Aunque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debería contar con magistrados especializados en el combate a la corrupción desde el año 2017, es hasta este 2021 que han comenzado a concretarse estas designaciones consideradas vitales para el Sistema Nacional Anticorrupción.
Como se recordará, dentro de las reformas que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción se incluyó una que transformó al antiguo Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y al cual se le dotaron de facultades para resolver y sancionar los casos graves de corrupción.
El Tribunal naciente debía de contar con una nueva Tercera Sección de la Sala Superior, compuesta por tres magistrados, y la cual estaría especializada en el tratamiento y resolución de los casos de corrupción, pues sería competente en materia de responsabilidades administrativas; sin embargo, la designación de esos juzgadores se aplazó durante más de cuatro años.
Los magistrados ya seleccionados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) son Luz María Anaya Domínguez y Julio Ángel Sabines Chesterking
La primera de estas designaciones en la Tercera Sección de la Sala Superior se dio apenas el 30 de abril de 2021, según lo informó la Cámara de Senadores.
“El Senado de la República designó a Natalia Téllez Torres Orozco como magistrada de la Tercera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un periodo improrrogable de 15 años. Derivado de la votación que obtuvo 96 votos a favor, 21 en contra y una abstención, de un total de 118 votos, alcanzó la mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes. (…) El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, tomó la protesta correspondiente a Natalia Téllez Torres Orozco”.
La segunda designación para la Tercera Sección de combate a la corrupción se dio hace apenas unos días, el 30 de junio de 2021, cuando los legisladores eligieron a dos nuevos integrantes para ese Tribunal, aunque solamente uno de estos para el área especializada anticorrupción.
“En la sesión en modalidad presencial de la Comisión Permanente, diputadas y diputados externaron comentarios sobre los dictámenes relativos a los nombramientos de Luz María Anaya Domínguez y Julio Ángel Sabines Chesterking, como magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)”.
Aquel día se aprobó “con 31 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la designación de Sabines Chesterking como magistrado de Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal”; al día siguiente, el 1 de julio, asumieron sus cargos, según reportó el Tribunal.
“El Pleno General de la Sala Superior del TFJA recibió a sus dos nuevos integrantes. (…) la magistrada Luz María Anaya Domínguez, quien quedó adscrita a la quinta ponencia de la Primera Sección” y “el magistrado Julio Ángel Sabines Chesterking, quien ocupará la segunda ponencia de Tercera Sección”, indicó.
La Tercera Sección anticorrupción, por lo tanto, continúa incompleta, pues requiere un integrante más.
Cargos pendientes
Además de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal, el Sistema Nacional Anticorrupción consideró la creación de cinco Salas Especializadas Anticorrupción en el país, que representaban la integración de otros 15 magistrados; esos juzgadores nunca fueron designados, y ahora, además, es posible que esas nuevas áreas judiciales nunca vean la luz.
El 22 de marzo de 2021, los senadores tomaron una decisión relevante en ese sentido –aunque aún no pasa por el pleno–:
“La Comisión de Justicia (…) aprobó un dictamen que busca armonizar la Ley Orgánica del TFJA y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de desaparecer las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas”
En el dictamen, los senadores concluyeron que esas Salas Especializadas no están previstas por la Constitución, por lo que no deben implementarse: “Compartimos con la senadora proponente la necesidad de modificar la Ley Orgánica del TFJA, debido a que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción no previó la existencia de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas”.
Y agrega que “derivado de lo anterior, y en apego al principio de austeridad presupuestal, estas Comisiones Dictaminadoras nos pronunciamos a favor de la desaparición de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas”.
Sin embargo, el dictamen abre la posibilidad de que posteriormente pudieran crearse algunas Salas semejantes, pues precisa: “Se elimina la creación forzosa de Salas Especializadas y se otorga facultad al Tribunal para crearlas de ser necesario o, distribuir estas competencias en Salas Auxiliares o Mixtas”.
La iniciativa fue presentada originalmente por Oiga Sánchez Cordero Dávila, actual secretaria de Gobernación, el 27 de noviembre de 2018.
Remedios temporales ante falta de magistrados
Durante estos años, el Tribunal anticorrupción del país tuvo que recurrir a “remedios temporales” para poder “paliar la omisión de los nombramientos de los magistrados”, así lo señala el dictamen citado al reseñar la iniciativa de Sánchez Cordero Dávila.
En específico, desde el 7 de julio de 2017, el TFJA tuvo que ”transformar temporalmente a la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana en Sala Regional Mixta, a efecto de que asumiera competencia de Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves”.
En el reporte titulado “Magistraturas anticorrupción. Figura jurídica especializada para mejorar la calidad del servicio público”, publicado poco antes de que comenzaran a designarse a los magistrados anticorrupción —26 de Marzo de 2021—, el Instituto Belisario Domínguez advertía del gran rezago que se tenía en estos nombramientos, principalmente por falta de consenso político.
“Un punto pendiente para la puesta en marcha de estos funcionarios del Poder Judicial ha sido la aprobación de las ternas por parte del Senado de la República, lo cual ha sido aplazado desde 2017”, refiere el informe, que indica además que su resolución abonará a las acciones para lograr un gobierno más transparente, eficiente y sujeto a la evaluación pública.
