Luego de secuestros chinos piden garantías

Un centenar de asiáticos de origen chino cerró ayer sus restaurantes y protestó por la privación ilegal de la libertad, así como la extorsión a sus comerciantes, por parte del crimen organizado.

Es la primera ocasión que la inseguridad es causa de protesta para una comunidad extranjera en Nuevo León.

Aunque algunos comerciantes aseguraron que fueron varios los plagiados, fuentes de la Procuraduría del Estado dijeron extraoficialmente que solamente fueron tres las personas secuestradas.

Según los integrantes de la comunidad china en el área metropolitana de Monterrey, un grupo de la delincuencia organizada privó de su libertad a varios hombres y mujeres desde la semana pasada.

Los secuestros habrían sido efectuados entre Escobedo y Apodaca, pero luego del pago de un rescate las víctimas fueron liberadas.

Sin embargo, fuentes de la Procuraduría aseguraron que más que una protesta, se trató de una simple reunión de los integrantes de la comunidad.

Lo cierto, es que fueron unos 100 chinos los que se reunieron en dos diversas ocasiones antes de dirigirse al Instituto Nacional de Migración, localizado en la avenida Lázaro Cárdenas.

Ahí, a unos metros del cruce de esa vialidad con la avenida Río Nazas, se ubicó un grupo que empezó a dialogar solamente entre los miembros de su comunidad.

Y ya posteriormente pasaron al frente de las oficinas de la delegación federal del Instituto Nacional de Migración.

Ahí trataron de hablar con personal de la delegación federal.

Pero el cónsul de ese país en México, Liang Jinang, fue el único que tuvo acceso a una reunión con el delegado de Migración, Luis Islas.

Según las autoridades, en la reunión el cónsul presentó una queja sobre el tema de inseguridad y específicamente sobre el secuestro de sus connacionales.

Luego, los integrantes de la comunidad china se retiraron porque tendrían una reunión con el Procurador del Estado, Adrián de la Garza Santos.

Ya en una ocasión, en abril, algunos integrantes de la comunidad china habían expresado a los medios de comunicación que recibían amenazas del crimen organizado para que pagaran una cuota.

Pero en esa ocasión no presentaron alguna denuncia formal ante el Ministerio Público, que es lo que ayer también argumentaban las autoridades.

Los integrantes de esta comunidad, la mayoría comerciantes, aseguran que en los suburbios del área metropolitana reciben constantes extorsiones de parte de gente que dice pertenecer al crimen organizado.

Y que aunque dan aviso a la autoridad, solamente los remiten a que den los datos de sus presuntos extorsionadores, pero no hay investigaciones para encontrar a los culpables.

Según integrantes de esa comunidad ayer habrían sido cerrados más de 200 restaurantes de comida china en el área metropolitana.