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Hasta el momento no se han modificado el número de semanas a las que se puede realizar el procedimiento; así como tampoco se han armonizado los códigos penales locales con las disposiciones federales. Foto: Especial

México, un país de pequeñas victorias para el aborto 

Pese a que Puebla se convirtió en la entidad 14 de 32 de la República Mexicana en despenalizar el derecho al aborto, los pendientes al respecto continúan

Ante el regocijo de grupos feministas y jornadas de oración en las inmediaciones del recinto legislativo, con 21 votos a favor, el lunes 15 de julio el Congreso de Puebla aprobó la despenalización del aborto, sumándose así a los 13 estados de la República Mexicana que otorgan dicho derecho a sus ciudadanas y otras personas gestantes.

La reforma al Código Penal del estado fue impulsada después de que aún se incluyera una pena de hasta un año de cárcel para las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo.

Durante poco más de tres horas, grupos provida y colectivas feministas protagonizaron altercados verbales y físicos, e incluso los grupos en contra de este derecho buscaron boicotear la sesión del Congreso al solo permitirle el paso a los legisladores panistas, no obstante, la reforma fue votada.

Por su parte, el gobernador electo, Alejandro Armenta, pidió no condenar este derecho de las mujeres, a la vez que, dijo, se guarda silencio en torno a las sustancias que se adicionan en los alimentos como azúcares excesivos o edulcorantes, que provocan más muertes que la práctica del aborto.

“Hay que diferenciar entre promover el aborto a despenalizar el aborto. Y hay que diferenciar que hay que dar el derecho pleno a las mujeres; las mujeres en su libertad de conciencia deciden por su cuerpo”, expresó el morenista.

Lejos de garantizar un derecho

No obstante, tal y como revela el Examen Periódico Universal, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un ejercicio con el que cada cinco años se mide el cumplimiento de las recomendaciones en cuánto derechos humanos, la despenalización total del aborto en el país está lejos de ser una realidad.

En 2019, la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó y se comprometió a dar cumplimiento a una serie de recomendaciones, entre ellas, seis referentes a la despenalización de la interrupción del embarazo en todo el país.

Si bien México reportó al Consejo como avances en dicha materia las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2021 y 2023, las reformas legislativas en 12 entidades que despenalizaron el aborto y la publicación del Lineamiento Técnico para la atención del aborto seguro, varios de los pendientes al respecto, se mantienen.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las organizaciones que colaboró en el Examen Periódico Universal para analizar el estado de cumplimiento de estos derechos en el país, ha señalado los faltantes en esta materia.

Francisco Cué, coordinador de Incidencia en Política Pública de GIRE, señala que uno de los pendientes más urgentes respecto al aborto a nivel nacional es la reforma a los códigos penales, para que estos coincidan con las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para garantizar el acceso pleno a este derecho

“Falta todavía la reforma a varios códigos penales de dos terceras partes del país, prácticamente. Aunque los antecedentes, los precedentes, sentados por la Suprema Corte, tanto en 2021 como en 2023, marcan un criterio que debería de ser reflejado por todos los jueces”, explica.

Otra de las preocupaciones de GIRE, que la organización Fondo MARÍA comparte en torno a este tema, es la procuración de estos servicios por parte de personal médico del sector salud.

“Considero que el máximo pendiente, el más relevante, tiene que ver con la prestación de los servicios de salud en materia de aborto, porque incluso desde antes, cuando nada más hablábamos de la interrupción del embarazo para víctimas y violación de la NOM 046, el acceso es muy limitado, muy precario, todavía continúan negando los servicios para víctimas, a personas que lo necesitan para proteger su salud porque está en riesgo su vida.

“Ahorita, se ha venido despenalizando en las diferentes entidades federativas pero, el mayor reto está en que el Sistema Nacional de Salud, en sus tres niveles, esté en las mejores condiciones para poder proporcionar los servicios que nosotras sabemos que faltan, como medicamentos, capacitación, personal público objetor disponible. Entonces, el mayor reto que nosotros identificamos viene por ahí en lo que compete a la prestación de servicios de salud”, menciona Cué.

Por su parte, Stephanie Lomelí Guerrero, coordinadora de Fondo MARÍA, menciona que otro de los retos es cuestionar y, eventualmente, ampliar el tiempo para llevar a cabo un aborto, además de implementar procesos distintos al legrado.

“Aunque nos complace que avancen los procesos de despenalización. Creo que estamos ya muy acostumbradas a que nuestro límite son las 12 semanas, como si todas las despenalizaciones tuvieran que ir en el mismo tono que en la Ciudad de México, que en su momento fue punta de lanza, en el 2007. Hoy tenemos muchos otros ejemplos de procesos en cuanto a la despenalización del aborto, por lo que tendríamos que estarnos cuestionando si las doce semanas tienen una argumentación realmente válida y científica”, explica Lomelí.

“También nos queda trabajar mucho el tema del estigma a nivel cultural de cómo entendemos el aborto y que también hace falta a nivel institucional y no pensando solo a nivel salud, en general hace falta mucho trabajo. O sea, universidades que realmente en sus currículos de estudios en las carreras de salud hablen del aborto con información actualizada, con procedimientos acordes a la innovación tecnológica, con técnicas que no sean el legrado”, explicó Lomelí.

Tanto GIRE como Fondo MARÍA coinciden en que la conversación respecto a este tema debe enfocarse en la despenalización efectiva nacional, es decir, en armonizar las leyes locales con las federales para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Así ha invertido México en el ‘aborto seguro’

Con la aprobación de la Interrupción Legal de Embarazo en Puebla, la marea verde se expandió en 14 entidades de México, lo que implica un avance rumbo a la despenalización a nivel nacional. Pero la inversión en el servicio de “aborto seguro” avanza a paso lento.

De acuerdo con el Gobierno mexicano en el “Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México”, edición 2022, ese concepto implica un procedimiento con una intervención sanitaria no compleja que se atiende con los métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El servicio incluye el abordaje del aborto espontáneo e inducido.

Alineado con esta definición, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) asentó en ese documento que “la atención será individualizada, de acuerdo con las necesidades y condiciones generales de la usuaria, el diagnóstico que establezca el personal de salud, las semanas de gestación, la capacidad técnica del personal y la infraestructura disponible …”.

Pero, de acuerdo con una búsqueda en CompraNet, según “título de contrato”, las erogaciones con dinero federalizado para brindar el servicio de “aborto seguro” apenas sumaron 11 millones 314 mil 11 pesos de 2014 a 2024.


La cantidad no representa ni el 1 por ciento del costo del Aeropuerto de la Ciudad de México que se planeó en 2013 y que sería realizado por Norman Foster y Fernando Romero, y que al final, debido a una decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no continuó.

Es también el 0.3 por ciento de la Clave Única de Identidad cuyo fin fue poner todos los documentos oficiales de los ciudadanos en una sola credencial, lo que tomó los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero no fue concluido.

En este gasto, sólo Yucatán, Campeche, Oaxaca, Aguascalientes y Colima son partícipes. De estos, solo Colima, Oaxaca y Aguascalientes han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Las otras entidades públicas que gastaron en el servicio fueron la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Este último organismo cuenta en la lista de contratos públicos localizados con dos contratos de difusión de la campaña “Violencia sexual y aborto seguro”.

De la cantidad erogada, sólo el 20.3 por ciento se fue para infraestructura hospitalaria, adquisición de equipo médico y entrenamiento de personal. El resto –79.7 por ciento–fue destinado a la difusión de la campaña “Violencia sexual y aborto seguro. Versión Víctimas de violencia sexual” en radio y algunos otros medios, en 2022.

En los ejercicios de 2023 y 2024 no se encuentra en CompraNet un solo contrato que lleve en el título “aborto seguro”.

La ruta de la legislación

El 24 de abril de 2007 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de la CDMX) aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación en una decisión sin precedentes en el país. La discusión, antes de la votación, tomó cinco horas de debate. Afuera unos 400 elementos policiacos cercaban la sede legislativa en la calle de Donceles.

Los votos a favor provinieron del Partido de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, Coalición Socialdemocrática, así como el Partido Revolucionario Institucional. En contra votaron el Partido Acción Nacional, el Partido Verde Ecologista de México y un independiente.

Después de ese momento histórico no hubo más avances. En cambio, gritos como “¡Mujer se valiente, déjalos nacer!”, “Tu mamá dijo sí, por eso estás aquí!” y “¡Si quieres la paz, defiende la vida!” aparecieron en las voces de integrantes de decenas de agrupaciones civiles que manifestaron su oposición a la ILE en las calles de la capital del país y en algunos estados. Su activismo influyó en varias legislaciones locales para oponerse al marco jurídico en la capital del país.

Aun cuando han pasado 17 años de la primera despenalización del aborto en una entidad del país, la Ciudad de México, apenas en 2022 fue diseñada una política pública para brindar un servicio seguro. Foto: Especial

Pero el 25 de septiembre de 2019 ocurrió otro evento que impulsó la legislación en su ruta. En el Congreso de Oaxaca, la ILE también fue aprobada. Dos años después empezaron a sumarse Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Quintana Roo (2022, Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022) y Aguascalientes (2023).

En 2021 se escribió otro hito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió la penalización en prisión para las mujeres por abortar. En la misma decisión le ordenó a Coahuila, donde se había presentado una acción de inconstitucionalidad, a cambiar su Código Penal.

Un año después, la Secretaría de Salud emitió por primera vez una política pública para el aborto seguro a través del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la cual quedó expresada en el “Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México”.

El Centro dejó en 2022 registrados 27 contratos en CompraNet que sumaron 194 millones 956 mil 279 pesos. El mayor fue por más de 124 millones de pesos para adquirir pruebas rápidas contra VIH tipo 1 y 2 con la empresa Pharmath de México. El menor fue por 41 mil 550 pesos para la producción de una campaña con el Instituto Mexicano de la Radio.

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