Mar de nadie por pesca ilegal y falta de regulación

El mar no solamente es una fuente de alimento para miles de mexicanos, también es el lugar donde familias y empresas generan ingresos para su sustento, pero ante la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, los océanos mexicanos se comienzan a convertir en “tierra de nadie”.

Debido a esta situación, legisladores, activistas y líderes de organizaciones sociales exigen reformar las leyes y crear nuevos organismos de control para sancionar y multar estas actividades ilícitas.

Un ejemplo de esto, comenta el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, es que la pesca debe ser abordada como un tema de seguridad nacional, por lo que lamenta que ni siquiera exista una comisión especial en el Senado de la República.

“Esta es una tarea urgente dado el aumento de varias problemáticas como la pesca furtiva y el robo de lanchas y motores que afecta principalmente a los pescadores ribereños. Es preocupante que muchos de estos delitos, incluso, se asocian de manera creciente con ilícitos de mayor alcance como el lavado de dinero y el trasiego de drogas.

“Es urgente revisar el marco jurídico para saber si las multas y sanciones vigentes permiten cumplir con los objetivos y así identificar las áreas de oportunidad que permitan que la actividad pesquera garantice la protección del medio ambiente y beneficie a las familias mexicanas”, expuso.

‘Mayor coordinación y presupuesto’

En el sector pesquero del país trabajan alrededor de 215 mil personas, muchas de ellas de escasos recursos, por lo que el director de la oficina sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Enrique Hernández Siller, comenta que es importante que en el tema de multas y sanciones no se criminalice la pobreza ya que gran parte de los pescadores carecen de permisos para realizar la actividad.

“Es importante actualizar el marco normativo mediante la elaboración de un reglamento que está pendiente desde hace varios años. También, es necesario esclarecer y simplificar los medios para obtener autorizaciones, concesiones y permisos, ya que resultan complicados y costosos”, señaló durante el seminario “El marco jurídico de la pesca en México a debate. Áreas de oportunidad para la mejora y la innovación”.

El especialista, además criticó la falta de capacidad operativa de instituciones como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), para hacer cumplir la ley.

“En vez de aumentar el rigor de las multas y las sanciones, resulta prioritario fortalecer las instituciones que realizan las actividades de operación y de vigilancia. No es de mucha utilidad contar con multas altas si no hay quién pueda hacerlas efectivas y quién detecte los ilícitos, agregó.

Para conseguir este fortalecimiento, el especialista dijo que hace falta mayor coordinación entre dichas instituciones, pero sobre todo más presupuesto.

En tercer lugar, Hernández Siller solicitó a las autoridades trabajar más con las comunidades pesqueras y con las cooperativas locales.

“En ese sector se pueden generar alianzas relevantes como puede ser el caso de los comités de vigilancia comunitarios, los cuales tienen la estructura y la voluntad de trabajar, por lo que habría que fortalecerlos y buscar a través de ellos mejorar las acciones de vigilancia, monitoreo y prevención”, apuntó.

Finalmente, el especialista recomendó salvaguardar los refugios pesqueros, los cuales contribuyen a mantener las poblaciones de biomasa y de peces.

Y aunque esta iniciativa se viene realizando desde hace mucho tiempo, el integrante del CEMDA recomendó fortalecer el apoyo a las organizaciones y grupos de pescadores, es decir, que los recursos, capacitaciones y dinero, lleguen directamente a ellos.

Leyes opuestas

Raziel Villegas Núñez, coordinador jurídico, de Control y Vigilancia de la Alianza Kanan Kay argumenta que el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), establece que el Estado mexicano reconoce la actividad pesquera y la acuacultura como prioritarias, de seguridad nacional y que fortalecen la soberanía territorial y alimentaria de nuestra población.

A pesar de esto y que la LGPAS ordena la emisión y armonización de un nuevo reglamento para regular la pesca, han pasado quince años y todavía no se ha publicado.

“Este desfase entre ambos instrumentos normativos implica problemáticas en la regulación sustentable de la pesca. Por ejemplo, en el reglamento se encuentran las concesiones, los permisos y las autorizaciones; mientras que en la LGPAS sólo se reconocen las dos primeras, pero como la ley se remite al reglamento, se puede solicitar un permiso de fomento y no se van a encontrar ni los requisitos ni el formato porque el reglamento lo considera como autorización” explica.

La falta de un reglamento actualizado tiene implicaciones en las sanciones, por ejemplo, la LGPAS prohíbe operar barcos fábrica o plantas flotantes , pero el reglamento vigente desde 1992 sí las permite.

La desarmonización jurídica también ocurre con otras leyes, por ejemplo, para la LGPAS las artes o métodos de pesca prohibidos son materia de amonestación si es para autoconsumo, mientras que para el Código Penal Federal (Art. 420) es delito.

El mismo caso se da para la extracción y comercialización de especies en veda: mientras que en el Código Penal se considera como delito, en la LGPAS es objeto de amonestación.