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Nuevo León se enfila a la quiebra financiera, pero la administración del gobernador Rodrigo Medina despilfarra millones en recursos públicos a diestra y siniestra.
El derroche es la política que impera en el actual gobierno para su gasto corriente, lo que complica la de ya por sí situación de crisis y presión que existe en las finanzas estatales.
Este gasto adicional y desmedido en el que incurre la administración estatal se produce pese a que existe un supuesto programa de ahorro y de austeridad, que implementó el ex tesorero estatal Othón Ruiz Montemayor, ex candidato del PRI a la alcaldía de San Pedro.
Reporte Indigo tiene en su poder más de 100 solicitudes de ampliaciones de partidas presupuestales presentadas por diferentes funcionarios de Gobierno y autorizadas en su mayoría por la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado.
Estas peticiones por recursos extraordinarios corresponden exclusivamente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado y son por un monto de 300 millones de pesos.
Estos recursos son adicionales y no formaron parte de las partidas presupuestales autorizadas en el Presupuesto de Egresos 2011, aprobado por el Congreso del Estado.
Estas erogaciones reflejan el descontrol y la irresponsabilidad que imperan en el gasto estatal y que a su vez han convertido a Nuevo León en una de las entidades más endeudadas de México y a punto del colapso financiero.
Está claro que para el gobernador Rodrigo Medina el presupuesto estatal aprobado por los diputados locales es letra muerta.
Pero lo que sí le importa a Medina es la imagen y la promoción.
La mayoría de las solicitudes de ampliaciones presupuestales se tramitaron para aumentar la partida que el Estado utiliza para contratar spots televisivos y menciones en los medios de comunicación.
En sólo un mes la Coordinación General de Comunicación Social del Estado, que depende de la Secretaría General de Gobierno, presentó 14 solicitudes para ampliar el presupuesto hasta por 128 millones de pesos.
Esta cantidad representa un 62 por ciento de los 200 millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó para el gasto en comunicación e imagen en todo el año 2011.
Estas solicitudes de recursos extras fueron firmadas por Enrique Laviada, ex titular de la Coordinación de Comunicación Social, cargo que ocupa desde hace tres semanas Jorge Domene.
La mayoría de las ampliaciones presupuestales es dirigida por los funcionarios estatales a Francisco Valenzuela Castellanos, subsecretario de Egresos del Estado, quien es el que aprueba los recursos extraordinarios.
Valenzuela tiene nivel de subsecretario, sin embargo es el funcionario de mayor poder en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado por su cercanía con el gobernador Rodrigo Medina.
La Oficina de Seguridad Gubernamental y Logística, responsable de la seguridad del gobernador del Estado, es otra de las dependencias que dilapidan más recursos por encima de su techo presupuestal asignado originalmente.
Entre la documentación que posee este periódico sobresale una docena de requerimientos presentados en un lapso de un mes por esta oficina para ampliar su presupuesto hasta por 10 millones de pesos.
Estos recursos, se especifica en los documentos, son requeridos para cubrir los costos de pasajes aéreos, alimentación, viáticos y la renta de unidades de transporte blindadas.
En un periodo de dos semanas la Oficina de Seguridad Gubernamental y Logística presentó dos solicitudes para pedir una ampliación por 3 millones 400 mil pesos de la partida de servicios de capacitación.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado es otra de las dependencias de Rodrigo Medina que gastan más de los recursos asignados inicialmente.
Reporte Indigo tiene 15 solicitudes de esta Secretaría firmadas entre octubre y noviembre del año pasado para ampliar sus partidas presupuestales hasta por 58 millones de pesos.
Las excusas son diversas: nuevas plazas, contratación del servicio de alimentación, recursos para la operación diaria de los operativos, mantenimiento de unidades.
Las solicitudes son firmadas por Rodrigo Montalvo, director general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien es además compadre de Rodrigo Medina.
Uno de los escritos es por el orden de 3 millones 360 mil pesos extraordinarios para cubrir un estímulo de 10 mil pesos a los cadetes de la Academia de Policía que se supone tendría que estar contemplado en el presupuesto original.
Hay peticiones por parte de Protección Civil del Estado, que depende de Jorge Camacho, donde solicita 4 millones de pesos para la compra de la turbosina que necesitan los helicópteros contratados por el Estado.
La misma Tesorería del Estado no respeta el presupuesto anual que ella misma elabora para el año para la administración estatal y se la pasa autosolicitándose en el año incrementos.
Este periódico tiene tres solicitudes de ampliación presupuestal hasta por 17 millones de pesos firmadas por Ricardo Garza Villarreal, Subsecretario de Ingresos.
Estos recursos, explica el funcionario en sus peticiones, son para el pago de servicios de recuperación de cartera de créditos fiscales para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011.
El derroche también se practica en el área de recursos humanos del Estado, a cargo de Marco Antonio Arangua Morales.
La dirección a su cargo presentó a la Tesorería del Estado solicitudes para ampliar su presupuesto hasta por 18 millones de pesos para poder cubrir incrementos de sueldos de funcionarios, crear nuevas plazas y entregar finiquitos a funcionarios estatales.
Esto pese a que el plan de austeridad y de ahorro vigente en el Estado suspendía temporalmente los incrementos salariales y la creación de nuevas plazas en el gobierno.
Por ejemplo, el 3 de noviembre Arangua solicitó ampliar por 13 millones 800 mil pesos la partida de indemnizaciones para el pago de finiquitos a los servidores públicos del Estado, que supuestamente no estaban contemplados en el presupuesto original.
La Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Juana Aurora Cavazos, es otra de las dependencias que de acuerdo con los documentos en poder de Reporte Indigo no se ajusta al presupuesto autorizado en el año.
Entre octubre y noviembre de 2011 hay registros que esta dependencia presentó al menos 10 solicitudes para incrementar su presupuesto para el gasto corriente por 20 millones de pesos.
Estos requerimientos a la Tesorería, firmados por Tito García Herbert, se piden 20 millones de pesos extras al presupuesto autorizado para el año pasado para esta dependencia.
Según los documentos, las solicitudes son para el pago por arrendamiento de equipo y la compra de “diversos artículos” y materiales entregados en los talleres y brigadas.
Hay una solicitud por 363 mil pesos y otra para 60 mil pesos para apoyos destinados supuestamente a familiares de las víctimas del casino Royale.
El dispendio en el manejo de los recursos públicos también lo practican dependencias como la Representación del Gobierno de Nuevo León en el Distrito Federal.
El pasado 25 de noviembre su titular Adrián del Mazo solicitó a la Tesorería del Estado una partida extra de un millón 567 mil pesos para enfrentar el sobregiro de su nómina.
El DIF estatal, presidido por Gretta Salinas, esposa del gobernador Rodrigo Medina, solicitó el 12 de septiembre pasado una ampliación por 17 millones 677 mil pesos para financiar el proyecto Unidos por el Bienestar Familiar.
Las ampliaciones de presupuesto son recurrentes también en la dirección de Patrimonio del Estado, dependencia que el pasado 19 de septiembre solicitó 4 millones 200 mil pesos adicionales para el pago de las pólizas de seguro de los vehículos de la Procuraduría y de Seguridad Pública del Estado.
En dos meses diversas dependencias estatales presentaron a la Tesorería del Estado 26 solicitudes de ampliación de recursos para conseguir 20 millones de pesos adicionales y gastarlos en eventos oficiales, actividades culturales y de promoción turística.
