique Peña Nieto para regular el espectro de las telecomunicaciones.
Escándalos en el otorgamiento de concesiones para radio y televisión, así como el silencio ante controversias constitucionales que se han tenido que resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo han puesto en el ojo del huracán, haciendo que especialistas en el rubro y legisladores que velan por dichos temas critiquen y hasta reprochen su accionar.
Y es que el papel que juega el IFT en el país es angular para cuidar a la industria y la tan importante reforma de telecomunicaciones, si se llega a caer la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión regresaríamos al escenario de precios elevados, mala calidad en los servicios y a la historia de operados que actúan como monopolios.
Para el senador y presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Zoé Robledo, si bien el IFT es un órgano autónomo, deberían de seguir trabajando con los legisladores.
“Es un órgano autónomo pero nunca autonomía por opacidad o autonomía por discrecionalidad y me refiero a cosas muy concretas, yo creo que el trabajo de los legisladores no acaba el día que votamos una ley, la publicamos y ya, debe de ser permanente”, dijo en entrevista.
Por eso, su comisión mandará llamar en los próximos días a comparecer ante el Senado a los representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
“No es algo que hagamos ahora a bote pronto o no lo saquemos de la manga, yo creo que es buen momento para que el IFT vaya al Senado para comentarnos sobre las licitaciones de radio difusión, tanto la de radio como la de televisión, para saber que pasó con Tecnoradio, para saber que pasó con todas aquellas licitaciones que se quedaron desiertas, para saber que pasó con el tema famoso del ‘fantasma’, porque debieron de haber emitido una opinión que si bien no es vinculante que por lo menos hubiera un precedente”, agregó el senador.
Y es que durante las licitaciones para nuevas estaciones de radio, la empresa Tecnoradio fue anunciada con bombo y platillo como la ganadora de 37 frecuencias por las que pagó el empresario Alí Eduardo Bañuelos, la cantidad de 288 millones de pesos.
Las cosas se complicaron cuando se descubrió que el empresario estaba casado con Viviana Toscano, sobrina de Javier Pérez de Anda, uno de los principales accionistas de Radiorama. Si bien esto es permisible, Tecnoradio buscaba ahorrarse 40 millones de pesos por ser un “nuevo competidor”.
Ante este panorama y después de que un externo había evidenciado las fallas en las investigaciones del organismo, a mediados de agosto, el Instituto dio un revés a la concesión y descalificó a Tecnoradio.