Una parte de las pruebas que hasta ahora ha aportado Emilio Lozoya ya estaban desde hace más de dos años en manos de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) desde septiembre de 2018, según consta en un expediente obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Lozoya solicitó convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía, por lo que se comprometió a entregar pruebas que demostraban la complicidad de otras autoridades en la trama de corrupción de Odebrecht.
El pasado 11 de agosto, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, presentó una denuncia de hechos, en la que señala que dinero procedente de Odebrecht fue para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Lo que no contó –y que la Fiscalía ya sabe– es que para ocultar los pagos ilícitos provenientes de Odebrecht, el propio Lozoya acordó con los asesores políticos de la campaña presidencial la simulación de proyectos de extracción de oro.
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De acuerdo con la investigación, la FGR ya tenía conocimiento de que Lozoya simuló proyectos de extracción de oro, mineral de hierro y la explotación de yacimientos de carbón en Bolivia, Colombia y Argentina, para ocultar los presuntos sobornos.
En los documentos obtenidos por MCCI hay cartas firmadas por al menos seis asesores de la campaña de EPN en las que refieren que los pagos serán por servicios para proyectos mineros en Sudamérica, y no por consultoría política.
Los documentos de las transacciones a favor de los asesores de la campaña de Peña fueron solicitados a las autoridades de Suiza desde septiembre de 2017, cuando el titular de la PGR era Raúl Cervantes, quien había fungido como abogado de Peña Nieto en la defensa de la elección de 2012.
Uno de los documentos, que ampara el pago de hasta un millón de dólares, fue emitido el 1 de junio de 2012 por el asesor Mauricio Sánchez, y está dirigido a la empresa de Lozoya que recibía los sobornos de Odebrecht y que transfería los pagos a los asesores electorales.
