Madres en la lucha

“Nos dijeron que eran representantes de los Zetas, ordenaron que ya no buscáramos a mi hijo o lo iban a matar”, a eso se enfrentó María Guadalupe Fernández los primeros días de búsqueda de José Antonio Robledo Fernández, desaparecido desde el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila.

Enfrentarse con miembros del crimen organizado sería solo el inicio de la batalla que sostendría Guadalupe los siguientes años para lograr dar con el paradero de su hijo y exigir justicia.

La madre de José Antonio ha ido a Italia para visibilizar el tema de la desaparición en México, ha dado su testimonio en Roma y también formó parte de la caravana a Estados Unidos con el Movimiento por la Paz encabezado por el poeta Javier Sicilia.

Además, Guadalupe se abrió camino y se formó en temas de derechos humanos, desapariciones forzadas, fosas clandestinas e identificación forense.

A sus casi 70 años, María Guadalupe forma parte de las miles de madres que han tenido que encarar funcionarios hasta buscar restos en fosas clandestinas y todo con un solo objetivo: dar con el paradero de sus seres queridos.

Rascar la tierra para luchar contra el olvido es lo que representa el Colectivo Solecito en Veracruz, ahí, más de un centenar de familiares de desaparecidos han rastreado huellas durante el último sexenio; fue así como dieron con el predio Colinas de Santa Fe, donde para julio de 2018 habían encontrado 300 cuerpos.

En esta lucha titánica, las madres han tenido el valor de también encarar a funcionarios. Tal es el caso de Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí, joven desaparecida en Veracruz desde 2012.

Para octubre de 2015, la madre de la chica le reclamó al entonces gobernador del estado, Javier Duarte, que mientras él disfruta con su familia del recién nombrado Pueblo Mágico, Orizaba, ella no vive desde que se llevaron a su hija.

“Aquí está su pueblo mágico donde nos desaparecen a nuestros hijos”, le espetó.

Entregaron a mi hijo a los Zetas

La ausencia de José Antonio se dio a conocer a través de la novia del muchacho. Ella le contó a Guadalupe sobre la última llamada que tuvo con su hijo. Aquella vez no solo escuchó la voz del joven, también la de hombres que le preguntaron de dónde era, y cuando dijo que “del Distrito” lo empezaron a golpear. Fue la última vez que hablaron con él.

Sentada en la sala de su casa, donde en cada mueble cuelga una foto de su familiar ahora desaparecido, María Guadalupe relata que se inició la averiguación previa hasta el 28 de enero de 2009, y desde entonces ha sido pugnar porque las autoridades hagan su trabajo.

“Mi esposo y yo nos fuimos rápido a Monclova, buscamos su coche, todos los días íbamos a la cruz roja, a los hospitales privados y públicos y nada, no había rastro de él”.

La madre cuenta que la compañía ICA Flour, para la cual trabajaba su hijo como ingeniero civil foráneo, inmediatamente se deslindó del suceso bajo los argumentos de que había sido sustraído en día inhábil, y el vehículo que traía no era de su propiedad.

“En ese transcurso de tiempo y con nuestras propias investigaciones pudimos saber que era el jefe de seguridad y el chofer de la compañía quienes habían entregado a mi hijo a los Zetas”.

Diez años más tarde y sin dejar de recordar que las autoridades le repetían una y otra vez que su hijo había estado en el momento y el lugar equivocado, Guadalupe no deja de buscarlo.

“Ha sido muy difícil porque también uno tiene que lidiar con las enfermedades, me dio un infarto hace cuatro años, un derrame cerebral y obviamente está la depresión que es latente. Lo difícil no es cambiar de hábitos en la vida, sino vivir en la incertidumbre”.

Guadalupe, a quien por momentos la interrumpen las lágrimas, sostiene que si su caso tiene líneas de investigación y responsables en la cárcel, es porque tanto ella como su esposo se involucraron al 100 por ciento en ello.

Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) indican que, tan solo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, casi cada dos horas desaparecía una persona en México.

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Peregrinar en el norte

Diez años son los que ha esperado Yolanda por el regreso de su hijo Roberto Oropeza Villa. El joven, quien se había ido de viaje a trabajar, está desaparecido desde el 21 de marzo de 2009.

A sus 54 años, Yolanda Oropeza forma parte del universo de madres que buscan a sus hijos desaparecidos.

“Mi hijo se fue a trabajar a Piedras Negras, Coahuila, junto con otros 11 compañeros que se dedicaban a vender pintura”.

Sentada en el comedor de su casa y con las fotografías de la boda de su hijo de fondo, Yolanda relata que el jefe de su hijo sí lo buscó, pero solo por cuatro días desde su desaparición.

“Cuando vi que ya no iban a hacer nada fue cuando me empecé a mover”.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, Yolanda decidió no quedarse de brazos cruzados, y en compañía de los familiares de los 11 compañeros empezaron a ir a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para que ésta atrajera el caso.

Pero el camino de Yolanda no terminó al tocar las puertas de la PGR. El amor y las ganas de volver a ver a uno de sus hijos la llevó a recorrer los Centros de Readaptación Social (Ceresos) de Torreón y Gómez Palacios.

“Yo nomás me dedicaba a juntar dinero para ir a buscarlo, una vez que no tenía para irme yo tenía un colchón nuevecito que me había comprado mi hijo, lo tuve que vender junto con mi refrigerador, mi estufa, vendí mis cosas para poderme mover”.

Un año fue el tiempo que recorrió los estados del norte de la República con la esperanza de regresar con su hijo de 25 años. Yolanda visitó San Luis Potosí, Monterrey, Durango, y por supuesto Piedras Negras.

Si bien la madre de Roberto camina con esperanza de obtener una pista del paradero de su hijo, el tiempo ha ido causándole estragos.

“Uno pregunta por su hijo y cómo que la gente te tira de a loca, te ven feo o de plano no te quieren decir porque dicen que se pueden meter en problemas”.

Aunado a su dolor emocional, Yolanda afirma que ha padecido problemas de salud generados por la depresión hasta volverse hipertensa.

Para esta madre, antes del 2009 el 10 de mayo representaba mucha alegría.

“Mi hijo venía muy contento con sus hermanos, yo cuando regresaba de trabajar ya tenían la comida hecha y él siempre me daba mi regalito aunque sea un chocolate pero ahí venía mi niño. En general mi vida antes era tranquila, no saben todas las vidas que tocaron porque no solo a mí me dejaron sin un hijo, sino que dejaron a dos niñas sin su padre y a una esposa sin su marido”.

De recepcionista a activista

“Tener a un hijo desaparecido es una tortura que no tiene descanso. Mi muchacho sólo tenía 23 años”, dice Araceli mientras trata de ponerse en su sudadera un botón con la cara de su hijo.

El policía federal Luis Ángel León Rodríguez desapareció el 16 de noviembre de 2009, en Zitácuaro, Michoacán, cuando iba con seis compañeros más y un civil a Ciudad Hidalgo para ocupar la Secretaría de Seguridad pública municipal.

Su madre, Araceli Rodríguez, quien pasó de recepcionista a activista y a futura abogada, dice que nueve años y cinco meses después de la desaparición de su hijo no se sabe con certeza qué les pasó.

“Al principio sí hubo investigación y con su curso se pudo llegar con personas detenidas del cártel de los Caballeros Templarios, por el hecho de la desaparición de los policías, pero realmente no sabemos dónde están. Es una gran incertidumbre, es como vivir con una cruz a cuestas que pesa demasiado por tanto dolor, tanta agonía”.

“A los seis meses de buscarlos, comenzaron las llamadas de que ya le paráramos, que ya no buscáramos”, y amenazaron con atacar a sus otros hijos.

A pesar de lo anterior, Araceli decidió integrarse al Movimiento por la Paz y le exigió a Genaro García Luna, en ese entonces secretario de seguridad pública, saber dónde estaban los muchachos.

Araceli, quien antes de que le arrancaran un pedazo de corazón tenía una vida tranquila, lamentó que realmente quienes hagan toda la investigación para dar con sus hijos sean las familias, y reclama que que ellos se hayan convertido en investigadores, en peritos de campo, en aprendices de cómo se resguardan los restos o cómo asegurar la zona para que las evidencias no se contaminen

“Hace poco más de un año fuimos a colar la tierra en Zitácuaro, Michoacán, en el cerro la Coyota y me traje tierrita porque dicen que ahí fue donde descuartizaron e incineraron a Luis Ángel.

“Yo no estoy segura de que ese sea el lugar, pero si lo fue, seguramente en esta tierra hay partículas de Luis Ángel y de los otros muchachos”.

Motivada por poder ayudar a otras personas en su misma situación, Araceli cuenta que cuando su hijo desapareció solo tenía la primaria, pero en este camino de lágrimas decidió no solo estudiar la secundaria y la preparatoria, sino también la licenciatura en derecho.

Un Estado rebasado

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, explica a Reporte Índigo que en México no se puede afirmar si ha habido un aumento de desapariciones.

“Lamentablemente no tenemos una línea base sobre la cual podamos iniciar una comparación con toda la eficacia que nos gustaría, la verdad es que hay pocos registros sobre este delito. La contabilidad de las desapariciones se da a partir del sexenio del presidente Calderón con el RNPED”.

Entre las fallas del RNPED, Rivas destaca que en muchas ocasiones la información relacionada con desaparecidos no ha sido sistematizada o no se atiende.

“Si bien en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares se establecen los criterios para definir a una persona desaparecida y a una extraviada, y qué se tiene que hacer en cada caso, en 20 procuradurías y fiscalías estatales no había ningún tipo de registro en sus páginas, o tenían inconsistencias importantes que a su vez generan duplicidad en los datos”.

La declaración más reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los desaparecidos fue cuando afirmó que en el gobierno se tienen 71 prioridades y la número uno es la búsqueda de desaparecidos.

“Se va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo. Estamos hablando de más de un millón de víctimas, ese fue el saldo, desde que se declaró la guerra absurda para enfrentar la violencia”.