"Yo no firmé más que un plano que me presentó César (González Gil) diciendo que yo era su vecino”
Audios y videos exhiben a los presuntos despojadores del rancho “Los 13 hermanos”, cuando confiesan haber alterado las medidas y colindancias del predio que una familia posee desde hace más de un siglo.
De viva voz, los integrantes de esta banda admiten que realizaron trámites a nombre de un hombre muerto, para modificar un plano con el que se consumó el despojo documental del terreno.
Alejandro González Guerrero murió en 1987, pero “revivió” 19 años después para comparecer en una constancia de medidas y colindancias con la que se absorbió el rancho de María Margarita García Castillo.
Este trámite municipal fue elaborado por el exsíndico primero de Montemorelos, el priista Israel Gómez Palma, quien fue denunciado penalmente por la dueña legítima.
El nieto del fallecido, César González Gil, confiesa en una conversación grabada que él solicitó al exfuncionario la constancia a nombre de su extinto abuelo.
“No la podía haber hecho, porque él ya había muerto”, se escucha en el audio fechado el 21 de noviembre de 2012.
“La rectificación de medidas yo la hice. Ese documento es simplemente un chequeo que hizo un síndico y que no tiene ninguna validez”.
Entonces, en la grabación se escucha que los denunciantes lo increpan. Dicen que él solicitó la rectificación cuando todavía no era dueño del terreno colindante de su abuelo.
Él responde confuso: “No lo sé. Te vuelvo a insistir, estamos agarrados de un papel que no tiene ninguna validez”.
Incluso, el tío del confeso, Virgilio González Rojas, confirma en otro de los audios que su sobrino fue quien hizo esa rectificación.
“Bueno, no fui yo, pero ha de haber sido mi sobrino”, se escucha en una declaración realizada ante el Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar de Primera Instancia, el 26 de noviembre de 2012.
Esta manifestación formó parte del juicio civil promovido por la dueña del rancho para nulificar una escritura presuntamente fraudulenta, y cuyo fallo está apelado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En la grabación, uno de los secretarios del Juzgado le pregunta si él y su sobrino rectificaron las medidas y colindancias a nombre del hombre muerto.
“¿Diga si es cierto que usted hizo trámites de rectificación de medidas a nombre de su difunto padre?”, le cuestiona.
“Es cierto”, responde con claridad.
En un video del 3 de julio de 2012, el expresidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León, Manuel de la Garza Robertson, confiesa que firmó un plano con esas nuevas medidas.
Pero, según él, fue a petición de César González Gil y “no revisó” las implicaciones legales que tendría la rectificación.
“Yo no firmé más que el plano que me presentó César diciendo que yo era su vecino”, dice, “ese plano no tiene carácter de propiedad, es un plano de referencia”.
En otra conversación, este mismo personaje niega haber acudido a la Notaría Pública Número 68, encabezada por Francisco González Salazar, primo del exgobernador Natividad Gonzáles Parás.
“No fui a la notaría. Yo no estuve en esa. No sé de qué me estás hablando”, asegura en el audio fechado el 21 de noviembre del año pasado.
Sin embargo, la escritura pública número 37 mil 828 prueba que el empresario sí acudió con el fedatario para protocolizar la rectificación de medidas y colindancias.
Estas pruebas fueron presentadas a la Agencia del Ministerio Público de Allende y se integraron a la averiguación previa número 103/2012-I-3, pero el fiscal a cargo del caso dictó el inejercicio de la acción penal a favor de los acusados.