La consulta popular del 1 de agosto es mucho más que solo un ejercicio para ver si se investiga a los expresidentes de México.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que en la pregunta caben expresidentes, funcionarios de alto nivel, presidentes municipales, gobernadores, es decir, por eso me parece que es un punto importante de reflexión para provocar ese acto de memoria donde pensemos en todas esas autoridades del pasado que han cometido un acto en contra de la ciudadanía y lo han hecho con total impunidad, no sólo a nivel nacional, también a nivel local”, explica la secretaria general de Morena.
En entrevista, considera que con este ejercicio las autoridades deberán concientizar acerca de que se debe juzgar donde haya posibilidades y vía jurídica para hacerlo.
“Habla de autoridades del pasado y en ese sentido me parece que dependerá de qué tanta fuerza y tanta exigencia y qué tanto nombre y apellido le ponga la ciudadanía a esa amplia pregunta. Por eso me parece que es un ejercicio sin precedentes en la historia de nuestro país que es absurdo tratar de invisibilizar, porque puede ser tan potente como la ciudadanía tome este ejercicio y discuta públicamente y señale con nombres y apellidos en todos los ámbitos, qué autoridades del pasado han cometido delitos y se han quedado en la impunidad”, expresa Citlalli Hernández.
Explica que después de esta consulta quedará claro que la ciudadanía quiere que se haga justicia sobre temas como el caso Iguala, las fosas de San Fernando en Tamaulipas; las víctimas de la Guerra Sucia, entre otros. Aunque acepta que hay delitos que ya perecieron, destaca que los delitos de lesa humanidad jamás prescriben.
“Lamentablemente en cuanto a la actuación de los expresidentes, hay un delito que varios han cometido que no prescribe, y es el delito de lesa humanidad. Muchos asesinatos, muchas acciones de desaparición forzada, muchos ejercicios que han atentado contra la vida de comunidades y de la gente, que podrían justificarse o articularse en torno a la figura de lesa humanidad y, sin duda, ese delito no prescribe, ya hay varios casos que podríamos ir identificando”
Agrega que la consulta buscaría ir más allá del procedimiento de juicio político para incidir en la memoria histórica.
“Me parece que es una herramienta que invita a que toda la ciudadanía generemos un proceso de no olvido, de exigencia de justicia, si todos estos casos de los que podríamos hablar y mencionar hubiesen tenido una respuesta a la altura de la ciudadanía en términos de justicia, en términos de atención al daño cometido, sin duda hoy no estaríamos hablando de la consulta popular”, apunta Citlalli Hernández.
Consulta como ejercicio de distracción
La consulta para juzgar a exfuncionarios es innecesaria porque las democracias no ponen la justicia a consulta, afirma Max Káiser, académico del ITAM.
“La pregunta es estúpida porque es obvia en una democracia. No hace falta preguntar lo que ya se sabe, por lo tanto, gastar 500 millones de pesos y mover toda la maquinaria del INE para preguntarle a la gente si se tiene que hacer lo que se hace en una democracia es un absurdo”, explica.
Considera que la imagen del INE podría estar en riesgo innecesario luego de una gran actuación en los comicios del 6 de junio.
“Espero que este ejercicio no afecte la imagen del INE que dejó un gran sabor de boca con todos los mexicanos después de la organización de las elecciones del 6 de junio. El INE fue obligado a actuar en esta consulta, no tiene la posibilidad de decir que no y por lo tanto espero que los ciudadanos no juzguen al órgano autónomo por esta consulta, sino a quien la provocó”, expone.
La consulta ciudadana genera un desvío de la atención en momentos en los que se deberían de discutir asuntos más trascendentales para el país.
“Me parece que se genera un precedente en el que el presidente de la República puede desviar la atención de otros temas fundamentales, como son las vacunas, las medicinas que no hay para niños con cáncer, el inicio del sexenio más violento de la historia, la corrupción impune, es decir, todo lo que sí es importante está de lado y estamos discutiendo una consulta en la que se le pregunta a la gente si está de acuerdo con que en la democracia se juzgue a quienes sean responsables de un delito”, expone.
Sin validez
Por su parte, el académico de la UNAM, Edgar Ortiz Arellano, considera que la consulta no tiene ninguna función ni validez para proceder contra alguna autoridad del pasado.
“La estrategia de la consulta popular, del juicio político, por lo menos a nivel discursivo puede servirle al Presidente de la República, pero ya en términos reales, legales, está muy distante y por eso es que el Poder Judicial estuvo metido en tantos problemas para determinar la pregunta”, afirma el especialista.
Además, asegura que la consulta ciudadana puede terminar generando un mayor desgaste para las instituciones involucradas, en este caso el INE.
“Es un desgaste de las instituciones políticas. Del Poder Judicial en su momento y ahora del INE”, apunta.
El especialista recuerda que hacer un juicio político es muy complicado porque hay muchos mecanismos que impiden los acuerdos en este sentido, ya que los personajes en cuestión suelen pertenecer a algún grupo político.
“Este gobierno se mueve en términos mediáticos. No realiza necesariamente la consulta para llevar a juicio político a los expresidentes, bajo ninguna circunstancia, sobre todo porque la pregunta no está diseñada para eso
“En todo caso, si se quiere hacer un juicio político a Ernesto Zedillo o a Felipe Calderón, habría que analizar si la Cámara de Diputados o la de Senadores metería la solicitud para llevarlo a cabo”, afirma.
