En los últimos años, el secuestro aumentó en la mayoría de los estados del país.
Este ilícito se suma a la lista de otros que van en aumento. No solo es el tema de los homicidios dolosos y la violencia con la que se cometen -la mayoría atribuidos a las actividades de los grupos del crimen organizado-, México vive también bajo el asedio de la privación ilegal de la libertad, una problemática más que está pendiente de resolución por parte del Gobierno federal y gobiernos locales.
Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre de 2019 hubo mil 505 víctimas de este delito –es decir, se registró un caso cada cinco horas en promedio–; mientras que en el mismo periodo del 2015 la autoridad tuvo conocimiento de mil 185 casos, lo que equivale a un aumento del 27 por ciento de casos.
De las 32 entidades, 18 presentan un incremento en el número de personas que fueron privadas de su libertad. Otras 13 vieron una reducción y solo Yucatán mantuvo sus índices, pues entre 2015 y 2019 solo registró una víctima de secuestro en el 2016.
Los estados que presentaron más casos durante los primeros 11 meses del 2019 son Veracruz con 316 víctimas, el Estado de México con 214, la Ciudad de México con 182, Morelos con 84, Puebla con 81 y Quintana Roo con 57.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), explica que el delito de secuestro en el país no permite muchas comparativas con los índices de otros países, debido a que la incidencia de la privación ilegal de la libertad en México es muy alta.
Por sus características, el secuestro es un delito de alto impacto, ya que conlleva riesgos en la integridad física de las víctimas y porque los montos que se exigen por un rescate son proporcionalmente más altos que en el caso de los robos
El director del ONC agrega que existen varias formas de privación de la libertad. De las mil 505 víctimas reportadas de enero a noviembre del año anterior, mil 209 sufrieron secuestros de tipo extorsivo, es decir que los responsables solicitaron un pago de rescate para liberarlas.
En el resto de casos, las autoridades consideraron que 166 fueron exprés, en los que las víctimas no estuvieron retenidas durante más de 24 horas antes de ser liberadas. Otros 96 secuestros se cometieron para ocasionar un daño a la víctima y 34 fueron clasificados como retenidos en calidad de rehén.
Estados y Federación, ¿quién es responsable del secuestro?
Aunque el delito de secuestro es catalogado del fuero común, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece desde el 2016 que tanto la Federación como los gobiernos de las entidades federativas están obligados a coordinarse para erradicar este ilícito.
Adriana Dávila Fernández, diputada del PAN, asegura que por el hecho de que la privación ilegal de la libertad se considere un ilícito común, el Gobierno federal debe intervenir debido a que los alcances de los grupos del crimen organizado dedicados a esta actividad suelen practicarse en diversas entidades.
“El problema de fondo es que los grupos que están cometiendo este tipo de ilícitos no actúan en una sola zona del territorio. Esto significa que están conectados en las entidades federativas, de alguna u otra manera la delincuencia organizada, los grandes cárteles de las drogas, diversificaron sus actividades y son los que están cometiendo esta mezcla de delitos de tal manera que la participación del Gobierno federal es fundamental, eso establece la ley general antisecuestro”, menciona la legisladora, quien también se desempeña como secretaria de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro.
Para Francisco Rivas un aspecto a destacar es que la Ley General elevó el secuestro como un delito concurrente, por lo que tanto estados como la Federación no pueden deslindarse de atenderlo.
“Nadie puede decir ‘yo pateo la pelota y es de otro estado’; para que no hubiera esos problemas se estableció que fuese un delito concurrente y por lo tanto que pudiese ser atendido por todos”, dice el director del ONC.
La diputada Dávila Fernández expresa que se requieren fortalecer las capacidades en los gobiernos locales y una estrategia integral específica para el combate al secuestro. Sin embargo, afirma que con los recortes a fondos y aportaciones presupuestales del Gobierno federal para materia de seguridad, estados y municipios difícilmente podrán resolver esta problemática.
Aumentan casos, reducen presupuesto
Mientras el número de víctimas del secuestro va en aumento, los recursos para erradicar este delito disminuyen año con año.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) entre 2018 y 2020 el dinero destinado a la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) se redujo en un 25 por ciento.
En el 2018 la Conase contó con un presupuesto de 75.3 millones de pesos, para el 2019 la Administración Pública Federal lo redujo a 60.3 millones; y para este 2020 proyectó un gasto de 52.47 millones.
Los gobiernos locales también verán una reducción de recursos durante este año para labores de seguridad pública que pudieran emplearse para contener el problema del secuestro.
Fondos como el Fortaseg – destinado al fortalecimiento en seguridad pública, principalmente de municipios– contará con una bolsa de 4 mil millones de pesos; el año anterior se destinaron 4 mil 9 millones y en el 2018 fueron 5 mil millones.
En tanto, los fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) solo tendrán un incremento del 3.2 por ciento para el 2020.
