El incremento poblacional en zonas urbanas y la demanda de vivienda han provocado un crecimiento inmobiliario desmedido y, en consecuencia, problemas de habitabilidad, precariedad de los espacios, segregación por zonas de construcción, así como daños al medio ambiente.
Frente a la problemática, la diputada local por el PRD, Mónica Almeida López, presentó ante el pleno del Legislativo una iniciativa de decreto para crear la Ley de Desarrollo Regional en el estado y sus municipios.
Proyectos como El Dean, El Nixticuil, Arboledas del Sur, San Rafael y Huentitán evidencian que el desarrollo inmobiliario puede agotar los espacios verdes de la zona.
La proliferación de fraccionamientos en Tlajomulco y la construcción de desarrollos verticales ilegales en Guadalajara y Zapopan son algunos casos de la expansión de vivienda que amenaza la calidad de vida de los habitantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Por ello, la iniciativa se funda en el respeto a los derechos humanos como al acceso al agua, a la alimentación de calidad, al medio ambiente sano, a un suelo accesible y sustentable, a la energía, la movilidad y la vivienda adecuada y sustentable.
El título segundo de la propuesta de ley, dedicado a los derechos humanos y el desarrollo comunitario, contempla como primer capítulo el derecho a la vivienda, que abarcaría cuatro artículos.
“Desde el punto de vista primigenio, la vivienda es una necesidad básica que provee de seguridad, tranquilidad y estabilidad al individuo. También es uno de los componentes clave para el combate a la pobreza y la estabilidad social”, versa el documento.
El texto legislativo enfatiza en la importancia de la vivienda segura para quienes habitan en ella, libre de zonas contaminadas o peligrosas. La ubicación también repercute en la cercanía a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales.
Compromisos del gobierno
Las acciones propuestas para dar certeza a la vivienda digna consisten en que este órgano brinde protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y demolición arbitrarias del hogar, al tiempo que garantice el derecho de elegir residencia y la libertad de circulación.
“La Agencia Regional del Estado deberá lograr la coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, para ejecutar e implementar programas y proyectos tendientes a otorgar a los jaliscienses el derecho a una vivienda adecuada y digna”, señala el artículo 12 de la iniciativa.
Los organismos competentes se encargarán de la restitución de la vivienda, velar por la tierra y el patrimonio; otorgarán el acceso no discriminatorio y en igualdad de condiciones a una vivienda adecuada, así como la promoción de esquemas de créditos verdes para contribuir a un desarrollo de vivienda sustentable, especialmente en zonas marginadas.
Las diferentes autoridades del gobierno local tendrán que hacer un mecanismo de consulta con el organismo de regularización regional para evitar los conflictos que ahora atraviesa, principalmente, la metrópoli tapatía.
“Tanto el gobierno del estado como los ayuntamientos, previo a la realización de cualquier desarrollo inmobiliario, cambio de uso de suelo, y aprobación de proyectos de impacto ambiental, deberán contar con la opinión técnica de la sub agencia regional, en donde se indique la viabilidad medioambiental, económica, social y jurídica que así lo permita, garantizando, de esta manera, una vivienda digna”, señala el artículo 13.
La propuesta de ley contempla que los ayuntamientos sean conscientes de algunas características condicionantes de los proyectos de vivienda que podrían ser revisados por la sub agencia regional de vivienda, en donde se pide que se respete la seguridad de la tenencia, es decir, un andamiaje normativo que dé certeza jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y las amenazas.
De aprobarse, la iniciativa obligaría a los ayuntamientos a presentar propuestas de vivienda con disponibilidad de servicios como agua potable continua, instalaciones sanitarias adecuadas y energía eléctrica.
La iniciativa está en revisión en la Comisión de Desarrollo Regional y de Puntos Constitucionales para su estudio legislativo, aunque ya ha causado algunas expectativas sobre la posibilidad de regular integralmente la vivienda que se construya en los próximos años en Jalisco.
