La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó que el próximo 5 de diciembre sea la fecha límite para que todo el personal civil en las aduanas del país sea sustituido por efectivos militares.
Esto implica que deberán ser reemplazados por militares desde verificadores hasta cobradores de impuestos y personal del área jurídica de las aduanas.
Esta estrategia para que las Fuerzas Armadas tomen el control de lo que actualmente realiza la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se debe a que varios oficiales de comercio de aduanas son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) luego de ser denunciados por la Secretaría de Hacienda por presuntos hechos de corrupción, lavado de dinero proveniente del contrabando, tráfico de armas, huachicol y narcotráfico.
De acuerdo con el especialista en seguridad y derecho y catedrático del Tecnológico de Monterrey, Juan Carlos Piña, la falta de normatividad y controles en las fronteras del país genera opacidad, lo que implica un riesgo potencial de que incremente el lavado de activos y el contrabando en las zonas francas.
“Se debería de establecer un esquema de transparencia, ampliar el esquema normativo y tener una estrategia para tener control de lo que se está comercializando. (…) Donde se ubican estas zonas francas también coincide con el mapa de criminalidad en el país, tanto en el norte como en el sur, y son lugares atractivos para generar las prácticas de lavado de dinero a través de la importación de productos legítimos como textiles y tecnología.
“Con el propósito de blanquear activos se vuelven las zonas francas un atractivo para estos grupos. Un tema de operatividad podría ayudar a combatir este fenómeno. El lavado de dinero se realiza a través del contrabando de mercancías que se pueden vender de manera masiva. Las redes juegan con estas libertades que tienen las zonas en cuestión de impuestos y costos a través del fenómeno del reetiquetado”, finaliza.
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