México, alta impunidad medioambiental y un peligro para sus guardianes

A pesar de que la Constitución protege el derecho a un medio ambiente sano y obliga al Estado a cuidarlo, México es de los países de Latinoamérica con los mayores índices de impunidad ambiental.

Es decir, en nuestro país se atenta en contra del medio ambiente y por ende en contra de sus ciudadanos, y no existe castigo.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad Ambiental en América Latina, elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y SIMO Consulting, el 19.8 por ciento de los conflictos medioambientales en la región ocurren en México.

El problema, señala el índice, estaría en que a pesar de que existen buenas políticas federales para proteger al medio ambiente, no se logran implementar a nivel subnacional, es decir, no hay resultados en lo local.

“Las capacidades institucionales en materia ambiental en México dependen en mayor medida de las capacidades con las que cuenta el Gobierno federal, pero que no necesariamente se traducen en el mismo nivel de capacidad subnacional.

“Este desfase puede afectar críticamente la posibilidad de implementar efectivamente políticas de protección ambiental, promover el derecho al medioambiente sano, garantizar el acceso a la justicia ambiental y proteger a las poblaciones más vulnerables, en muchos casos, poblaciones indígenas”, concluye el estudio.

El índice además revela, en la dimensión de degradación ambiental, que México junto con Brasil y Barbados ocupa los últimos lugares en dicha medición debido a que a pesar de que tiene mayores capacidades institucionales, no las pueden hacer funcionar para proteger el medio ambiente y garantizar plenamente el derecho a su disfrute.

Este aparato, también es muestra de que nuestro país tiene poca capacidad de incorporar a las poblaciones indígenas más vulnerables.

Otro de los focos rojos de México se encuentra en la dimensión de crimen ambiental. Nuestro país se encuentra en los últimos tres lugares del índice debido a los recurrentes asesinatos, acoso y agresiones contra activistas medioambientales.

“México, Colombia y Brasil reportan el mayor número de casos de asesinatos a activistas ambientales con el 71.5 por ciento de la región. México representa el 34 por ciento del total”, agrega el estudio.

Finalmente, el índice concluye que México junto con Barbados, Saint Kitts y Nevis son los países con mayor nivel de estrés hídrico en la región, es decir, la extracción de agua dulce en proporción a los recursos de agua dulce disponibles.

‘El medio ambiente no es prioridad’

De acuerdo con Azucena Cháidez directora general de SIMO, Juan Antonio LeClercq y Celeste Cedillo, profesores de la UDLAP y quienes realizaron el estudio, para las autoridades mexicanas la política ambiental no es una de sus prioridades y por eso el alto índice de impunidad.

“Desde nuestra perspectiva, para las autoridades de todos los niveles la política ambiental no es una prioridad en la definición de su agenda de gobierno y esto se refleja en la poca voluntad para crear capacidades institucionales y mejorarlas a lo largo del tiempo.

“Sin más y mejores capacidades no es posible proteger el medio ambiente, garantizar el derecho a un medio ambiente sano o proteger a las comunidades y personas ante desastres y riesgos más complejos”, comentan en entrevista.

Los especialistas además señalan que justamente estudios como su índice pueden servir de hoja de ruta para comenzar a trabajar al respecto, siempre y cuando exista voluntad política.

“Las organizaciones y los especialistas están haciendo su parte, el problema es que para las autoridades no es prioridad y no tienen interés de incorporar estudios y evaluaciones en la definición de políticas. Los ciudadanos deben comenzar a entender que la degradación ambiental es un problema de valor natural intrínseco pero que también impacta en su calidad de vida y en mayores niveles de vulnerabilidad.

“Una buena señal es el mayor compromiso e involucramiento de las nuevas generaciones. El índice busca contribuir a empezar a resolver a partir de la información específica de cada área de atención. Se convierte en una hoja de ruta para apoyar a las soluciones”, agregan.

Si no se comienza a trabajar para cuidar el medio ambiente, los especialistas advierten que nos enfrentaríamos a mayores niveles de riesgo y seríamos más vulnerables.

“Habría pérdida irreversible de ecosistemas y especies; perdidas y daños catastróficos para los cuales los recursos públicos y privados pueden resultar insuficientes; nuevos problemas y conflictos sociales, como desplazados, migrantes y afectados por falta de acceso a bienes vitales como agua y alimentos; penetración del crimen organizado en mercados de bienes y recursos naturales.

“Debemos desarrollar instituciones y políticas más efectivas para implementar con efectividad y justicia el derecho a un medio ambiente sano”, concluyen.