Mientras los criminales que utilizan herramientas cibernéticas para llevar a cabo sus operaciones afinan y diversifican sus esquemas de acción, los mecanismos de respuesta desde el Gobierno parecen más enfocados a restringir los accesos de la población a las actividades digitales bajo el argumento de la seguridad.
En diciembre de 2020 fue aprobada la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que debía haber entrado en vigor en abril de 2021, pero debido a los recursos interpuestos por los institutos Federal de Telecomunicaciones y Nacional de Acceso a la Información, la Suprema Corte de Justicia lo suspendió de manera indefinida.
Sobre estas estrategias, a las que ahora se suma el intento por penalizar la venta de cierto tipo de videojuegos a menores de edad, Reporte Índigo entrevistó a Gabriela Nava, analista de inteligencia por el Centro William J. Perry, quien comenta que este tipo de aproximación restrictiva suele ser usado como una alternativa rápida para enfrentar los delitos digitales.
“Eso es normalmente lo que se piensa que es ciberseguridad o combate a la ciberdelincuencia, restringir al usuario la capacidad de utilizar las tecnologías de la información como medida de prevención de ataques. Ese es un enfoque completamente equivocado porque, finalmente, para lo que existen y han evolucionado las tecnologías es para simplificarle la vida a las personas”
Por el contrario, advierte que incluso medidas así pueden llegar a ser riesgosas para la democracia ya que gobiernos autoritarios, como el de China, han controlado el flujo de información bajo el argumento de la ciberseguridad, sin realmente hacer avances en este sentido. Aunque también considera que, en efecto, se debe legislar en la materia.
“Sí hay un vacío legal respecto a la regulación de la criminalidad donde los instrumentos son el internet o las tecnologías de la información, sí tendría que haber algún ajuste respecto a este tipo de situaciones, pero no medidas populistas como prohibir la venta de ciertos videojuegos. Una cosa es populismo y otra una estrategia criminal basada en combatir a la delincuencia”.
Juan Manuel Aguilar Antonio, del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, apunta a Reporte Índigo que ha habido 11 iniciativas en el Congreso de la Unión, pero en lo que va del sexenio no se ha logrado una sola ley o decreto determinante. Por el contrario, comparte la crítica sobre la idea de restringir los accesos a tecnologías digitales.
“Es una lógica muy simplista en el sentido de ¿cómo inhibir ciberdelitos? Pues teniendo menor actividad de las personas en el ciberespacio. Pareciera que esa es una de las alternativas o discursos a los que se va encaminando la visión de los creadores de políticas públicas y las autoridades del Gobierno federal.
“Haría falta una interconexión más profunda entre lo que son los expertos académicos, la iniciativa privada y los agentes gubernamentales”, dice al considerar irreversible la digitalización, más aún tras la pandemia, “esa interrelación, ese click, que debe haber entre los problemas reales y las acciones de los políticos no se está materializando”.
