Menores de edad, en las garras de la delincuencia y sin protección legal del Estado
La Fiscalía de Jalisco ha procedido contra 150 menores de edad por vincularse, entre otros delitos, con homicidios dolosos, desaparición de personas y narcomenudeo
Luis HerreraDurante la actual administración, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha reportado la detención de 150 menores de edad por la comisión de delitos que suelen estar vinculados con las actividades de grupos criminales y de narcomenudistas.
De acuerdo con los registros proporcionados por el organismo judicial vía transparencia, en el mandato de Enrique Alfaro Ramírez como gobernador, que inició en diciembre de 2018, han sido detenidos cuatro menores de edad por homicidio doloso, y nueve por el ilícito de desaparición de personas.
La información del expediente LTAIPJ/FE/2625/2022 indica que la autoridad también procedió con la captura de tres menores de edad por el delito de secuestro; de otros dos por privación Ilegal de la libertad; y de 132 por el delito de narcomenudeo.
En su “Balance Anual 2021”, la organización Red por los derechos de la infancia en México (Redim) advierte sobre la enorme cantidad de menores de edad en el país que se encuentran en riesgo de verse involucrados en las actividades ilegales de los grupos criminales con presencia en el territorio nacional.
⭕️ El Balance Anual 2021 de la #REDIM sostiene que la grave crisis de violencia armada en el país no es un hecho aislado o temporal. El país vive una guerra desde hace 15 años que se despliega por territorios, colonias hogares que afectan a la niñezhttps://t.co/Z44NRzcvoK
— Derechos Infancia (@derechoinfancia) June 25, 2022
“Este año fue de especial preocupación para Redim el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para ser explotados y usados por la delincuencia y el crimen organizado.
“En México, la población entre cero y 17 años en riesgo de reclutamiento o utilización por parte de grupos delictivos ascendía a entre 145 mil y 250 mil; esto correspondía a entre 3.8 y 6.5 personas de cero a 17 años por cada mil”, detalla el informe.
La organización precisa que las niñas, niños y adolescentes reclutados son prioritariamente víctimas, por lo que reconocer este carácter resulta fundamental ya que, aunque no excluye de la responsabilidad penal o de otras formas de rendición de cuentas, sí ayuda a comprender mejor las dinámicas de enganche desde la amenaza, la extorsión, la explotación, la trata o desaparición.
Lo anterior, además ayuda a promover una lógica de restitución de derechos en la desvinculación, la recuperación física, psicológica y en la reinserción de los menores de edad.
Los tres casos más extremos que pueden identificarse en los registros de la Fiscalía de Jalisco, por su corta edad, son los de dos menores que fueron detenidos con apenas 13 años de edad, y el de un tercer menor con solo 14 años cumplidos al momento de ser capturado; todos por el delito de narcomenudeo.
Menores de edad y su relación con el crimen
El 1 de julio de 2022, la Fiscalía Estatal informó que fue desarticulada una célula delictiva en el municipio de El Salto.
Se informó que los integrantes de la organización presuntamente asesinaron previamente a cuatro policías municipales, y estarían involucrados en la desaparición de personas.
“Por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, daño a las cosas, desaparición cometida por particulares y portación de arma de fuego, los cuatro adultos y el adolescente detenidos tras el ataque a policías de El Salto, fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar”, precisó la autoridad.
A los cuatro adultos, identificados como Ulises Manuel M., Alan Eduardo H., Marcelo R., y Juan Manuel G., se les dictó prisión preventiva oficiosa por dos años, mientras que del menor de edad no se proporcionó ninguna información.
Esta célula delictiva fue capturada el 22 de junio en la colonia Los Minerales, en el municipio de El Salto.
“Los uniformados acudieron a atender un reporte de personas armadas en el lugar antes mencionado, mismos que tenían privadas de su libertad a dos personas que habían sido introducidas por la fuerza a una finca.
“Al llegar, los policías fueron recibidos a balazos por parte de los sujetos y en el lugar quedaron sin vida cuatro oficiales”, narró la Fiscalía sobre los supuestos asesinatos cometidos por el grupo delincuencial.
Con la llegada de refuerzos, en el lugar se logró la detención de los adultos referidos, así como la liberación de las personas secuestradas.
Aunque hubo un sexto detenido por esos hechos delictivos, en aquel momento su audiencia no se llevó a cabo, debido a que su estado de salud no se lo permitió.
Soldados adolescentes
El 16 de julio del 2022, la Fiscalía de Jalisco informó de otro asesinato que habría sido cometido por un menor de edad en el año 2019; en esta ocasión, en el municipio de Tlaquepaque, dentro del Área Metropolitana de Guadalajara.
La dependencia comunicó aquel día: “Como resultado de la imputación que realizó la Fiscalía del Estado a un adolescente que se encuentra señalado en un homicidio ocurrido el 1 de diciembre de 2019, se logró que el órgano de control lo vinculara a proceso”.
El asesinato ocurrió sobre la calle Paseo de La Primavera, en su cruce con Uranio, en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Tlaquepaque cuando la víctima estaba con su novia y varios amigos sentados en la banqueta.
“Más tarde llegó el adolescente a bordo de una camioneta y sacó un arma de fuego con la que le disparó en varias ocasiones al otro joven quien perdió la vida minutos después, mientras que el agresor huyó”, dijo el organismo.
En el “Balance Anual 2021”, la Redim exige que se legisle sobre el reclutamiento de menores para efectuar actividades delictivas.
“Demandamos al Estado mexicano reconocer y tipificar el delito el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en México, como una de las formas más graves de violencia que se puedan cometer contra las infancias y adolescencias en el país, al afectar de manera directa sus derechos humanos, que se puede y debe prevenir, mediante el compromiso de las autoridades para aplicar mecanismos específicos de política pública y legislación”, indica el organismo.
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