El pecado del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puede estar en su origen.
Los cuatro magistrados del Tribunal que hoy están en la mira por meter en la boleta presidencial a “El Bronco” a pesar de las irregularidades que se le encontraron, llegaron a ser magistrados porque fueron apoyados por diferentes grupos políticos que hoy podrían estar influyendo en sus decisiones.
El propio Andrés Manuel López Obrador acusó ayer que la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón en la boleta electoral fue instruida desde el Gobierno federal, mediante la Secretaría de Gobernación.
Fuentes cercanas al TEPJF revelaron que la operación para incluir a “El Bronco” en la boleta comenzó hace unos días, con el voto apoyo convencido de los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y José Luis Vargas.
Indalfer Infante, el cuarto magistrado en votar a favor, no estaba tan convencido en un principio, pero al final decidió formar un bloque con los otros tres para beneficiar a Rodríguez Calderón.
El asunto del sentido de los votos viene de tiempo atrás y se remonta al momento de su nombramiento. Tres de los cuatro magistrados que votaron a favor del exgobernador de Nuevo León fueron impulsados por el PRI.
El nombramiento de los siete magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF fue hecha por el Senado de la República en octubre del 2016; y, como en todos los demás nombramientos que han sido procesados en el Congreso, el asunto se dirimió por el reparto de cuotas entre las diferentes bancadas de los partidos políticos
Mónica Aralí Soto y Felipe Fuentes fueron apoyados por el PRI para ocupar un lugar en el máximo tribunal electoral del país.
José Luis Vargas fue apadrinado por el panista Santiago Creel, a pesar de que había tenido un rompimiento con el PAN en 2011. Pero fue impulsado en el Senado por el PVEM y el PRI.
Indalfer Infante, el cuarto magistrado en votar a favor del “El Bronco”, fue impulsado por el entonces perredista Miguel Barbosa, pero llegó con aval del PAN.
Estos cuatro magistrados han sido señalados por connotados juristas de haber cometido una aberración jurídica: dar la candidatura presidencial a Jaime Rodríguez Calderón a pesar de haber cometido varias irregularidades en la recolección de apoyos para su candidatura.
Incluso, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) dio a conocer que el INE ya presentó una denuncia penal contra Rodríguez Calderón por presuntos actos ilícitos que se hayan cometido en el periodo de recolección de apoyos para su candidatura independiente.
Bajo sospecha
La decisión de los cuatro magistrados electorales de meter en la boleta electoral a “El Bronco” los colocó en la mira del ojo público sobre cómo llegaron hasta la Sala Superior del TEPJF y sembró las dudas sobre su plena independencia.
La desconfianza tiene motivo. Por un lado, el nombramiento de los siete integrantes de la Sala Superior se realizó en el año 2016, en el Senado por medio del reparto de cuotas.
El PRI pudo colocar a tres de los magistrados; el PAN impulsó a dos; el PRD a uno; y solo la magistrada presidenta, Janine Otálora, llegó por el consenso de todas las partes, ajena a cualquier fuerza política.
Mónica Soto, cercana al PRI
El PRI impulsó a Mónica Aralí Soto Fregoso y lo hizo directamente a través del coordinador de los senadores del tricolor, Emilio Gamboa Patrón.
El vínculo directo de Soto con el PRI viene de su padre, Eligio Soto López, un político priista y delegado de la Procuraduría Agraria en Baja California Sur.
Una vez que fue electa magistrada electoral por 9 años (del año 2016 al 2025), en redes sociales se le señaló de ser cercana a Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, pues él firmaba un documento que acreditaba que ella había participado en un curso en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, del que Ochoa era director.
Incluso, se dijo que en la documentación quedó asentado que por recomendación de Ochoa, Soto no tendría que presentar examen para obtener su diploma.
Mónica Soto participará en la calificación no solo la elección presidencial del 2018, sino la del 2024, pues terminará su encargo hasta un año después.
Felipe Fuentes, ¿premio por callar?
Felipe Alfredo Fuentes Barrera también fue impulsado por senadores del PRI por instrucciones de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que en ese entonces estaba a cargo de Humberto Castillejos.
El apoyo a Fuentes venía desde un año atrás, cuando en el 2015 el presidente Enrique Peña Nieto lo propuso para ser ministro de la Suprema Corte en la misma terna donde estaba Eduardo Medina Mora.
El otro miembro de la terna era Horacio Hernández Orozco, perteneciente al Poder Judicial, quien sí levantó la voz contra la elección de Medina Mora.
Fuentes Barrera, guardó silencio; un año después, llegaría al TEPJF, impulsado por el PRI.
A Felipe Fuentes se le aumentó dos años su periodo como magistrado; el Congreso aprobó que ocupe el cargo de 2016 a 2024.
José Luis Vargas, del PAN al PRI
José Luis Vargas Valdez fue apadrinado en el proceso de selección por Santiago Creel, pero en la decisión final fue impulsado desde el PVEM y secundado por el PRI.
El PAN, sin embargo, veía en Vargas la posibilidad de tener a un magistrado “cercano”, por lo que apoyó a estos partidos. Ahora se sienten traicionados por él.
Parece que olvidaron el rompimiento que Vargas Valdez tuvo con el PAN en el 2012, cuando era titular de la Fepade y el entonces presidente Felipe Calderón lo destituyó por no haber querido anular la elección para gobernador en Michoacán del año anterior.
En 2011, la hermana del primer mandatario, Luisa María Calderón, había participado como candidata y denunció que en la definición de la elección —que ganó el priista Fausto Vallejo— había participado el crimen organizado.
Vargas dijo no tener elementos para que la elección se anulara, lo que provocó el enojo en Los Pinos. El entonces presidente Calderón ordenó su destitución, por lo que hubo un rompimiento con los panistas.
En los gobiernos del PAN, Vargas Valdez había trabajado como director de Vinculación Institucional, Logística y Proyectos Especiales del CISEN; y coordinador de Asuntos Jurídicos de la subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, cuando Creel era su secretario.
En 2015, Vargas fue asesor del priista Ignacio Peralta — hoy gobernador de Colima— en el juicio por la anulación de la elección, que fue promovido por su contrincante panista Jorge Luis Preciado.
Vargas fue otro de los beneficiados con el aumento en el periodo de su encargo. Originalmente sería magistrado entre el 2016 y el 2019, pero el Congreso aprobó que concluyera hasta el 2021.
Indalfer Infante, el voto decisivo
El cuarto magistrado que votó a favor de “El Bronco” fue Indalfer Infante quien, según personas cercanas al Tribunal, estuvo indeciso durante varios días sobre el sentido que tendría su voto.
Hasta hace unos días, la votación estaba empatada con tres votos a favor —Mónica Soto, Felipe Fuentes y José Luis Vargas— y tres en contra —Janine Otálora, Felipe de la Mata Reyes Rodríguez—. La decisión de Indalfer Infante Gonzales fue determinante para la votación.
Infante Gonzales sería, de los siete magistrados, el único que se identifica como más cercano al PRD. Aun así, votó a favor de Jaime Rodríguez Calderón.
Infante fue impulsado para su nombramiento por Miguel Barbosa, quien era en 2016 coordinador de la bancada del PRD en el Senado.
Y no solo por él. También fue apadrinado por Constancio Carrasco, quien al momento de la elección era presidente del TEPJF y a quien Infante había sustituido como consejero de la Judicatura Federal cuando Carrasco se convirtió en magistrado electoral, en 2007.
Indalfer Infante, el cuarto magistrado en votar a favor, no estaba tan convencido en un principio, pero al final decidió ser parte del bloque que benefició a “El Bronco”
Para el puesto de consejero de la Judicatura, Infante fue apoyado por Ricardo Monreal, que en 2007 era senador del PT —que en 2006 compitió en las elecciones en coalición con el PRD y Convergencia, que luego se transformaría en Movimiento Ciudadano—.
Cabe destacar que Indalfer Infante fue otro de los magistrados a los que el Congreso aprobó una extensión en su cargo. Originalmente estaría del 2016 al 2019; periodo que extendieron hasta el 2021.
