Los magistrados de las Sexta y Décima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco tienen investigaciones abiertas en la Fiscalía del Estado por presuntas anomalías en sus resoluciones, de acuerdo con un informe remitido al Poder Legislativo en 2019.
El director general de la Visitaduría de la Fiscalía Estatal, Guillermo Oswaldo Flores Tovar, puso al tanto al Congreso de Jalisco de las investigaciones penales que hay en proceso contra los magistrados del Supremo Tribunal, a través del oficio con clave FE/DGV/1291/2019, fechado el 2 de julio de 2019.
La intención del reporte, señala el funcionario de Fiscalía, es dar respuesta al acuerdo legislativo 283-LXll-19, en el que se le solicitó a esa dependencia un “informe general sobre el estado que guardan las diversas denuncias y carpetas de investigación en el cuerpo del mencionado acuerdo, presentadas en el 2O16 contra magistrados del Poder Judicial, hasta donde el principio de reserva de los actos lo permita”.
Los diputados habían solicitado información a la Fiscalía sobre seis casos de presunta corrupción en el Supremo Tribunal de Justicia, en los que sus magistrados habrían emitido resoluciones con irregularidades. Cinco de estos expedientes le conciernen a la Sexta Sala y uno más a la Décima, según se lee en el acuerdo legislativo del 12 de junio de 2019.
En el documento los diputados señalan que les resulta necesario conocer el estatus que guardan las carpetas de investigación (CI) integradas en el 2016 en contra de los magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal, con las claves de identificación: CI. 13291/2016; CI. 58236/2016; CI. 58232/2016; CI. 58235/2016; y finalmente, la CI. 59560/2016.
Con respecto a las cuatro primeras carpetas de investigación contra los magistrados de la Sexta Sala, el titular de la Visitaduría les informó a los diputados que “se ejercitó la facultad de abstención de investigar”, por lo que ya no están en marcha, lo que no ocurrió con la última carpeta de clave CI. 59560/2016, sobre la que el funcionario reveló “que está en integración”.
El quinto expediente de los magistrados
Luego de estos cinco casos de presunta corrupción judicial en la Sexta Sala Penal, los diputados solicitaron información sobre un sexto expediente que involucra a los magistrados de la Décima Sala Penal, cuya indagatoria se habría emprendido a partir del oficio FGE/ FC/2221/2017, “dirigido a la Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, suscrito por el Fiscal Central del Estado”, según lo refieren.
En su respuesta, el funcionario de la Fiscalía confirmó que este caso emprendido contra los magistrados de la Décima Sala Penal se indaga con la carpeta de investigación 114867/2017. Sin embargo, ésta no está siendo llevada por la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía, sino por la Fiscalía Anticorrupción.
“Oficio del que le informo que generó que se iniciara la carpeta de investigación número 114867/2017, misma que por razón de competencia ya fue remitida a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por lo que se desconoce su estado actual”, indicó el funcionario.
Actualmente, la Sexta Sala Especializada en Materia Penal aparece integrada únicamente por el magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos, mientras que la Décima Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes y Penal está conformada por los magistrados Federico Hernández Corona y Antonio Fierros Ramírez.
Corrupción judicial
El acuerdo legislativo que dio lugar a este informe de la Fiscalía de Jalisco, sobre las investigaciones emprendidas contra magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, fue promovido por el legislador Salvador Caro Cabrera.
El diputado hizo referencia a los problemas de opacidad judicial que hay en este Poder del Estado
“Cabe la necesidad de hacer un análisis sobre la opacidad de los asuntos que resuelven los órganos jurisdiccionales (…), la falta de transparencia, la rendición de cuentas y el estudio de los procedimientos judiciales han hecho que el Poder Judicial carezca de credibilidad”.
Entonces el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) reveló la existencia de estas denuncias penales por presunta corrupción en el Supremo Tribunal, que actualmente preside el magistrado Ricardo Suro Esteves, pero cuyo nivel de avance resultaba desconocido.
“En el año de 2016 se presentaron diversas denuncias en contra de los magistrados integrantes de la Sexta y Décima Sala en materia Penal, ante la Fiscalía General del Estado en ese entonces, mismas que a la fecha se desconoce el trámite que se les ha dado, es por ello el interés de que se den a conocer datos precisos sobre las investigaciones llevadas a cabo o en su defecto las que estén por iniciarse, así como aquellas investigaciones que estén por judicializarse”.
Con este argumento el Congreso aprobó solicitarle al titular de la Fiscalía, Gerardo Octavio Solís Gómez, un “informe general sobre el estado que guardan las diversas denuncias y carpetas de investigación en el cuerpo del presente acuerdo, presentadas en el 2016 contra magistrados del Poder Judicial”.
En septiembre de 2019, los legisladores de Jalisco aprobaron una reforma al Poder Judicial del Estado que, entre otras cosas, impuso la aplicación de pruebas de confianza a los magistrados y jueces del estado, para evaluar la licitud de su patrimonio, si consumen drogas y si tienen vínculos con la delincuencia.
En su Tercer Informe de diciembre pasado, el presidente del Poder Judicial, Suro Esteves, dijo que “son quienes no coinciden con los atributos inherentes a todo juzgador, quienes realmente traicionan a la institución, a la sociedad y a ellos mismos, por tanto, no tienen, ni tendrán cabida aquí”.
