El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el expresidente Felipe Calderón protagonizan un enfrentamiento político más, ahora se lanzan acusaciones sobre sus posibles relaciones con organizaciones dedicadas al narcotráfico, se refirió a un narcoestado.
La primera bomba fue lanzada por López Obrador desde su conferencia matutina al responder a la prensa sobre las acusaciones del gobierno de Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, Luis Cárdenas Palomino, extitular de la Agencia Federal de Investigación; y Ramón Pequeño García, jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal.
Estos tres personajes, que fueron funcionarios durante el calderonato, son señalados de coludirse y brindar protección al Cártel de Sinaloa para que pudiera traficar drogas al país del norte.
Calderón Hinojosa defendió su estrategia en el combate a la delincuencia organizada y argumentó que él “no es el que saluda a la mamá del ‘Chapo’”, además recalcó que en su sexenio se extraditó la mayor cantidad de criminales a Estados Unidos.
Narcoestado, Calificativo erróneo
Para el periodista y escritor José Reveles, calificar como un narcoestado a administraciones anteriores es una declaración de mucho peso y sin precedentes en el país.
“Es un calificativo totalizador, refiriéndose a un periodo de la vida de México, muy concretamente al de Calderón”, comenta.
El autor de libros como “El Chapo: Entrega y Traición” y “El cártel incómodo” explica que el término adecuado debe ser “narcogobierno”, ya que los vínculos de funcionarios con la delincuencia organizada no tocan toda la estructura del Estado.
“Estamos hablando de que había antecedentes, si no de un narcoestado, sí de corruptela al más alto nivel en la Policía Federal, en la Procuraduría.
“Hay que recordar que Genaro García Luna en tiempos de Fox fundó la AFI y luego él mismo se puso en contra de esa AFI, después fue secretario de Seguridad Pública con Calderón; o sea con toda la confianza, con toda la impunidad del mundo actuó y las acusaciones que se le están haciendo en Estados Unidos son gravísimas, no son solo sobornos, dicen que él ayudó a traficar al Cártel de Sinaloa”, comenta Reveles.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), considera una contradicción el hecho de que López Obrador denuncie la colusión entre exservidores públicos y grupos dedicados al narcotráfico y no se centre en que se investigue a fondo y se castigue; por el contrario, el especialista destaca que a su llegada a la Presidencia el morenista dijo que no indagaría a personajes de gobiernos pasados, incluyendo sus antecesores.
“Cuando hablamos de esta situación, el presidente no está haciendo su trabajo, el presidente dijo que no iba a perseguir a nadie; perdón, no es una cuestión de voluntad, es su obligación”, expresa.
El experto en temas de seguridad añade que la postura del jefe del Ejecutivo corresponde a esta tendencia de responsabilizar a gestiones anteriores de problemas que enfrenta el país en la actualidad como es la inseguridad y la violencia generada por el crimen organizado.
“La definición de un narcoestado es absolutamente errónea, implicaría que tenemos no uno, dos o tres funcionarios, sino toda la estructura en todos sus niveles cooptada absolutamente por el narco. Creo que tenemos un profundo problema de corrupción y ahí coincido con el diagnóstico que ha dado el presidente en que ha dañado profundamente los sistemas de seguridad y justicia del país”, menciona Rivas.
Uno de los aspectos que preocupan es que los temas de justicia, que involucran a adversarios de gobiernos anteriores, sean utilizados para sacar raja política, expone José Andrés Sumano Rodríguez, catedrático del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
“Si algún día queremos que en México se reduzca la inseguridad, debemos dejar de utilizar a la justicia como instrumento para atacar rivales”, sostiene.
Acerca de la declaración del presidente, el especialista en políticas públicas y asesor en temas de seguridad añade que en el país se presentan diversos escenarios en el nivel de penetración que tienen los grupos dedicados al tráfico de drogas, es por ello que no se puede calificar a todo el país como un sitio bajo el dominio de estos cárteles.
“En un narcoestado los grupos criminales ejercen el uso de la fuerza para imponer su ley. En México no aplica en todo el territorio, hay lugares en Tamaulipas, Guerrero o Michoacán donde efectivamente el crimen organizado tiene un control sobre el territorio; otros donde hay una simbiosis entre el Estado y los grupos del crimen organizado, ambos cohabitan; y en otros más, solo existe la presencia de la delincuencia común, la que comete robos o asaltos y hay un dominio mayor del Estado”, apunta.
Sumano Rodríguez concluye que no se debe ver al Estado como un actor único, ya que este se conforma de diferentes niveles de gobierno y grupos políticos con distintos intereses.