Medina pierde amparo

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de Nuevo León negó la suspensión definitiva de amparo al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, quien había promovido este recurso para evitar su detención o alguna otra medida.

 

Carlos Salazar Carlos Salazar Publicado el
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El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de Nuevo León negó la suspensión definitiva de amparo al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, quien había promovido este recurso para evitar su detención o alguna otra medida.

 

De esta manera, el Juez de Control a petición de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, pudiera emitir medidas cautelares en contra del exmandatario, las cuales irían desde la firma periódica en juzgado, el retiro del pasaporte para evitar su salida del país, e incluso, la prisión preventiva.

 

La razón que esgrimió el juez para negar el amparo fue porque la audiencia de imputación ya ocurrió el pasado 9 de agosto y no se concretó la detención contra el exmandatario, y la resolución emitida por el Consejo de la Judicatura Federal será notificada el día de hoy a las partes.

 

En la comparecencia del pasado 9 de agosto, fueron negadas las medidas cautelares debido a que el exfuncionario contaba con el amparo provisional 453/2016 que le fue concedido el 5 de agosto por el juez federal Eduardo Javier Sáenz Hernández.

 

En esa ocasión, el fiscal Gregorio Vázquez solicitó al juez se le retirara el pasaporte al exgobernador para evitar su salida del país, así como su presencia en el juzgado de manera periódica para su firma.

 

Sin embargo, con el amparo provisional bajo su brazo, Medina pudo evitar estas medidas, ya que el juez Jaime Garza rechazó la aplicación de las mismas, porque habría sido incurrir en una violación a la suspensión provisional.

 

Medina enfrenta un proceso por el caso Kia Motors, y en la audiencia del martes pasado fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones, por las irregularidades en el otorgamiento de estímulos y compra de terrenos en Pesquería para la empresa coreana, y por lo que podría alcanzar de 2 a 12 años de prisión.

 

Además de este cargo por el que ya fue vinculado a proceso, la Fiscalía Anticorrupción del Estado ha anunciado que el exmandatario será investigado por cuatro casos más de corrupción, además del ya conocido de la armadora coreana.

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