Amnistía Internacional solicitó al presidente Enrique Peña Nieto colocar a los derechos humanos como un tema prioritario en la agenda nacional.
“Si su gobierno quiere realmente demostrar a la comunidad internacional y al pueblo de México que se toma en serio los derechos humanos, debe ir más allá de las palabras y hacer de estos una realidad en su país”, afirmó Salil Shetty.
El secretario general de Amnistía Internacional (AI) instó al Ejecutivo Federal a “atender la crítica situación de derechos humanos” que se vive en la nación.
En el memorándum “Los Retos de México en Materia de Derechos Humanos” que Shetty entregó este lunes a Peña Nieto y que ayer fue presentado en Tlatelolco, se destaca “la alarmante situación de inseguridad” presente en diversas entidades federativas, donde hay muchas comunidades desprotegidas y en riesgo.
AI indica que los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad –incluidas las desapariciones forzadas, la tortura y las detenciones arbitrarias– continúan y la impunidad sigue siendo la norma en los crímenes perpetrados.
“Las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas”, puntualiza la organización internacional.
Dado que “el sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas”, insiste en que se requiere combatir efectivamente los patrones persistentes que develan las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen.
Bajo esa lógica considera de vital importancia las recomendaciones que en marzo próximo el gobierno mexicano adoptará, de entre las 176 propuestas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Tales recomendaciones deben mostrar coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos y, sobre todo, propiciar una “rápida implementación con acciones concretas que garanticen efectos duraderos”.
En opinión de AI esa será la prueba de fuego de la administración peñanietista pues se corroborará “qué tan seriamente considera el gobierno sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
Autodefensas, es el reto
Los grupos de autodefensa ponen a prueba la voluntad del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos, indicó Amnistía Internacional (AI).
“El desafío para la presente administración es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las que pueda confiar la población y que no cometan violaciones de derechos humanos”, señaló AI en el texto que recibió Enrique Peña Nieto.
En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui para CNN en Español, Shetty dijo que él y el presidente habían tenido una “discusión muy abierta” sobre los derechos humanos en el país.
Prioridades
AI pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto atender 9 puntos específicos:
1. Reformas de derechos humanos
• Implementar una agenda legislativa que sea consultada con la sociedad civil, para incorporar plenamente la reforma constitucional en derechos humanos en la legislación interna en los tres poderes gubernamentales.
2. Seguridad pública y derechos humanos
• El gobierno debe vigilar a las fuerzas policiales y de seguridad, así como los grupos de autodefensa, para que éstos respeten las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.
3. Desapariciones, torturas y malos tratos
• El Gobierno debe realizar una lista depurada de las personas que actualmente se encuentren desaparecidas
• Erradicar los malos tratos y el ejercicio de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad de todos los niveles en México.
4. Sistema de justicia penal
• Abolir el arraigo y garantizar que todas las detenciones se realicen conforme a la ley y se registren correctamente en una base de datos nacional accesible.
5. Justicia Militar
• Reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar se investiguen, se persigan y se sometan a juicio en el sistema de justicia civil.
6. Migrantes irregulares
• Funcionarios estatales y federales deben abstenerse de criminalizar a este sector y garantizar fuerzas de seguridad efectivas.
• Medidas más específicas para garantizar los derechos de las mujeres, niños y niñas migrantes, quienes están expuestos a ser víctimas de trata.
7. Personas defensoras de derechos humanos y periodistas
• Que el Gobierno Federal adopte un enfoque integral para la protección de los mismos.
• Dotar de apoyo político, financiero y de recursos al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, entre algunas otras cosas.
8. Derechos humanos de las mujeres
• Que las políticas de seguridad pública no tengan un impacto negativo sobre mujeres y niñas, reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, rechazar las medidas que socaven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre otras acciones.
9. Derechos de los pueblos indígenas
• Que el Gobierno Federal implemente políticas que busquen fortalecer el acceso a la justicia, a la educación, a la vivienda y a la tierra en comunidades indígenas.
