Las miles de mujeres encarceladas que crían a sus hijos en prisión se enfrentan día a día a carencias como falta de una área de maternidad y alimentación insuficiente.
El “Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad”, de la organización civil Reinserta señala que los menores de edad que viven con sus madres en las cárceles del país no son delincuentes por lo que no existe una razón por la que deban permanecer en un contexto inadecuado para ellos.
En su estudio, la organización señala que en el país hay 12 mil 132 mujeres privadas de su libertad en los diversos centros penitenciarios, de ellas el 43 por ciento, es decir, cinco mil 200 son madres.
“Tras la reciente aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2016, se ha regulado la estadía de niños y niñas al interior de los centros penitenciarios ya que los menores solo pueden permanecer con sus madres hasta los tres años”, dijo a Reporte Índigo, Jimena García, directora del área de mujeres y niños en prisión de Reinserta.
De acuerdo con la asociación, hasta antes de junio de 2016, no existía en México una normatividad homologada que regulara la permanencia de las niñas y niños con sus madres en prisión lo que generaba que los menores que nacían en reclusorios quedaran en una total invisibilidad jurídica, social y presupuestaria, ya que al no ser considerados debidamente en la ley, no se asignaba una partida presupuestal específica para la procuración de su bienestar y desarrollo integral.
Además, se explicó que la falta de regulación tenía como resultado que algunas entidades federativas permitieran que los niños permanecieran con sus madres en prisión durante el tiempo de lactancia, otros hasta los tres años, otros más a los seis, otros tantos hasta que la madre definiera quién se haría cargo de su hijo.
“Es importante trabajar el desapego de las madres con sus hijos, sabemos que es difícil, por eso comenzamos a trabajar con los niños seis meses antes de que se vayan, apoyamos a las mamás para que ellas les expliquen lo que va a pasar, vemos con qué familiar se van a ir a vivir y cuidamos que se vayan conociendo, por ejemplo que la tía sepa como es el niño cuando está feliz, enojado o hasta triste”, relató Jimena.
Sin embargo, cuando no hay un familiar que pueda hacerse responsable del menor, Jimena contó que en esos casos se busca una casa hogar que lo pueda recibir, y ahí el trabajo es diferente.
“Para que se vaya adaptando a su nueva casa lo que hacemos es más paulatino, primero que conozcan la casa, que un día jueguen ahí, que pasen una noche, que dejen algo de valor para que sepan que van a regresar”, explicó García.
Entre la desprotección en la que viven los niños, Jimena destacó que en la mayoría de los reclusorios no tienen una escuela, áreas verdes un lugar seguro donde dormir ni mucho menos donde poder jugar.
“Se necesita esta estimulación temprana de los cero a los tres año, sabemos que en la Ciudad de México solo el centro penitenciario de Santa Martha tiene un Centro de Desarrollo Infantil dado de alta por la SEP y no es solo eso sino que del total de los centros en los que se permite la estancia de niñas y niños, 53 no cuentan con CENDI”, declaró García.
De acuerdo con la investigación de Reinserta, hay reclusorios en donde a pesar de que pudieran tener una estancia infantil, no cuentan con la certificación de la SEP para poder ser considerados como CENDI.
Para la organización, no tener un CENDI es vulnerar el derecho de los niños y niñas a acceder a la educación y a un desarrollo integral, acción que representa una omisión del Estado, quien tiene la obligación de proporcionar a todos los menores, sin distinción, educación hasta el nivel medio superior.