En plena crisis hídrica en Nuevo León, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), a cargo de Eduardo Gaona, prefiere a la industria y no a la ciudadanía. Este grupo legislativo propone que las empresas se conecten a la red de agua potable doméstica de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que dirige Juan Ignacio Barragán.
Una iniciativa de reforma a la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León abre la puerta a que las empresas, a pesar de que ya cuentan con concesiones de agua en el subsuelo por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), puedan utilizar las líneas públicas de este órgano operador.
La bancada de MC propone modificar el artículo 21 bis 2. La reforma establece que cuando las empresas requieran agua potable, la podrán obtener.
“Las industrias que requieran de consumo de agua podrán abastecerse de las líneas públicas con autorización del organismo operador, realizando por su cuenta las conexiones, instalaciones y ampliaciones que sean indispensables, con independencia de los derechos que deban cubrir”, dice el artículo 21 bis 2 del anteproyecto, en poder de Reporte Índigo.
Este artículo está en la iniciativa con expediente legislativo 15082/LXXVI de la bancada de MC. La reforma a la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León está en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, que dirige Mauro Guerra.
Y aunque se pueden hacer modificaciones al anteproyecto, esto no quita la intención de beneficiar a los empresarios a costa de la ciudadanía. El documento, en su artículo 21 bis 1, establece además que el uso de los servicios de agua y saneamiento es obligatorio para todos los propietarios o poseedores de inmuebles y, por lo tanto, quedan obligados a efectuar las conexiones correspondientes.
En la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), la industria utiliza 19 por ciento del total del agua concesionada a través de la explotación de pozos subterráneos en la metrópoli. En la entidad, Heineken México, principal productor de cerveza en Nuevo León y propietario de Cervecería Cuauhtémoc, así como Grupo Modelo, tienen disponibilidad de 6 millones 984 mil 770 metros cúbicos anuales.
Todos los millones de metros cúbicos concesionados representan 13 mil 474 litros por segundo de agua que se utilizan para producir cerveza, cantidad que favorecería a la ciudadanía durante la crisis hídrica. Hay que considerar que la ZMM necesita 16 mil litros por segundo para consumo humano.
Asimismo, esta reforma se contrapone a la visión que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, a través de un decreto presidencial, privilegia el uso del agua para consumo humano, más no para la industria.
“Los volúmenes de agua que sean objeto de las medidas establecidas en este decreto se entregarán directamente, desde el punto de extracción en la infraestructura del concesionario a la red de distribución, en coordinación con el organismo operador del estado, en tanto subsista la emergencia para lo cual se deben realizar las acciones y medidas técnicas necesarias”, dice el decreto.
Sanción a juicio de Agua y Drenaje
El anteproyecto de reforma a la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León propone sanciones para los usuarios de la red de agua potable.
Este documento de la bancada de MC, a cargo de Eduardo Gaona, establece que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey impondrá multas de 375 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
“Desperdiciar el agua potable, incumplir los requisitos de uso eficiente del agua potable o las disposiciones que emita la autoridad competente. Cuando el desperdicio se realice durante el tiempo que esté vigente alguna declaratoria de emergencia por sequía, emitida por la autoridad competente, el monto de la sanción que se aplicará será el doble de la establecida en esta ley”, dice el artículo 57 de este anteproyecto.
El artículo 58 de este documento menciona que las infracciones a que se refiere el 57 serán sancionados administrativamente a juicio del organismo operador respectivo, es decir, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Sin embargo, no establece alguna otra instancia para determinar si existe infracción o no.
Incluso, la reforma no pone como una obligación emprender campañas de concientización de uso responsable del agua. Mucho menos habla de políticas públicas para una distribución equitativa del líquido en tiempos de desabasto.
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