¿Es la reforma penal un componente de consolidación democrática o un mero trámite burocrático para el gobierno peñanietista?
La Secretaría de Gobernación (Segob) ha anunciado que se agilizará la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
Para materializar la reforma penal en México, se dará capacitación y dotará de la infraestructura necesaria a las instituciones de seguridad pública encargadas de instrumentar el sistema procesal penal de corte acusatorio.
El convenio de colaboración suscrito entre la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) supone una colaboración interinstitucional para gestar una mejor comunicación y un diálogo más persistente entre las instituciones del gabinete de seguridad.
Sin embargo, algunos expertos indican que se requiere una metodología participativa para que sectores amplios y plurales de la sociedad formen parte de la discusión de las normas que darán forma al nuevo sistema.
Hay dudas respecto a si el nuevo sistema penal acusatorio tendrá un espíritu garantista o si el nuevo Código Penal Único será “una especie de letra chiquita a la reforma penal de 2008, que va a descarrilar en la práctica los esfuerzos por reformar a fondo el sistema de justicia al cual le urge ser mucho más equitativo, transparente y eficiente en su funcionamiento”.
Así opina Silvano Cantú, especialista en derechos humanos, quien reconoce lo significativo del nuevo convenio pero al mismo tiempo observa que no hay pautas claras sobre cómo se incorporará la participación, opinión y expectativas de las víctimas, de los académicos y expertos cuyas aportaciones no deben solo quedarse en talleres y foros sobre el tema.
Hasta ahora tampoco se ve formando parte del convenio al Poder Judicial, a la PGR en concreto, sino únicamente a dos unidades administrativas dependientes de la Segob que anuncian su acuerdo para la implementación de la reforma penal.
La contrapropuesta de la sociedad civil versa sobre profundizar en la aceleración de la implementación abriendo espacios de participación efectivos que impacten en la redacción de un código único, por ejemplo, e implementado mecanismos permanentes de representación de los sectores más sensibles al funcionamiento del sistema de justicia: las víctimas y los defensores públicos, entre otros.
El objetivo es que “se vea reflejado un sistema de justicia que ha sido deliberado y apropiado por todos los sectores”, indica Cantú.
¿Instrumento de política de seguridad?
El reciente convenio forma parte de un esquema de consolidación de las instituciones de seguridad que en la actualidad están replanteando su estrategia, dando golpes importantes a la delincuencia. Es claro requieren de nuevos mecanismos o nuevas defensas jurídicas, técnica, de investigación y de persecución de los delitos, considera el maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flacso.
Por ello dice es muy importante “no se vea a la reforma penal solo como un instrumento de la política de seguridad”. Ese ha sido un llamado persisten de las organizaciones y los defensores de los derechos humanos desde el sexenio pasado.
“Si a la reforma penal se le sigue viendo como un espacio de oportunidad para facilitar el trabajo a la policía, se está perdiendo de vista que es mucho más profunda e implica la creación de un mecanismo efectivo de protección del debido proceso y los derechos humanos de todas las personas que están involucradas en un proceso penal”, precisa.
Es probable que esta dimensión de protección no la contemple dicho convenio pero el experto afirma que quedará a la vista si esta aceleración de la reforma resulta “una herramienta policiaca y un mero trámite burocrático” o si, por el contrario, se sientan las bases para gestar un proceso amplio, plural de discusión con los sectores que terminarán validando el sistema de justicia y los procedimientos judiciales que contemplan la reforma penal como parte de la consolidación democrática de nuestro país.
“Si se queda solo en un convenio, la reforma penal no será vista como un componente esencial de la consolidación democrática del país sino como una mera herramienta de empoderamiento policiaco o de legitimación de coyuntura”, observa Cantú.
La nueva coordinación Setec-SESNSP supone:
• Colaborar en reuniones y mesas de concertación con los estados para que inviertan recursos federales conforme al NSJP.
• Dar informes sobre metas programadas.
• Verificar los avances físico-financieros, cierres documentales de metas, homologación de equipamiento, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para los ejercicios fiscales subsecuentes, con la finalidad de fortalecer los procesos de planeación y concertación.
• Lograr avances y resultados del Programa con Prioridad Nacional NSJP para los estados.
