La alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, pidió al Poder Judicial respetar la decisión de su gobierno de clausurar casinos y no otorgar amparos que permitan la reapertura de los centros de apuestas.
Arellanes informó que durante el operativo de este miércoles, realizado por inspectores municipales, se visitaron 37 locales en la capital que operan como casinos o se sospechaba que pudieran usarse para este giro de negocios.
De éstos, a 10 se les colocaron sellos de clausura temporal, 6 tienen amparos que les permiten continuar con su operación, 9 están en desuso o no cuentan con permisos para este giro, y 12 están abiertos porque sí poseen documentación legal.
La edil aclaró que los negocios clausurados cuentan con 10 días para presentar ante la administración municipal sus licencias de uso de suelo, o de lo contrario permanecerán suspendidos.
También pidió a los jueces respetar las acciones del Municipio y no otorgar amparos a los dueños de los establecimientos clausurados, que les permitan reabrir sus establecimientos.
“Hago un llamado al Poder Judicial para que respete estos actos de autoridad que están apegados a derecho, no pueden existir actos del Poder Judicial que vulneren la seguridad de todos los regiomontanos”, dijo en el Palacio Municipal.
La panista advirtió que las suspensiones fueron para respetar la legalidad y no representan una “cacería” de casinos.
“Es una cruzada a favor de la legalidad, esto es algo que se le debía a los regiomontanos”, señaló, “ese es el eje rector de este gobierno”.
Añadió que su administración tendrá un diálogo con el Sindicato de Trabajadores de Libros Foráneos y Establecimientos de Diversión, con el objetivo de buscar alternativas laborales para aquellos trabajadores que resulten afectados.
Para esta tarea, adelantó, encomendó a su secretaria del Ayuntamiento, Sandra Pámanes.
Arellanes aprovechó su mensaje para agradecer al gobernador Rodrigo Medina, quien ayer dio un respaldo público a las acciones municipales.
El mandatario estatal también exhortó al Poder Judicial a que no ampare a los casineros que incumplieron con la normatividad local.
