Más que una ley

En su pequeño cuerpo no había más de ocho años de vida. Sus piernas flacas, apenas cubiertas por un short, eran casi lo único que alcanzaba a asomarse en la banqueta de la residencia al final de la calle.

Nos vio de lejos, cuando la lluvia que había espantado a los vigilantes comenzaba a ceder. Detuvo el salto de su pelota, nos miró sin miedo.

Esperó mientras la camioneta en que íbamos a Tenancingo  se acercaba un poco. Cuando el lente de la cámara fotográfica se asomó por la rendija de la ventanilla trasera, corrió adentro de la casa.

Peniley Ramírez Peniley Ramírez Publicado el
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En su pequeño cuerpo no había más de ocho años de vida. Sus piernas flacas, apenas cubiertas por un short, eran casi lo único que alcanzaba a asomarse en la banqueta de la residencia al final de la calle.

Nos vio de lejos, cuando la lluvia que había espantado a los vigilantes comenzaba a ceder. Detuvo el salto de su pelota, nos miró sin miedo.

Esperó mientras la camioneta en que íbamos a Tenancingo  se acercaba un poco. Cuando el lente de la cámara fotográfica se asomó por la rendija de la ventanilla trasera, corrió adentro de la casa.

“La niña fue a avisar, la niña nos vio, tenemos que irnos”, gritaba al interior del carro uno de nuestros acompañantes.

Nuestro guía, que hacía también de chofer, dio vuelta en el lodo de la calle empinada.

Cuando logró redireccionar la camioneta, ya en el balcón del segundo piso se había parado un hombre, radio en mano. Nos observaba fijamente.

Como moscas, los jóvenes que habíamos visto sentados afuera de una tienda, guareciéndose de la lluvia, se alistaron a ambos lados de la banqueta. Era casi como si saludaran una caravana, a excepción de que llevaban machetes.

Cuando volvimos a la calle principal no quedaba rastro del pueblo fantasma que encontramos al llegar. Con el cese de la lluvia, los comercios reabrieron sus puertas. En el aire flotaba ese olor rancio de la impunidad.

“Toma fotos a la casa china, a ésa de las estatuas”, decíamos entre todos desde adentro de la camioneta.

Las residencias de formas inauditas, pintadas de colores vivos, no cuadraban con la pobreza de sus casas vecinas. En cada cuadra había al menos dos viviendas enormes, de dos o tres pisos. Cada una tenía una especie de tiendita, un pequeño comercio contiguo pintado del mismo color.

“Las tienditas son las formas que tienen de vigilar si viene una redada”, nos explicó otro de los guías.

En cada esquina se asomaba un radio. Sosteniéndolos, hombres jóvenes nos miraban con desprecio.

Llegamos a la carretera cerca de las dos de la tarde. Flanqueados por guardias en motocicletas, los cuerpos morenos de varias adolescentes se recostaban a las paredes, ataviados con licras blancas y labios carmesí. No había expresión en sus rostros, solo desgana.

Cambios a la ley

A 115 kilómetros de allí, dos meses después, la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado propuso modificar la Ley General para combatir ese delito, aprobada en 2012.

La senadora que encabeza la iniciativa que se votará en los próximos días es de Tlaxcala. Adriana Dávila sabe bien que Tenancingo no es el único pueblo de su estado donde ser tratante es una vocación popular y bien vista.

Sabe que allí los niños dicen que cuando se conviertan en adultos van a tener Corvette rojos, o un Camaro; que aspiran a ocupar uno de los asientos de honor desde donde cada año, en la fiesta anual del pueblo, se observa la pasarela de niñas de primaria desfilando en ropa sensual.

El fenómeno de familias enteras que viven de la trata inició en Tenancingo. Se ha extendido a San Pablo del Monte, Zacatelco, Quilehtla, San Luis Teolocholco, Santa Ana Chiautempan, Apizaco.

Hay trata en todo México. No sólo abarca la explotación sexual, sino laboral, la venta de órganos, sangre, tejidos.

“Pueden haber muy buenas leyes, mientras los jueces estén con ellos no pasará nada”.

El testimonio fue casi un susurro. Provino de un exfuncionario del poder judicial en Tlaxcala, quien fue despedido por cuestionar las prácticas de protección a los padrotes.

Bajo condición de anonimato, contó lo que había visto. Los jueces detienen las redadas federales, modifican los criterios para otorgar patria potestad a los padres de los lenones, reabren los bares que habían sido clausurados por detectarse en ellos explotación de mujeres.

Cuando le preguntan a los mandos superiores del poder judicial en Tlaxcala, contestan que los jueces son autónomos y ellos tienen nada que ver.

La senadora panista y tlaxcalteca también lo sabe. Dice que las “correcciones a 60 errores de la ley anterior”, que propone la Comisión que encabeza, irá también contra los jueces.

“Por lo  menos en segunda instancia”, declara. Es consciente de que en su propio estado han sido liberados en segunda instancia padrotes confesos, por considerar que se violó durante el proceso una de sus garantías individuales.

En ese estado muchos de quienes se han acercado al tema de la trata prefieren no entrarle al asunto. Dávila asegura que muchos jueces le dan la vuelta “por corrupción, por desconocimiento y a veces hasta por flojera”.

La propuesta de cambios a la ley ha sido duramente atacada por Rosi Orozco, exlegisladora también panista quien es considerada por la opinión pública como la mayor impulsora de la legislación anterior, aprobada el año pasado.

Dávila responde que se trata de un protagonismo, una manipulación de intereses personales. Afirma que Orozco se siente atacada en “su ley”, pero que hay maternidades ni paternidades en la iniciativa.

Mientras los cambios esperan a ser dictaminados en comisiones y votados en el pleno del Senado, en Tlaxcala muchos niños siguen viviendo al cuidado de los lenones y sus familias, mientras sus madres son explotadas principalmente en México, Estados Unidos y Canadá.

Padrotes impunes

Las investigaciones que se han logrado gracias a los cambios legales a favor de la trata no han llegado a las redes de complicidad, a la compra de garantías legales para los tratantes.

En Tlaxcala, toda persona que habla de trata lo hace con miedo. Los padrotes tienden sus redes en organismos públicos y privados. Miembros de dos organizaciones civiles aceptaron contar a Reporte Indigo casos de niños rescatados en Tenancingo. Pidieron no ser citados.

En sus testimonios coinciden en que no sería posible un negocio de esa magnitud, y aún la existencia de pueblos como Tenancingo, si no hubiera complicidad de las autoridades con los tratantes.

Adriana Dávila lo acepta también. A diferencia de las personas consultadas en su entidad, dice que la nueva ley no permitirá que salgan de la cárcel los tratantes ni sus bares sean reabiertos. Se asume convencida con que una ley “perfeccionada” es paso vital contra la impunidad.

También asegura que serán juzgados de manera diferenciada, porque ahora “da lo mismo si explotan a una o a 50, la pena es la misma”.

Asegura que muchas de las personas que están presas actualmente por trata eran meseras de los bares, cantineros o barrenderos, no quienes directamente explotaban a las víctimas.

También permitirá que los tratantes sean juzgados por trata y por homicidio, como delitos separados, porque la ley actual considera el homicidio sólo como un agravante de la trata.

Rescate durante el foxismo

Varios miembros prominentes del gobierno mexicano saben que el delito de trata pasa por una actuación cuestionada del poder judicial y las policías.

El propio Manlio Fabio Beltrones, actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, durante el gobierno de Vicente Fox instruyó para que se operara el rescate de varios niños que estaban bajo resguardo de sus abuelas, madres de los padrotes que esclavizaron a sus mamás.

Las órdenes venían de más arriba. Era el final del primer sexenio panista y la embajada de Estados Unidos pidió al gobierno mexicano que le ayudara a organizar el rescate de unos niños en Tlaxcala.

Sus padres habían sido presos en una redada en Queens, Nueva York. Estaban siendo enjuiciados por trata de mujeres. Sus madres, las víctimas, temían declarar en el juicio por miedo a que les hicieran daño a sus pequeños, quienes vivían con las madres de los tratantes.

El primer paso del rescate fue iniciar un juicio para exigir la custodia. En varios de los casos los promovieron las abuelas maternas de los menores.

Una de ellas, la que se hizo más visible para el pueblo, fue amenazada mediante unos volantes que se repartieron entre los habitantes de Tenancingo.

Decía que la señora debía ser vigilada y castigada por estarse metiendo “con nuestros muchachos que se dedican a lo que todo el mundo sabe”.

Gracias a una operación coordinada entre el FBI y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se rescataron a los niños. La embajada estadounidense organizó una cena de celebración. Vicente Fox estuvo invitado.

Pasaron una serie de imágenes del operativo. Airoso, el presidente dijo que “así se combatía la trata en México”. Los asistentes echaron a reír, aún quienes no debían hacerlo porque era políticamente incorrecto.

Rescate arriesgado

Esa noche una de las madres no festejó nada. Su niña había quedado en manos de los familiares del hombre que la había explotado.

Gracias al operativo los padrotes fueron condenados a cadena perpetua en Estados Unidos y los menores regresaron con sus madres. Algunos se quedaron en México y otros obtuvieron visas humanitarias en ese país.

La madre de la pequeña que quedó atrás no la había visto desde que tenía un año y medio. Su “esposo” y papá de la bebé se la había llevado a Estados Unidos para prostituirla.

Todo ese tiempo la niña pensó que su mamá la había abandonado. Ese era el canto repetido cada día por los familiares de su papá.

La madre comenzó a trabajar en EU. Se casó con un hombre que nunca ha sabido que ella fue víctima de trata. Tuvo otros dos hijos con él.

Pero el recuerdo de su hija no le dejaba vivir en paz. Había pasado una década.

Una organización de lucha contra la trata en EU le ayudó a localizarla. Seguía en Tenancingo, entonces tenía quince años. Ya estaba en edad para ser tratada, pero no lo habían hecho.

En conjunto con una organización en derechos humanos en México, que brindó su testimonio a reserva de no mencionar sus nombres, realizaron un operativo para reunir a la madre con su hija adolescente.

Se coordinaron a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, perteneciente a la PGR.

Después de meses de trámites y oficios, la niña fue rescatada en Tenancingo. La abordaron mientras caminaba por la calle. Le dijeron que fuera con ellos, que la llevarían a ver a su mamá y luego la regresarían a su casa.

No quería ir, durante casi toda su vida le habían dicho que su madre no la quería.

Cuando se encontraron en la Ciudad de México, no pudieron tocarse. Era demasiado el rencor guardado por años. Lo primero fueron los reclamos, el odio plantado por quienes la retuvieron.

Durante varias sesiones fueron acercándose, con la ayuda de los psicólogos, para explicarle a la muchacha que su madre había sido víctima de trata por parte de su padre. 

Semanas después de estar en tratamiento conjunto, la chica obtuvo una visa humanitaria y viajó a Estados Unidos con su madre. Antes de irse, dijo a los psicólogos que iría a visitar a su padre en la cárcel.

Cambios sustanciales

Estas historias se reproducen como un virus en las regiones más pobres de México. Adriana Dávila asegura que la trata y la pobreza van de la mano. Defiende que los municipios donde hay mayor incidencia sean incluidos en la Cruzada contra el Hambre.

Entre los cambios más significativos que propone, incluye que se juzgue también la tentativa de trata, que se incluyan como juzgables cuando un niño nace de la relación entre la víctima y el tratante y es separado de su madre, o cuando se alistan niños en conflictos armados.

De aprobarse como fue presentada en octubre, la iniciativa agravaría las penas contra los tratantes que exploten a víctimas que están en albergues.

Fuera del ámbito legislativo, los testimonios en Tlaxcala ven con escepticismo la ley. Consideran que es “una metáfora” mientras no se exponga y encarcele a los funcionarios coludidos con los tratantes.

Como caso relevante mencionan el de Valentín Rojas Rojas, liberado en segunda instancia en Tlaxcala en noviembre del año pasado, a pesar de haber confesado ser padrote y de tener en su contra el testimonio de dos de sus víctimas.

El argumento para la liberación fue que Valentín se retractó de su primera declaración, en la que se declaraba culpable. Alegó que había sufrido un coma diabético.

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