Organismos internacionales apuntan a que la crisis de agua que enfrentará la humanidad rumbo al llamado Día Cero de la escasez de agua podrían intensificarse en países como México.
Además de las afectaciones ocasionadas por el cambio climático existen otros aspectos que ponen en riesgo el acceso al recurso hídrico en el país, como el desperdicio, la contaminación y la falta de políticas públicas para la protección de los mantos acuíferos nacionales.
Esta situación afecta a estados como Baja California y Jalisco, cuyas comunidades han sufrido el abuso de la actividad industrial adyacente a sus principales ríos; Morelos o Sonora, impactados por la contaminación producida por la generación eléctrica y la actividad minera; o la Ciudad de México, en donde la estrategia para el control y mantenimiento del drenaje genera pérdidas importantes del agua año con año.
De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el 57 por ciento del recurso que consume el país se pierde por evaporación pero, sobre todo, por infraestructura ineficiente, en mal estado u obsoleta
En cuestión del campo –que representa la principal actividad de consumo de líquido en nuestro país– la superficie irrigada es de 6.3 millones de hectáreas y aporta el 42 por ciento de la producción agrícola nacional.
Sin embargo, las pérdidas por infiltración y evaporación ascienden a más de 60 por ciento del agua almacenada y distribuida para fines agrícolas. Una problemática que no ha sido debidamente atendida por las autoridades.
En julio el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados planteó la necesidad de la creación de una nueva Ley de Aguas Nacionales, que pueda favorecer el consumo doméstico como derecho fundamental y que atienda las deficiencias reales en el suministro del recurso.
El CEDRSSA consideró que México enfrenta grandes desafíos por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la escasez de agua superficial, el desperdicio, el desarrollo socioeconómico y la falta de conciencia social sobre el cuidado. No obstante, el tema que prevalece es el de la desigualdad.
En su estudio “El manejo del agua con equidad”, el Centro indica que son 2.5 millones de mexicanos los que en la actualidad sufren de la escasez de agua, lo que genera enfermedades, deserción escolar, rezago, y por consiguiente, pobreza.
Restablecer prioridades antes de la escasez de agua
Estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que México se ubica en el séptimo lugar a nivel mundial en extracción de agua, con el 76 por ciento de la producción destinada a la agricultura y la ganadería, 9.6 por ciento para la actividad industrial y el 14.4 por ciento restante para consumo público.
“Por principio, el derecho humano al agua es de uso doméstico; pasando por el agrícola y ya hasta el último son los usos industriales y para la generación eléctrica. Pero ahora está sucediendo todo lo contrario”, explica Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, quien considera que una nueva reforma a la Ley de Aguas Nacionales debe priorizar los tipos de consumo.
El especialista apunta que en las leyes de 1966, se hablaba de los usos preferentes del agua, destacando el consumo doméstico en primer lugar. Principios que en la actualidad van en retroceso, pues además de que no se está garantizando el recurso a las comunidades, se les está desplazando de la toma de decisiones.
Estudios de la ONU indican que México se ubica en el séptimo lugar a nivel mundial en extracción de agua
“Es muy importante la autogestión por parte de los pueblos de los diferentes sectores y no la concentración del Estado o de la iniciativa privada para la distribución del agua. Se trata de un derecho humano que nos debemos organizar para acceder a él de manera correcta, para cuidarlo y no para que se vuelva un negocio”, menciona.
Además de la extracción masiva que se presenta en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Nayarit, Juan Carlos Flores indica que la generación de energía eléctrica y la minería a cielo abierto son grandes consumidores y extractores del agua, provocando importantes niveles de contaminación en los mantos acuíferos.
“Los trasvases que se permiten en la Ley de agua, son prácticamente destrozar un ecosistema para transportar el líquido de una parte a otra; como si te quitaran la sangre para dársela a alguien más.
“Están matando regiones enteras con estos trasvases por medio de los acueductos; por ejemplo, el acueducto independencia de los Yaquis (Sonora); la presa del sistema Capulín en Jalisco”, comenta.
El abogado agrega que las prioridades deben ser la conservación, el respeto a la posesión natural que tienen los pueblos indígenas sobre las industrias y la comercialización del líquido.
Garantizar el recurso
En su informe del 2019, el CEDRSSA subrayó que México requiere mayor infraestructura y gran cantidad de rehabilitaciones en sus redes hidráulicas, porque la falta de mantenimiento provoca pérdidas significativas de agua que podría ser aprovechada para consumo humano.
Teresa Ramos Arreola, diputada del Congreso de la Ciudad de México, opina que el derecho al agua –marcado en el artículo 4 de la Constitución– obliga a las autoridades a garantizar el acceso y disposición al saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, algo que no se ha logrado cumplir al 100 por ciento.
“Contamos con mil 21 escuelas públicas en la Ciudad de México, primarias y secundarias, y solamente 184 de ellas cuentan con bebederos hasta el día de hoy. No es ni el 20 por ciento”, detalla.
La funcionaria, quien desde el Congreso local impulsa iniciativas en esta materia, mencionó que la falta de acceso público al recurso generó que la sociedad se acostumbre a consumir agua embotellada; una problemática que acarrea consigo una fuerte contaminación por plásticos y que afecta los bolsillos de los mexicanos.
La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) asegura que en regiones urbanas como la Ciudad de México, se pierden importantes cantidades de líquido debido a las condiciones de los sistemas de drenaje, por lo que valdría la pena impulsar las acciones para la mejora de la infraestructura.
“Tomemos en cuenta que tenemos tuberías muy viejas en la ciudad y lamentablemente el 40 por ciento del agua que recorre el sistema se pierde en fugas. Va a ser complicado que se tapen todas las fugas que tenemos bajo el suelo, pero sí se puede rehabilitar poco a poco y todos poner nuestro granito de arena.
“El objetivo principal y mi objetivo como diputada de esta legislatura es que la gente tenga el acceso al agua que marca la Constitución”, concluye.
