El Municipio de Monterrey, que encabeza el priista Adrián de la Garza, reclama 8 millones 207 mil 546 pesos por la contratación dolosa de servicios profesionales de un abogado, acusación llevada al terreno jurídico por la Subprocuraduría Anticorrupción
En una reunión en el Consejo de Adquisiciones del día 20 de octubre de 2015 a las 11:00 horas, en donde aprobaron la adjudicación directa por la prestación de servicios, que superaba por mucho los montos que permite la contratación directa”
Como ustedes se pueden dar cuenta el término se ha ampliado y continuamos en los mismos términos, y para no afectar los derechos del resto de otras personas que actualmente están en la carpeta no puedo emitir algún comentario”
El equipo de abogados de la exalcaldesa Margarita Arellanes solicitó ayer la ampliación del término para preparar la defensa por la acusación en su contra, hecha por la Subprocuraduría Anticorrupción en un presunto desvío de 8.2 millones de pesos.
Alrededor de las 8:40 horas, Arellanes se presentó en la Sala Uno del Palacio de Justicia de Monterrey para escuchar la imputación, audiencia encabezada por la juez Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez.
Otros nueve exfuncionarios del Ayuntamiento también fueron acusados por esta Fiscalía.
Se trata de Luis Ángel Torres Garza, Aldo Ariel Cepeda López, Irasema Arreaga Belmont, Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, Julián Hernández Santillán, Alejandra Rodríguez Guerrero, José Francisco de la Cruz Suárez, David Rex Ochoa y Arturo Pecina Cruz.
Benjamín Marina Martin, agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría Anticorrupción, leyó los cargos imputados a la exedil y a sus excolaboradores, tales como ejercicio indebido de funciones públicas y ejercicio abusivo de funciones públicas.
“Que en una reunión en el Consejo de Adquisiciones del día 20 de octubre de 2015 a las 11:00 horas, en donde aprobaron la adjudicación directa por la prestación de servicios, que superaba por mucho los montos que permite la contratación directa”, leyó el agente en la audiencia, y explicó ante la juez que este tipo de contratación no permite que el monto sea mayor a los 200 mil pesos.
Sin embargo, Margarita Arellanes y los exfuncionarios habrían pagado con recursos públicos un contrato por 8 millones 207 mil 546 pesos, esto, según la Fiscalía, viola una serie de procedimientos.
Incluso, quebrantó los reglamentos municipales estipulados, como son los de adjudicar un contrato sin transparencia, sin eficacia y violando el tope económico en una asignación directa.
“El contrato que estaba celebrando era para recibir un servicio jurídico una vez que deje el servicio público, y este contrato fue firmado para que fuera defendida de auditorías, asesoría de amparos, sanciones, condenas e inhabilitaciones, que el mismo Municipio realizaría”, dijo el agente.
Es decir, el Municipio contrató un servicio para defender a exfuncionarios acusados en un futuro por el mismo Ayuntamiento.
Ante esto, la defensa de Margarita Arellanes solicitó más tiempo para preparar su estrategia legal.
Durante la audiencia los involucrados solicitaron hacer la audiencia privada, pero la juez negó la petición porque como exfuncionarios públicos deben imperar la transparencia e información
Próximo 5 de julio es clave
El próximo martes 5 de julio sería un día determinante para la exalcaldesa Margarita Arellanes.
Ese día, alrededor de las 9:00 horas, Arellanes escuchará en voz de la juez Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez si es vinculada a proceso por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y ejercicio abusivo de funciones públicas.
A su salida de la Sala Uno de Palacio de Justicia, Margarita Arellanes atendió a los medios de comunicación y se limitó a decir que continuará con el proceso.
“Escuchamos los argumentos de la Fiscalía, y bueno, como ustedes se pueden dar cuenta el término se ha ampliado y continuamos en los mismos términos, y para no afectar los derechos del resto de otras personas que actualmente están en la carpeta no puedo emitir algún comentario.
“Y por eso no me puedo manifestar al respecto de todo esto, como estamos en la misma etapa de lo que es este proceso, es que actualmente no puedo emitir algún comentario. Y vamos a continuar con la etapa del proceso”, dijo Arellanes.
Imputación histórica
En un hecho histórico, un exgobernante se sentó en el banquillo de los acusados por un presunto desvío de recursos públicos donde quedó imputado, junto con nueve excolaboradores municipales en Nuevo León.
Se trata de la exalcaldesa Margarita Arellanes, quien tendría que responder por una serie de irregularidades económicas durante su administración.
El Municipio de Monterrey, que encabeza el alcalde priista Adrián de la Garza, reclama 8 millones 207 mil 546 pesos por la contratación dolosa de servicios profesionales de un abogado, acusación llevada al terreno jurídico por la Subprocuraduría Anticorrupción.
“Pretendían que si el Municipio los imputaría de delito, el mismo Municipio pagara su defensa”, especificó la Fiscalía.
En la diligencia, que se prolongó casi dos horas, la juez Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez determinó imputar a la exedil, pero Arellanes se negó a declarar y se apegó a los beneficios del artículo 20 constitucional para presentar su defensa.
La Procuraduría de Justicia considera a la exalcaldesa como probable responsable de estos delitos, por los que podría alcanzar hasta 20 años de prisión, según dice el Código Penal vigente en el Estado.