Miembros de la comunidad LGBTTTI+, migrantes e indígenas están desamparados institucionalmente

Los crímenes de odio en México son un problema en aumento, a pesar de esto, existen más agencias del Ministerio Público (MP) o fiscalías especializadas para atender delitos como el robo de vehículos, que para brindar atención a personas de la diversidad sexual, indígenas o en contexto de movilidad que han sido víctimas de delitos.

El Gobierno federal define el delito de odio como aquel que es motivado por la intolerancia, los prejuicios o la animadversión, que niega la dignidad y los derechos personales y colectivos a aquellos que se estiman diferentes; además, está ligado a manifestaciones violentas por cuestión racial, nacional, sexual, étnica, religiosa u otras formas de comportamiento que marginan a ciertos sectores de la población.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció a mediados de 2023 que, a nivel nacional, dichas faltas han ido al alza en los últimos años, lo que repercute en los grupos vulnerados, por lo que instó a las autoridades a emprender acciones para enfrentar este problema.

“Es real que no solo en México, sino en prácticamente todo el mundo, vivimos una inquietante oleada de xenofobia, racismo y odio. Desde que surgimos como nación hemos padecido una serie de prejuicios y discriminaciones: contra las mujeres, contra las personas indígenas y afrodescendientes, contra las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, pero sobre todo contra las personas pobres. Por ello, la CNDH invita a terminar de forma definitiva con los discursos de odio, abiertos y solapados”, manifestó el organismo en el pronunciamiento DGDDH/025-BIS/2023.

Una revisión al “Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado en octubre, indica que menos del 30 por ciento de los estados de la República Mexicana cuentan con fiscalías o agencias del Ministerio Público especializadas para atender a las personas de la diversidad sexual (solo 10 entidades federativas); a las personas indígenas (siete entidades); y a las personas en contexto de movilidad (cinco entidades).

Sin embargo, de manera general, las agencias o fiscalías del MP de la Fiscalía General de la República y de las entidades locales con mayor presencia en el país son las mixtas o generales, con un total nacional de mil 847; especializadas en delitos cometidos por adolescentes, 268, excepto en Quintana Roo (QRoo); en homicidios, 135, excepto en Tamaulipas, Campeche y QRoo; contra el robo de vehículos, 87, excepto en Colima, Campeche, Yucatán y QRoo; y especializadas en investigación y combate al delito de secuestro, 87, excepto en QRoo.

De acuerdo con el censo, el estado con más centros de procuración de justicia, incluidos los de atención diferenciada, es Jalisco (463), seguido por Guanajuato (309), Coahuila (285) y Tamaulipas y Veracruz con 219, respectivamente. Mientras que Oaxaca es la entidad que menos fiscalías o agencias del MP tiene, con 13.

Atención a sectores vulnerados

Aunque la existencia de una fiscalía especializada no garantiza por sí misma la efectividad en el combate al delito para el que fue establecida, destaca que en el país haya entidades que estén avanzando en la especialización de sus unidades de procuración de justicia para poblaciones vulneradas.

Tal es el caso de Zacatecas, que cuenta con seis agencias especializadas en “delitos cometidos contra las personas de la comunidad de la diversidad sexual”; Campeche, Ciudad de México (CDMX) e Hidalgo, que cuentan con tres cada una; Colima, con dos; y Jalisco, Puebla, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, con una, de forma respectiva.

En cuanto a la atención a personas indígenas, en Veracruz hay once centros especializados; en Michoacán y en San Luis Potosí, dos; y en Puebla, Morelos, Guerrero y la CDMX, uno.

Resalta que solo existan en total 19 lugares en donde atiendan específicamente a la población indígena, pese a que en México existen 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale al 19.4 por ciento de la población, según las “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas“, dadas a conocer por el INEGI en agosto de 2022.

De los 32 estados, únicamente Veracruz (dos), Sonora (dos), Coahuila (una), Tabasco (una) y QRoo (una) tienen fiscalías especializadas en atención a personas en contexto de movilidad, un total de seis a nivel nacional.

Esto, pese a que en el primer trimestre de 2023, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), contabilizó 111 mil 505 eventos de personas en situación migratoria irregular registrados por la autoridad mexicana.

“Las personas que se encuentran en movilidad enfrentan un mayor riesgo de desaparición en México. Esto se debe no solo a las difíciles condiciones físicas y ambientales que enfrentan en áreas fronterizas remotas, sino también a la falta de acceso a recursos financieros y de otro tipo, a la falta de redes sociales, la desinformación, la discriminación y la xenofobia, así como la necesidad percibida de evitar los controles migratorios y fronterizos”, menciona el documento “Perfil Migratorio de México”, de la OIM.

Demanda histórica en Edomex

De las cinco millones de personas que se autoidentificaron en México como parte de la diversidad sexual en 2021, según el documento “Conociendo a la población LGBTI+”, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Estado de México (Edomex) es la entidad federativa que cuenta con el mayor número de personas LGBTI, con 489 mil 549 habitantes.

Pese a esto y a los reportes realizados por organizaciones como Fuera del Clóset A.C. sobre la violencia que padece esta población, esa entidad no cuenta con una agencia o fiscalía especializada en delitos contra personas de la diversidad sexual.

“Tan solo en 2022, la organización Fuera del Clóset A.C. atendió 88 casos, ya sea a través de los servicios de acompañamiento a víctimas o de asesoría que brinda en materia jurídica, psicológica o médica.

“La cifra muestra la deuda impostergable por parte del Estado para garantizar que las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas bisexuales, trans, intersex, queer, no binaria o con otra orientación sexual, expresión de género o identidad de género no normativa, gocen de una vida libre de violencia”, señala el “Informe Anual de Casos 2022” del organismo.

El 17 de mayo de 2023, como parte de sus propuestas de campaña para ganar la gubernatura del estado, Delfina Gómez propuso la creación de la fiscalía especializada en diversidad sexual para, entre otros objetivos, atender los problemas de transfeminicidio que existen en la entidad mexiquense.

“¡El cambio verdadero en Edomex nos convoca a todas, todos y todes! Vamos a garantizar el derecho a la diversidad y el apoyo a la comunidad LGBTI+. Buscamos crear Clínicas Arcoíris para atender a personas con VIH e impulsar la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos por Discriminación, por Orientación Sexual y Transfeminicidios”, detalló la actual mandataria estatal.

De concretarse esa promesa, serían once las entidades que cuenten con un centro de procuración de este tipo para la población.

Fiscalías: desbordadas y sin capacitación

La excesiva carga de trabajo y la falta de personal en las fiscalías especializadas de justicia en todo el país ha generado un rezago de años en carpetas de investigación relacionadas a “crímenes de odio”.

De acuerdo con Atziri Ávila, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la mala ‘praxis’ que se lleva a cabo en estos centros de justicia impacta principalmente a los familiares de las víctimas que llevan años intentando acceder a la justicia o a una reparación del daño.

En entrevista con Reporte Índigo, la defensora de derechos humanos, precisa que la falta de una perspectiva integral de parte de los servidores públicos que laboran en estas instancias termina por revictimizar a grupos vulnerables como lo son: migrantes, la comunidad LGBTI+ y a los grupos de indígenas.

“El rezago más importante que existe en las fiscalías es en contra de los grupos más vulnerables. La ausencia de justicia en estas poblaciones es casi una constante en todo el país y nada mejora, al contrario, los casos se acumulan y nunca llega la justicia”, precisa Ávila.

La integrante del Observatorio Nacional del Feminicidio advierte que la falta de capacitación entre los funcionarios y la acumulación de trabajo de meses o incluso años obstaculiza que se brinde una pronta atención a los delitos llamados crímenes de odio.

“Estamos hablando de personas que son doble o triplemente victimizadas. Hay una segregación que ya de por sí sufren en la vida y, a la hora de llegar a las fiscalías, no logran tener acceso a la justicia”, sostiene.

La falta de intérpretes en centros de justicia

La ley establece que las personas que hablen una lengua originaria o que no entiendan español, tienen derecho a ser asistidos por traductores o intérpretes de sus lenguas o idiomas; sin embargo, la mayoría de las fiscalías carece de personas con estos conocimientos.

Esto ha sido denunciado en múltiples ocasiones por asociaciones civiles que atienden casos de violación a los derechos humanos de diversos sectores de la población.

Lex Pro Humanitas reconoce que la falta de intérpretes y cursos de sensibilización en las fiscalías obstaculiza la atención a casos relacionados con crímenes de odio.