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El único “delito” que cometió Jorge Martínez, para que su agresor lo moliera a golpes y casi lo matara, fue ejercer su trabajo periodístico. Creyendo en la quimera del periodismo libre, Jorge hizo lo que sabe hacer mejor: investigar y publicar con objetividad temas de interés social en su natal Tacámbaro y terminó con lesiones graves en la sala de un hospital.
Su agresor, Manuel García Barragán, hijo de un prominente empresario gasolinero de esa localidad, solo esperó el momento de encontrarse con el periodista. Lo encontró cuando Jorge paseaba a su nieto en la plaza principal. Allí lo tundeó. Tras el reclamo por lo publicado en un medio estatal, se le abalanzó. Le destrozó la cara a golpes. Las patadas que le propinó -ya en el piso- le causaron lesiones que ponen en riesgo su vida. Lo dejó por muerto en medio de un charco de sangre.
La autoridad federal ha actuado de manera lenta en ese caso. No hay celeridad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación. Desde allí no se ha dictado ninguna medida para el comunicador. Un juez local fue el que tuvo que recomendar acciones cautelares para salvaguardar la integridad del periodista y la seguridad de su familia.
En lo que va del 2016, la agrupación Casa de los Derechos de Periodistas, a través de sus enlaces en los estados, ha documentado ya al menos 24 agresiones a comunicadores. El caso de Jorge Martínez se suma a esa lista, la que hace que México sea el país más peligroso de América Latina y el cuarto a nivel mundial para el ejercicio periodístico.
Una profesión de alto riesgo
Durante el 2015, México escaló dos posiciones dentro de los países que mayor riesgo representan para los periodistas. Pasó de ser el país número 6 para colocarse en la cuarta posición, apenas por debajo de Irak, Siria y Filipinas, en cuanto a agresiones a periodistas.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), durante el 2015 se registraron 152 agresiones a trabajadores de medios de comunicación, las que –tras un largo proceso de revisión- ameritaron otorgar medidas cautelares para los comunicadores, las que van desde el otorgamiento de botones de pánico hasta la designación de escoltas personales.
De esa forma, México se convierte en el primer país del mundo que tiene que mandar a los reporteros a ejercer su labor periodística bajo custodia oficial, según revela un colaborador de la organización Artículo 19, en donde se han documentado 6 agresiones a periodistas, apenas en el inicio del 2016.
Los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas son las entidades que repuntan en cuanto al número de agresiones a periodistas. El único estado que no registra agresiones a los trabajadores de los medios de comunicación es Tlaxcala, donde también es cierto que es la entidad que menos reporteros tiene, según reconoce la organización Reporteros Sin Frontera.
A la fecha, indican las estadísticas de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se estima que por lo menos 251 reporteros se encuentran desplazados de su lugar de origen, esto como consecuencia de las amenazas de muerte que han recibido. La mayoría de esos comunicadores se movilizan sin el apoyo del Gobierno federal, a veces ayudados por otros periodistas, porque se ha dejado de tener credibilidad en el mecanismo de protección a periodistas del Gobierno federal.
Y es que en la mayoría de los casos de periodistas agredidos, amenazados y desplazados, las agresiones provienen de funcionarios del propio gobierno en cualquiera de sus tres niveles, en donde los presidentes municipales, directores de seguridad pública y mandos policiales estatales son considerados como los principales depredadores del libre ejercicio periodístico.
El informe oficial
México no solo se ha convertido en un país letal para los periodistas. También los defensores de los derechos humanos son blanco de agresiones. De acuerdo a la respuesta foliada UDDH/911/0030/2016 de acceso a la información emitida por la Sub Secretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el 2015 fueron 68 defensores de derechos humanos los agredidos. Todos reciben a la fecha ayuda del mecanismo federal de protección.
De acuerdo a la propia Segob, el 2015 cerró con uno de los índices más altos en cuanto a agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos. En ese sentido, se tuvo que apoyar con medidas de seguridad a 68 defensores y 152 periodistas que reclamaron la ayuda oficial para salvaguardar su integridad.
De los agredidos que cuentan con protección oficial son 145 hombres y 101 mujeres, los que en su mayoría cuentan con botón de pánico para pedir ayuda en caso de una agresión mayor. Casi el 20 por ciento de ellos cuentan ya con escoltas personales por tiempo indefinido, que los resguardan a ellos y a sus familias.
Los casos atendidos por la Segob fueron en su mayoría presentados por los mismos afectados, los que motivaron 109 acciones de seguridad, en tanto que solo 11 casos fueron promovidos por colectivos, donde la mayoría fueron gestionados por las agrupaciones Artículo 19 y Casa de los Derechos de los periodistas.
De las primeras investigaciones sobre las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos que tuvo conocimiento el Gobierno federal, en tres casos se reconoce a funcionarios federales como los propios agresores, en otros 14 se señala a funcionarios de Gobiernos estatales, en tanto que en otros 8 asuntos los responsables de las agresiones son funcionarios municipales.
Dice el informe oficial, signado por Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Unidad para la defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que de los 220 casos de agresiones conocidos por esa instancia, 11 ya fueron concluidos sin que ello represente que hayan desaparecido totalmente los riesgos.
De los 11 casos de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos dejados de lado, cuatro de ellos se suspendieron por desistimiento de los quejosos, tres por falta de interés, dos por solo disminución de riesgo, en tanto que otros dos ya no se siguieron por causas no explicadas.
De los 220 casos de agresiones que durante el 2015 tuvo conocimiento el mecanismo federal para la defensa de periodistas y defensores de derechos humanos, 64 fueron por agresiones físicas directas, 150 por agresiones verbales que incluyen amenazas de muerte, 38 por persecuciones, en 12 casos hubo lesiones físicas, y otros 70 casos se refieren hostigamientos diversos donde la resultante fue la intimidación.
