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La FGR derribó una de las hipótesis de su homóloga en Sinaloa del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. Foto: Especial

Expediente ‘Mayo’: El gobierno de Rubén Rocha Moya permanece bajo sospechas

La exigencia de renuncia del mandatario sinaloense responde a una carta difundida por la defensa del líder del llamado ‘Cártel de Sinaloa’ en la que lo involucra en una supuesta reunión con el líder criminal

Los nubarrones alrededor del gobierno que encabeza el mandatario Rubén Rocha Moya en Sinaloa continúan acumulándose entre señalamientos de presunta colusión con grupos del narcotráfico y el supuesto montaje de una indagatoria local que, en realidad, distorsionaba las circunstancias en las que fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, adversario político del mandatario.

Por si fuera poco, en los últimos días se ha confirmado que, al menos uno de los pistoleros que protegían al capo Ismael “El Mayo” Zambada, pertenecía a las instituciones locales de seguridad, y que el día en que fue capturado el gobernador viajó hacia Estados Unidos en un avión privado prestado por un empresario.

Aunque Rocha Moya ha negado la versión que indica que sostendría un encuentro con “El Mayo” Zambada el 25 de julio para resolver su disputa con Cuén Ojeda, como lo afirmó públicamente ese líder criminal, las voces que exigen la renuncia del gobernador de Sinaloa cobran cada vez mayor fuerza.

El legislador de la Ciudad de México, Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional (PAN), por ejemplo, emitió este pronunciamiento el 16 de agosto pasado:

“Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desmintió todas las farsas de la Fiscalía de Sinaloa, ha presentado su renuncia Sara Bruna Quiñones, quien era la fiscal; la que por instrucciones del gobernador, Rubén Rocha, construyó todas estas mentiras y cortinas de humo sobre la verdad detrás de la muerte de Melesio Cuén.

“No basta con que se haya salido de la fiscalía, también tiene que salirse de la gubernatura Rubén Rocha, porque él es el que está saboteando, contaminando y entorpeciendo las investigaciones con sus mentiras para ocultar lo que se le imputa de componendas respecto de la reunión y de la muerte de Melesio Cuén“, detalló.

En este sentido, agregó “deje de mentir gobernador Rubén Rocha, sepárese por dignidad de la gubernatura, deje de tapar sus corruptelas y sus componendas y ahora hay que ir legalmente en contra de él y en contra de la fiscal; el que haya renunciado no la exime de los delitos que ella cometió de obstrucción de impartición de justicia“.

Unos días después de ese mensaje, el 20 de agosto, el Grupo Parlamentario del PAN en la Ciudad de México denunció penalmente tanto al gobernador, Rocha Moya, como a la extitular de la Fiscalía estatal de Sinaloa por las irregularidades que han sido detectadas en la indagatoria local sobre el asesinato de Cuén Ojeda.

El informe de la FGR que le dio al traste a su homóloga de Sinaloa

Las anomalías en la investigación de la fiscalía sinaloense sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fuera un adversario político del gobernador, comenzaron a ser exhibidas por la Fiscalía General de la República (FGR) el 15 de agosto pasado cuando emitió un comunicado que hacía los siguientes señalamientos:

“Por lo que toca al homicidio de Héctor ‘N’, la FGR obtuvo copia autenticada de la carpeta de investigación local de Sinaloa; y, al respecto, los peritos y analistas de la AIC-FGR han reportado lo siguiente: Que en la necropsia no se establecen de forma correcta, los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo”.

La fiscalía de Sinaloa sostenía que Cuén Ojeda habría sido asesinado durante un intento de robo de vehículo, en una gasolinera, por lo que exhibió un video que supuestamente mostraba ese hecho; no obstante, esa versión comenzó a caerse a pedazos con los hallazgos de la FGR.

“Que el cuerpo recibió cuatro disparos en las piernas. Que el video de la gasolinera tiene sonido y sólo se escucha un disparo. Que los tres empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos. Que no se identifica con precisión la fisionomía de los ocupantes de la camioneta. Que no hay mecánica de hechos del evento. Que no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo. Que, habiendo manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes, ni determinaciones al respecto”, dice el documento.

Finalmente, la FGR expondría otra anomalía grave: la incineración del cadáver del rival del gobernador: “Que tampoco se cumplieron, por parte de todas las autoridades involucradas las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios”.

La coincidencia entre la versión de la FGR y la de “El Mayo”

Sólo dos días después de ese comunicado, el Congreso local de Sinaloa sería notificado de la renuncia presentada por la ahora extitular de la Fiscalía estatal, Sara Bruna Quiñónez Estrada, misma que fue aprobada por los legisladores el mismo 17 de agosto.

“La naturaleza que reviste a instituciones como ésta, impele para que por superiores razones de utilidad social, su dirigencia de más jerarquía sea renovada y con ello se afirmen opciones de nuevas ideas y acciones que respondan y satisfagan con plena congruencia los superiores intereses de la sociedad sinaloense”, dice el escrito.

En la carta en la que “El Mayo” Zambada narra cómo habría sido secuestrado por Joaquín Guzmán López para luego ser transportado hasta los Estados Unidos, el capo hace esta aseveración:

“Sé que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron”.

Este 21 de agosto, la FGR emitió un nuevo comunicado que confirmaría la versión de “El Mayo”.

“Asimismo, la propia Fiscalía localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte a Héctor ‘N’”.

“La institución federal ha logrado establecer, con precisión, que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable, ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, en la forma en que fue planteada”, explica el escrito.

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