Mexicanos en busca de información  

En medio de un año lleno de claroscuros, los mexicanos encontraron un haz de luz en la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la cual exigieron conocer información abierta respecto al quehacer tanto de instituciones como de servidores públicos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), durante el 2021, incrementó en 10.2 por ciento el número de solicitudes, un crecimiento moderado respecto al 2020, pero que muestra un “aumento sólido en el interés de los mexicanos por la rendición de cuentas”.

Datos del INAI revelan que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año pasado, ingresaron 296 mil 891 requerimientos a instituciones públicas del ámbito federal, mientras que en el mismo periodo de 2020 se registraron 269 mil 460.

Del total de solicitudes presentadas durante el año que recién finalizó, 247 mil 330 son de acceso a la información pública y 49 mil 561 de protección de datos personales.

El órgano constitucional autónomo también dio a conocer que las 10 instituciones que concentran el mayor número de peticiones son la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con 53 mil 430, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 34 mil 97, la Secretaría de Salud (SSA) con 13 mil 694, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con 13 mil 589 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 7 mil 103.

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Les siguen el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con 6 mil 669, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con 3 mil 989, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con 3 mil 892, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con 3 mil 728 y la Secretaría de Educación Pública (SEP) con 3 mil 691.

Lo que más se solicitó, según información abierta del INAI fueron: documentos oficiales específicos, datos sobre compras públicas, licitaciones y adquisiciones, programas de salud y compras de medicamentos, estructura orgánica, directorio, remuneraciones del personal y servicio civil de carrera, expedientes judiciales, sentencias y amparos, apoyos gubernamentales y programas sociales, entre otros.

Perfil y región de los solicitantes

Las estadísticas del INAI revelan también que del total de peticiones del año pasado, 31 mil 333 fueron presentadas por mujeres, 42 mil 191 por hombres y 223 mil 367 por personas que no reportaron su sexo.

“Según datos sobre el perfil de las y los solicitantes, menores de 18 años ingresaron un total de 14 mil 512 requerimientos; personas de 18 a 39 años, 40 mil 445; de 40 a 59 años, 24 mil 779, y de más de 60 años, 8 mil 494; el resto, es decir, 208 mil 661, fueron ingresadas por personas que no especificaron su edad”, indica el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Finalmente, el sector que mayor número de solicitudes de información realizó fue el académico con 11 mil 695, le siguió el ámbito empresarial con 9 mil 439; los medios de comunicación con 4 mil 644 y el sector gubernamental con 4 mil 524.

Según el nivel educativo reportado por las y los solicitantes, las personas con licenciatura fueron quienes presentaron más requerimientos con 20 mil 641; le siguen aquellas que cuentan con un posgrado con 11 mil 894, mientras que los que tienen el bachillerato acumularon 9 mil 535.

Las entidades federativas desde las cuales ingresaron la mayor cantidad de solicitudes fueron la Ciudad de México con 47 mil 607, el Estado de México con 9 mil 169, Jalisco con 3 mil 596, Puebla con 2 mil 840 y Nuevo León con 2 mil 212.

Sistema Institucional de Archivos a medias

A pesar del incremento en el interés de los mexicanos en la rendición de cuentas, las instituciones que están obligadas por la ley a dar a conocer su información no han implementado las medidas necesarias para contar con un sistema de transparencia efectivo.

El ejemplo más claro de esta situación es la carente implementación de la Política Nacional de Archivos y gestión documental, la cual permitiría documentar la labor de los funcionarios públicos y colocar dichos documentos ordenados en los archivos, cuya correcta sistematización propicia y facilita el derecho de acceso a la información pública.

Al día de hoy, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobiernos Estatales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete de cada 10 instituciones públicas del país no han instaurado su sistema institucional de archivos pese a que el plazo para hacerlo venció el 15 de diciembre de 2019.

“Estamos trabajando en la implementación de la política nacional, pero el esquema es que justamente es eso, que sea nacional no federal, y eso es lo que se está buscando en archivos y gestión documental; habrá una política nacional que se enlazará con los estados y tenemos que hacer lo propio con los más de dos mil 450 municipios del país”, dijo la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara.