El incremento de la tala clandestina en los últimos dos años por grupos del crimen organizado en Guerrero ha ocasionado homicidios, desapariciones, amenazas de muerte y desplazamiento interno forzado.
De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos, el alza de la tala ilegal se debe a la disminución en los precios de la goma de opio a causa del fentalino, lo que ha provocado un auge en otras actividades ilícitas para obtener dinero.
“Después del colapso del mercado de la goma de opio tuvieron que estar diversificando las actividades de ingreso para ellos, como el aprovechamiento ilegal de la madera, la extorsión con las empresas que están aprovechando la minería en la sierra (…), el robo a ganado.
“La extorsión a los dueños de las huertas de mango en Costa Grande y Tierra Caliente, algunos de aguacate”. Así lo explica un integrante del Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra de Guerrero.
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Las comunidades más afectadas por la tala clandestina han sido Ciénega de Puerto Alegre, en San Miguel Totolapan; y Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, donde se han registrado asesinatos, desapariciones y extorsiones relacionadas con este delito.
La situación es tan grave que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un exhorto a las autoridades competentes el pasado 19 de abril para proteger a los habitantes ante la violencia que azota la región por esta causa.
Asesinatos y desapariciones por tala ilegal
El asesinato más reciente fue el del defensor ambiental Carlos Marqués Oyorzábal, el pasado 3 de abril, quien también era comisario municipal del poblado Las Conchitas, en San Miguel Totolapan, y estaba en contra de la tala ilegal.
Después de su homicidio y de que fuera desmembrado, su familia denunció que había sido amenazada de muerte y clamó por seguridad a las autoridades y también por ayuda porque la comida se había agotado.
El 8 de abril, representantes del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, así como autoridades federales y estatales, acudieron al ejido de Hacienda de Puerto Alegre para llevarles alimentos y medicamentos, pero no les brindaron atención médica psicológica por la crisis tras las muerte de Carlos, dice el documento.
Aunque intentaron extraer a la familia, ésta rechazó la medida y decidió quedarse en la comunidad.
Además, solicitó una base de la Guardia Nacional en Agua Escondida, una reunión interinstitucional y una reunión con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Pero el asesinato de Marqués Oyorzábal no es un hecho aislado: el 16 de octubre de 2020, en el poblado El Perro, en Coyuca de Catalán, desaparecieron Elías Gallegos Coria y su hijo Fredi Gallegos García; ambos participaban en la organización que integra el ejido para defender sus árboles de la tala ilegal.
El documento señala que aunque la esposa de Elías presenció el hecho y lo denunció ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, no le tomaron su testimonio. Por esa razón y porque se enteró de que tres personas fueron detenidas y posteriormente liberadas sin realizarse las diligencias necesarias, ella abandonó su domicilio.
Violencia sin atender
La situación de violencia por el control de la madera se remonta al menos a 2019, cuando ambas poblaciones emprendieron por separado proyectos de aprovechamiento de recursos forestales maderables sustentables que fueron autorizados por la Semarnat, pero que están suspendidos.
“El 1 de enero de 2019, a la comunidad de Ciénega Puerto Alegre, la delincuencia organizada le exigió, para dejarlos trabajar, una cuantiosa suma de dinero que los ejidatarios se negaron a pagar, obteniendo como respuesta, amenazas de muerte y el homicidio de cinco personas ejidatarias”, dice el documento de la CNDH.
Mientras que el 30 de marzo de 2020, en Guajes de Ayala un grupo criminal se presentó en su campamento, saqueó la madera y robó materiales, lo que provocó que personas dejaran su hogar y emigraran a otros sitios.
“Es un lugar de silencio”
La violencia en la región por la tala ilegal provocó que pobladores de la comunidad Ciénega de Puerto Alegre tomaran sus propias medidas para la defensa de sus bosques desde finales del 2020, ya que es un lugar olvidado y de silencio, según los testimonios.
En el caso específico de la Ciénaga de Puerto Alegre crearon un frente de ejidatarios, de ciudadanos, como una especie de policías o de autodefensa, es decir, con sus propias armas están ellos defendiéndose del grupo que los está acosando, que los está invadiendo, de los que se están llevando la madera
El activista explica que tuvieron la necesidad de hacerlo porque aunque han pedido muchas veces protección de las autoridades municipales, estatales y federales, no han sido escuchados. Una de sus principales demandas es que integrantes de la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina y la FGR acudan, pero ninguno de ellos se ha acercado.
“¿Por qué? Eso no lo sabemos, nos imaginamos que hay muchos intereses, por eso no se han acercado al territorio y por eso ellos optaron en defender su territorio y sus recursos naturales”.