"Todo lo que tiene que ver con el sistema de pagos electrónicos está secuestrado, está como rehén de los participantes
del sistema”
Un asunto de naturaleza política electoral ha puesto de manifiesto “el gran desorden que hay en el sistema bancario” en el país.
Para Gabriel Reyes Orona así lo muestra la polémica que propició que el Scotiabank solicitara al Banco de México corregir una transferencia electrónica por 50 millones de pesos hecha por el gobierno del Estado de México. Y que en menos de dos meses tuvo dos beneficiarios distintos: un particular y el propio gobierno mexiquense, titular original de la cuenta.
La solicitud del banco generó suspicacias porque ocurrió el mismo día en que el senador Ricardo Monreal acudió a las oficinas del gobernador Eruviel Ávila a entregar documentos que presumen una triangulación financiera ilícita que habría sido usada para la campaña presidencial priista.
Reyes Orona inicia su análisis del caso arguyendo que México no es uno de los principales países en lavado de dinero por casualidad. No es que los grupos del crimen organizado que operan en el país sean tan sofisticados.
Su “gran capacidad” de “lavar dinero se da precisamente por la forma y la mecánica prevista en la ley”.
En su opinión, las leyes mexicanas están hechas para garantizar flexibilidad y ganancias a los intermediarios financieros: “les permite mantener la mayor cantidad de tiempo posible el dinero”.
El llamado “floating”, que sirve para ganar intereses, y tal flexibilidad “ha generado un sistema de pagos mexicanos sumamente arbitrario, sumamente abusivo, desde el punto de vista operativo financiero para los clientes”.
Este depósito de Scotiabank es, de acuerdo con el abogado por la Universidad Iberoamericana, “un ejemplo más de cómo la banca goza de una gran libertad para corregir, enmendar o incluso extender operaciones al gusto”.
No obstante, asegura el experto a Reporte Indigo, este asunto no supone que haya un delito ni un ilícito “porque no se puede violar ni quebrantar una regla que no existe”.
Los bancos tienen manga ancha para hacer y deshacer en cuanto a información se refiere. El Banco de México no funge como autoridad sino como “una especie de espectador, un administrador de un sistema que no le puede dar respuesta ni al sistema ni a la población en general”.
El abogado, quien durante 14 años tuvo diversos puestos en el Banco de México, afirma que el polémico caso no irá a ningún lado. Que Scotiabank se aferrará a alegar que lo único que existe es una corrección; “no hay alteración porque no significa que haya una fórmula final, un texto final que debería de mantenerse sino que a voluntad –y así lo establece la ley de sistema de pagos– el banco puede corregir”. Pero, agrega, “entre alterar, falsificar y corregir hay una diferencia abismal”.
No obstante, el también ex Procurador Fiscal de la Federación reconoce que el hecho de que haya tanta permisibilidad en la legislación bancaria mexicana favorece la absoluta opacidad en la materia:
“Todo lo que tiene que ver con el sistema de pagos electrónicos está secuestrado; está como rehén de los participantes del sistema que, a conveniencia, transmiten en el horario que quieren, en la forma que quieren o incluso detienen las operaciones de manera discrecional”.
No prospera denuncia
El jueves pasado el legislador Ricardo Monreal presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero, alteración de documentos y delincuencia organizada.
En su denuncia también solicita se investigue a los gerentes y directivos de Scotiabank.
Reyes Orona dice que el señalamiento de Monreal está mal concebido.
Que el Banco de México solo es responsable de poner las condiciones, reglas y mecanismos para que los participantes realicen transferencias bancarias.
Dice que, al margen del escándalo, “no va a ser conducente a nada este SPEI.
Solo prueba que hubo un movimiento de dinero y que hay una inconsistencia entre el beneficiario y el número (de cuenta) real”.
Dice que si bien Monreal “es un estudioso del derecho, pero agrario, no es un experto en material financiera y bancaria y no ha podido precisar cuál es el delito”.
E insiste que no hay falsificación de documentos pues la información contenida en el formato del SPEI está “en términos de ley a la libre disposición del participante que en este caso es Scotiabank que hoy lo que dice es: me equivoqué y corregí”.
Lo bueno del polémico caso es que arroja los reflectores sobre un tema clave:
“Si lo que queremos es que haya mayor seriedad y menor manipulación de las operaciones financieras hay que cambiar la ley”, remata Reyes Orona.