Michoacanazo yucateco

“En Yucatán no te matan las balas, te mata la impunidad”. 

Esta es la realidad que se vive en la entidad, donde la comisión de delitos es cobijada por las autoridades del gobierno que encabeza Rolando Zapata Bello.

Lejos del paraíso que supuestamente representa el estado, el pueblo yucateco vive diariamente la violación a sus derechos humanos, ante la mirada indolente de quien es señalado como el que “mueve los hilos” del poder: el secretario de Gobierno local, Víctor Caballero Durán.

Mientras el mandatario yucateco pregona que la entidad es segura, con bajos índices delincuenciales, la violación a las garantías individuales es común: desde los asaltos, hasta casos de “levantones”, tortura y, por supuesto, de represión y censura, son los principales males que padece la población.

La situación empeora cuando algún ciudadano se atreve a señalar los errores, pifias, anomalías e irregularidades de la administración estatal, pues puede ser víctima de persecución, amenazas o hasta despidos injustificados si quien osó cometer ese “pecado” es un servidor público.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Yucatán señalan como protagonista de muchos de los males de la entidad al secretario de Gobierno, a quien responsabilizan en buena medida de controlar y reprimir cualquier movimiento que hagan los yucatecos y que contravenga los intereses del gobierno de Rolando Zapata Bello.

Un ejemplo es el despido injustificado del doctor Antonio Plascencia, del Centro Estatal de Dermatología, quien reveló las anomalías en que incurre el funcionario y su vínculo directo con un fraude millonario.

Es el ex gobernador del estado, el panista Patricio Patrón Laviada, quien describe la situación crítica de Yucatán, donde, afirma, no existe esa tranquilidad de la cual presume la administración de Zapata Bello. 

Por el contrario, acusa que hay una absoluta colusión de los Poderes locales, en el que hay una sumisión al Ejecutivo estatal y a intereses oscuros para privilegiar a unos cuantos, además de que en materia de seguridad, dista mucho de ser verdadera la imagen de estado tranquilo que se presenta fuera de las fronteras de la entidad.

Michoacán en Yucatán

Grupos de la sociedad civil exigen que cesen los actos de represión en contra de la ciudadanía, particularmente de los grupos que piden justicia por las diferentes irregularidades cometidas por los funcionarios del gobierno estatal.

El reclamo para el gobernador Rolando Zapata Bello es precisamente porque como Jefe del Ejecutivo en la entidad, consiente las acciones del que es conocido como el “hombre tras el trono”, Víctor Caballero Durán, secretario de Gobierno de Yucatán.

Martha Capetillo, integrante del Equipo Indignación, organización defensora de los derechos humanos en el estado, señala que, por ejemplo, la práctica de la tortura persiste en Yucatán. 

Y que a pesar de que hay diversos casos que se han documentado y denunciado, no ha habido el más mínimo interés del Gobierno local en sancionar a los responsables.

El organismo defensor de derechos humanos señala que es preocupante que la sociedad yucateca haya naturalizado la tortura, por lo que no se debe permitir que bajo el argumento de que Yucatán es un estado seguro, se siga minimizando la tortura.

Fraudulento

Mientras que el gobernador Rolando Zapata Bello destaca lo apacible y tranquilo que vive el estado, en su interior se desatan los gritos de auxilio y de justicia que demandan miles de yucatecos ante diversas injusticias que cometen integrantes de su propio gabinete.

La sociedad yucateca critica el despido injustificado del doctor Antonio Plascencia Gómez, del Centro Estatal Dermatológico, dependiente de la Secretaría de Salud estatal, quien se atrevió a señalar al secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, como partícipe de un escándalo mayor.

A través de las redes sociales difundió que luego de varias indagaciones y testimonios de más de 800 afectados, se descubrió que Victor Caballero Durán, recibió dinero de los empresarios de Crecicuentas, desde antes de estar en su actual puesto.

Las revelaciones hechas por Plascencia Gómez, que en buena medida ya eran del dominio público, provocó su despido y una persecución en su contra, por lo que también se sumó a la lucha de quienes son conocidas como las “Abuelas de la Plaza Grande”, personas de la tercera edad que  igual fueron víctimas del fraude.

A pesar de que se han presentado más de 196 demandas ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue el fraude con los posibles responsables, no se ha hecho justicia.

Secuaz transexenal

Otro de los aspectos donde afloran las anomalías del gobierno de Rolando Zapata Bello es la protección que le ha otorgado a su antecesora, la actual secretaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Ivonne Ortega Pacheco.

La diputada local de Acción Nacional, Judith Virginia Malta Monforte, revela que, por ejemplo,  sigue sin resolverse el desfalco que dejó el ex director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Yucatán (Isstey) y actual candidato del PRI a la alcaldía de Mérida, Nerio Torres Arcila.

Señala que los más de dos mil millones de pesos que se les descontaron a los trabajadores no llegaron a las arcas del Instituto; además, indicó que se cometió un fraude en contra de los habitantes de la localidad de Ocú, a quienes durante la gestión de Ortega Pacheco les compraron sus ejidos a un precio barato, lo mismo que algunas reservas territoriales; sin embargo, a más de cinco años, no se les han pagado.

Precaria la economía  

Aunque el gobernador Rolando Zapata Bello presume de la bonanza económica que vive el estado, los yucatecos carecen de lo necesario para subsistir, acusa el PAN local.

“En el terreno económico se dice va bien, pero en realidad no es así, no es lo que uno quisiera, no es lo que uno espera, no es lo que pregona el Gobernador”, reprocha la diputada local del blanquiazul, Judith Virginia Malta.

Incluso el legislador local del PRI, Pedro Oxté Conrado, reconoce que aunque Yucatán es uno de los estados con los porcentajes más bajos de desempleo, “los salarios son precarizados”

“Estado va a las urnas”

Con un claro rechazo a la gestión del gobernador, pero con toda la estructura gubernamental puesta en marcha para ayudar a los candidatos que favorecidos por Rolando Zapata Bello, el próximo 7 de junio los yucatecos acudirán a las urnas.

Y es que en un estado en el que la práctica común es la intervención del gobernante en turno y la designación de sucesores, los partidos de oposición de antemano se preparan para enfrentar una elección de Estado.

Sobre todo, señalan, porque la actuación del mandatario, como en el caso del actual Jefe del Ejecutivo estatal, tiende a violentar todas las leyes y la autonomía de los poderes y de las autoridades, incluyendo las electorales.

Para Patricio Patrón Laviada, el único gobernador de extracción panista de la entidad, es claro el escenario de intervención del Gobernador en el proceso que actualmente se desarrolla en la entidad.

“No es riesgo, es una certeza, el funcionamiento político del gobierno es de meter las manos en todo y controlar todo, controlan el Poder Judicial, controlan los órganos electorales; tiene metidas las manos en el Tribunal Electoral, en todas las instituciones que tienen que ver con las elecciones, en todos los partidos políticos, tiene metidas las manos en todos lados”, acusa

Por ello, anticipa que quienes aspiran a que se logre un verdadero cambio a partir de estos comicios, no sólo reman contra la corriente, sino que tendrán que reforzar su vigilancia para impedir que la decisión que se imponga sea la del mandatario yucateco.