Siete millones de víctimas después, el Congreso de la Unión decidió realizar una serie de modificaciones al Código Civil Federal para establecer una legislación que garantice la salvaguarda de los derechos de las niñas y los niños y erradique el matrimonio infantil en el país.
Actualmente México es una de las 10 naciones a nivel mundial con más casos de esta problemática
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tan solo en el 2015, última cifra disponible, más de 24 mil 338 menores de 18 años contrajeron matrimonio.
Cuatro de cada cinco fueron niñas y adolescentes menores de 15 años que se casaron con hombres mayores de 17 años y 4.4 por ciento con hombres de 30 años o más.
Hoy en día se calcula que al año se dan cerca de un millón 300 mil casos, según la Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado, Josefina Vázquez Mota.
El matrimonio de menores de 18 años expone a niñas y adolescentes a hechos de violencia tanto física como sexual y psicológica, a situaciones adversas de salud tales como embarazos precoces, enfermedades de transmisión sexual o violaciones; además de provocar deserción escolar, discriminación, destrucción de proyectos de vida y muchas otras faltas que atentan contra sus derechos humanos.
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Save The Children, organización dedicada a la protección de la niñez en el mundo, calcula que en México una de cada 5 mujeres se casa antes de los 18 y el 73 por ciento de quienes se enfrentan a esta situación dejan o son obligadas a abandonar sus estudios para dedicarse al hogar; mientras que el 49 por ciento sufre violencia física o violencia sexual.
Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), conformada por 75 organizaciones de la sociedad civil que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes, comenta que apenas se está atendiendo esta situación en el país después de tantos años, porque México siempre ha estado atrasado en los compromisos de la agenda de la infancia.
“Hay que entender que la falta de atención a este problema se debe principalmente a tres factores:
Uno, culturalmente se sigue pensando, y los políticos no son la excepción, que las niñas y los niños son propiedad de las familias y eso limita que las autoridades asuman su responsabilidad en cuanto a su cuidado de los menores bajo el entendido de que le toca a la familia, lo cual es incorrecto e ilegal porque le corresponde al Estado
Segundo, no es un tema de prioridad política porque los niños no votan y no es un motivo para que las mamás y los papás voten, entonces queda fuera de la agenda. Las agendas que dan votos siempre son las de seguridad, infraestructura, programas sociales pero los niños no son una agenda atractiva para atraer votantes, por lo que el tema suele quedar fuera.
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La tercera sin duda tiene que ver con la cultura machista que predomina en el país y que hace que temas tan sensibles como la violencia sexual en contra de las niñas y los niños, particularmente contra mujeres adolescentes, quede invisibilizada”, indica
El reto legislativo
Quien encabeza Redim también explica por qué aunque discursivamente las leyes en contra del matrimonio infantil están generado un avance progresivo en los derechos, no operan en la vida real.
Esto se debe a que los Códigos Civiles Estatales no se han homologado con lo que marca el Código Civil Federal, una tarea que se ha intentado llevar a cabo desde el año 2014 y que cinco años después no se ha logrado, pues aún falta Baja California.
Sobre el mismo tema, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó un recurso contra la prohibición del matrimonio infantil en Aguascalientes, en la que determinó por mayoría, que el Congreso estatal no violó ninguna convención internacional al eliminar del Código Civil las dispensas para que se permita el matrimonio entre menores de 18 años en situaciones de gravedad o urgencia.
La determinación de los ministros de la SCJN ocurrió después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes promoviera una acción de inconstitucionalidad (22/2016) para la integración de dispensas al Código Civil y con ello se permitan los matrimonios por “causas graves y justificadas” a adolescentes de 14 a 18 años.
“Actualmente ya existen jurisprudencias que establecen que la persona que desee casarse con un menor no debe llevarle más de tres años de edad, que no sea un tutor o alguien que la contrate o tenga un vínculo político o económico sobre ella y que esta acción no afecte su desarrollo educativo, físico, psicológico y sexual, entre otros”, asegura Pérez García.
Aunado a este debate, ha surgido otra postura por parte del movimiento feminista mexicano que se ha posicionado en contra de la prohibición del matrimonio infantil bajo el argumento de que esto (la prohibición) nunca funciona y que únicamente es una medida paliativa frente un problema mucho más grande que es la violencia sexual y que no está siendo atendida, un punto que el director de Redim dice compartir plenamente.
El matrimonio infantil expone a niñas y adolescentes a hechos de violencia tanto física como sexual y psicológica
“Para acabar con el matrimonio infantil se debe atacar desde el corazón del problema que es la violencia sexual, porque si no lo entendemos desde la violencia sexual, desde las relaciones de poder machista y desde la necesidad de empoderar a las mujeres no tiene ningún sentido prohibir el matrimonio”, agrega.
Por ello, Juan Martín Pérez García dice que a pesar de que estas nuevas reformas que modifican y derogan diversos artículos del Código Civil Federal pueden ser vistas como un avance en la materia, son insuficientes porque sólo quedan en el papel, y en la vida real y cotidiana de las mujeres hace falta mucho más de la presencia del Estado que está totalmente ausente.
No quedar en letra muerta
Para garantizar la erradicación del problema, el director Ejecutivo de REDIM enumera tres acciones muy concretas que se tendrían que llevar a cabo por parte del Estado:
Hacer partícipes a las mujeres adolescentes en la discusión de todos los temas que les afectan, porque eso da un matiz respecto hasta dónde y de qué manera hacer las medidas de protección.
Reconocer que es obligación del Estado generar todas las oportunidades y condiciones para que las mujeres adolescentes puedan permanecer lo más que se pueda en la escuela, que no se vean obligadas a tener un vínculo de concubinato, porque el prohibir el matrimonio no significa que esto no esté sucediendo, ocho de cada 10 menores viven de esta manera sin haberse casado.
Esto es algo de lo más complicado de lograr, indica el especialista, pues no se tiene un marco de prohibición, por eso es que tienen que ser a través del desarrollo de oportunidades.
En tercer lugar dice que hay que generar mecanismos de protección, en contra de la violencia sexual particularmente. Esto significa al acoso, al hostigamiento, o incluso, si tiene una relación en concubinato que pueda separarse libremente sin persecución como suele ocurrir.