Mi Bici, lenta en sanciones

La Contraloría estatal de Jalisco no ha comenzado las indagatorias solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al programa de bicicletas públicas Mi Bici, con el fin de sancionar las irregularidades que fueron halladas en la contratación del proveedor.

Las anomalías en Mi Bici que arrojó la auditoría 13-A-14000-04-1187, de la cuenta pública 2013, llevaron a la ASF a determinar tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) en contra de servidores públicos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf). 

La Sepaf lideró la implementación de Mi Bici y se encargó de la contratación de sus proveedores, cuando su titular era aún Ricardo Villanueva, inmerso hoy en la campaña electoral por Guadalajara como candidato del PRI. 

Sin embargo, la Contraloría, como órgano de control del Ejecutivo encargado de desahogar las investigaciones, no las ha puesto en marcha. 

Los hechos irregulares que señala la ASF a la Sepaf, alrededor de Mi Bici, tienen como común denominador el que terminaron por significar beneficios indebidos de un tipo u otro para el proveedor canadiense de las bicis y estaciones: Bixi (Public Bike System Company). 

A la firma extranjera se le dio un trato preferencial en distintos rubros del contrato por 5 millones 585 mil 247 dólares canadienses –cerca de 67 millones de pesos, como los tiempos de entrega, más amplios ahí que los exigidos a todos en la licitación.

Los resultados de la auditoría de la ASF, públicos desde febrero pasado, fueron remitidos a la Cámara de Diputados. La Contraloría estatal ha justificado el aplazamiento de las sanciones:

“Le comunico que esta Dirección a mi cargo no tiene ningún antecedente de que se haya recibido algún requerimiento por parte de la ASF, referente a la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria identificada con la clave 13-A-14000-04-1187, con motivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013”. 

Son las palabras del director general jurídico, Avelino Bravo, en su oficio 223/DGJ-C/2015, obtenido vía transparencia el pasado 19 de marzo. 

Esto sucede en el contexto de la revelación de un audio del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Leonel Sandoval, padre del gobernador, donde dice que el mandatario apoya con “todo” a Villanueva.  

Por su parte, el director general de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, Jorge Ojeda, asegura que hace falta una petición al titular de la Contraloría, Juan José Bañuelos, para iniciar las indagatorias, como lo dice en su oficio 144/DGDE/2015: 

“Me permito informarle que una vez que la ASF haga la petición oficial de intervención al C. Contralor del Estado y remita oficialmente sus hallazgos u observaciones, el Gobierno del Estado, a través de este Órgano Estatal de Control, actuaría en consecuencia”.  

Cuando fue titular de Sepaf, Villanueva fue cuestionado por abanderar a Mi Bici, en sustitución de la Secretaría de Movilidad, pues se infería una posible promoción personal.

Él ha argumentado que impulsa ese medio desde que fue jefe de Gabinete en el Ayuntamiento de Guadalajara, en la gestión en la que el gobernador fue alcalde (2010-2012). 

“Si me piden que me baje de Mi Bici, no me voy a bajar. Tengo mi membresía y la utilizaré las veces que sea”, lo citó el diario El Informador, al cronicar protestas de alumnos del ITESO. 

Investigaciones en el cajón

En específico, estas son las tres investigaciones sobre Mi Bici solicitadas a la Contraloría por la ASF: 

13-B-14000-04-1187-08-003: Porque la Sepaf dirigió la compra de las bicis y estaciones al extranjero mediante una licitación internacional, sin antes hacer una nacional, lo que viola la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 28. Así pudo participar la firma que ganó, Bixi.  

Los funcionarios “no acreditaron fehacientemente que los proveedores nacionales existentes no podían atender el requerimiento en lo que respecta a cantidad, calidad y oportunidad, o que el precio no era aceptable…”. 

13-B-14000-04-1187-08-004: Por la “incongruencia en los plazos y términos de entrega objeto del contrato, respecto a las bases de la convocatoria de licitación”. 

Mientras la licitación exigió a todos los interesados un tiempo límite de 90 días para la entrega de las bicis –bajo este supuesto ganó Bixi–, ya en el contrato se le concedió a la compañía canadiense un plazo de un 55 por ciento más amplio: 140 días. Hubo además ambivalencia en el sitio y modo de entrega. 

13-B-14000-04-1187-08-005: Porque en el contrato con Bixi se incluyó una “cláusula décimo primera que los derechos y obligaciones podían ser gravados o cedidos a otras personas físicas o jurídicas de forma parcial o total, sin el acuerdo de la otra parte, en contravención de lo indicado en la normativa aplicable”. 

Esto se hizo, dijo la Sepaf a la ASF, porque Bixi se hallaba en proceso de ser adquirida por otra firma ante sus problemas financieros.

Multas perdidas en la era Emilio 

Lo que sucede con los procedimientos sancionatorios (PRAS) que pidió la ASF sobre Mi Bici no es exclusivo de la cuenta pública 2013.

La misma falta de claridad sobre su cumplimiento presentan los castigos por el mal uso de recursos federales de todo el sexenio pasado del PAN, de Emilio González Márquez 

De 2007 a 2012 la Contraloría tiene constancia de 274 procedimientos sancionatorios solicitados por la ASF por anomalías, sin embargo, dice desconocer cuáles fueron sus resultados, esto es, si se desahogaron, si se castigó o no, o qué pasó. 

En ese lapso, las cinco dependencias de Jalisco con más sanciones requeridas por la ASF son: Sepaf, 88; Secretaría de Salud, 80; Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 29; Consejo para el Fomento Deportivo, 14, e Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos, con 11. 

Es el director jurídico de la Contraloría quien reconoce que ésta ha estado remitiendo las PRAS a las propias dependencias señaladas –ellas se investigan a sí mismas-, por lo que desconocen en qué acabó todo. 

“Esta Contraloría no generó investigaciones ni procedimientos sancionatorios con motivo de las PRAS hechas por la ASF, derivadas de los resultados de la Revisión y Fiscalización”, de las Cuentas 2007-2012.

“Fueron remitidas por la Contraloría a cada uno de los entes públicos facultados para llevar a cabo las investigaciones administrativas y/o los procedimientos sancionatorios correspondientes”. 

Todas esas sanciones en el limbo se refieren a malos manejos por 13 mil 997.7 millones de pesos que detectó la ASF.

El Estado solo pudo aclarar 7 mil 473.6 MDP, pero no mil 73.8 MDP que ya devolvió a la Federación, ni los otros 5 mil 450.2 MDP que aún le debe. 

> Nada que indagar…

Tras una solicitud vía transparencia, Avelino Bravo, titular de la dirección jurídica de la Contraloría de Jalisco, asegura que no recibieron requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación por el tema de Mi Bici.