Habitantes del pueblo originario de San Francisco Culhuacán en la alcaldía de Iztapalapa buscan recuperar el panteón comunitario por el cual lucharon más de 10 años y la anterior administración perredista de la delegación, cuya titular era Dione Anguiano, les quitó para favorecer sus intereses políticos.
Se trata de los pobladores de San Francisco Culhuacán, quienes se identifican como miembros de una comunidad originaria con raíces colhua, azteca y mexica con sus propios usos y costumbres.
El panteón comunitario por el que luchan iba a ser el primero en el país con el concepto de las culturas prehispánicas. Incluso fue considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para convertirse en patrimonio.
En 2006, ante la saturación del panteón del exconvento de San Francisco Culhuacán, la comunidad pidió a la delegación un predio contiguo al excentro religioso para hacer un nuevo cementerio con el argumento de que ya no cabían más tumbas y esto no permitía rendirle un culto digno a sus familiares fallecidos.
Sin embargo, el entonces jefe delegacional, Horacio Martínez Meza, rechazó tener recursos para la construcción y tampoco quiso expropiar el predio a favor de la comunidad.
Ángel Flores Molina, vocero de los pobladores de Culhuacán, señala que esto se debe a que históricamente en Iztapalapa los políticos que gobiernan buscan favorecer a sus simpatizantes con terrenos para vivienda irregular y por no convenir a sus intereses, Martínez Meza no los apoyó.
El representante vecinal indica que su pueblo necesita un panteón que sea afín a las culturas prehispánicas y no a la occidental.
“Si existe un panteón francés o español, ¿por qué no tener uno prehispánico, uno mexica?”, menciona.
Argumenta que para la cultura de su pueblo, la muerte es sólo una transformación y no quieren estar hacinados en el cementerio del exconvento. Por ello luchan por su panteón comunitario.
Ante esto, acudieron a la dirección de Patrimonio Inmobiliario y a la jefatura de Gobierno, que en ese entonces encabezaba el ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
En 2008, Ebrard, emitió el primer decreto expropiatorio a favor de la comunidad.
Mientras que en mayo de 2011, se firmó un convenio donde la Secretaría de Gobierno de la ciudad reconoció a San Francisco Culhuacán como pueblo originario.
Después, el 3 y 4 de octubre de 2011 se emitieron otros dos decretos expropiatorios publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y que otorgaron al pueblo el uso del espacio.
Mientras que el 26 de octubre, los pobladores ocuparon legalmente el predio en un evento encabezado por Marcelo Ebrard, cuando era jefe de Gobierno.
“Ahí el licenciado Marcelo Ebrard señaló que su gobierno sí tuvo palabra, que no necesitaba la presencia de un notario”, menciona Flores Molina.
Entonces, comenzó la construcción del panteón comunitario de San Francisco Culhuacán que iba a tener las características de la última morada de las culturas prehispánicas.
La caída de los acuerdos de San Francisco Culhuacán
La intención de construir el panteón quedó frustrada cuando en 2017, la entonces delegada, Dione Anguiano, interpuso una denuncia por despojo contra los pobladores.
Los afectados acusan que esto se debió a que no cedieron a sus exigencias que estaban relacionadas con intereses políticos.
Molina Flores afirma que en 2015, solo faltaba el permiso por parte de la delegación para operar como panteón.
Sin embargo, Anguiano les pidió que reconstruyeran un salón de fiestas ubicado en el mismo predio que fue recuperado por Marcelo Ebrard para el panteón.
El representante de San Francisco Culhuacán menciona que ese espacio era conocido como “La Hacienda” y usado como giro negro para la comercialización de droga, por lo cual, se negaron a reconstruirlo.
“Ella lo quería para darlo a invasores, nosotros dijimos que no podía haber un panteón junto a un salón de fiestas. Como nos negamos, nos dijo que habría represalias”, acusa Flores Molina.
A pesar de esto, el 16 de mayo de 2015, la delegación otorgó el permiso para funcionar como panteón civil, no comunitario.
“La diferencia del civil entre el civil y el comunitario es que el civil es parte de la alcaldía”, explica el vocero del pueblo.
En diciembre de 2015, los culhuacanos invitaron a Anguiano a inaugurar el Teocalli del panteón.
En esa ocasión estuvo presente Jorge Nava, representante de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, debido a que el cementerio tenía posibilidad de convertirse en patrimonio cultural de la humanidad.
El 14 de diciembre de 2017, personal de la delegación les adviertió que Anguiano había interpuesto una denuncia por despojo contra el pueblo.
“Anguiano cumplió con su amenaza de las represalias y optó el camino más cruel para despojarnos de él, la fabricación de delitos”, denuncia.
Posteriormente, el 21 de diciembre arribaron al predio elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y personal de la alcaldía para tomar posesión del predio.
“Nos golpearon y sacaron con violencia, nosotros éramos alrededor de 70 personas, no les importó que hubieran personas de la tercera edad, igual nos golpearon”, denuncia Flores Molina.
Ante esta situación, interpusieron el amparo 49/2018 y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por la cual se emitió la recomendación 10/2018.
El Gobierno de la alcaldía, encabezado por Clara Brugada, aceptó la recomendación por desalojo violento en la que se ordena restituir el predio.
Sin embargo, hasta la fecha no lo ha devuelvo a la comunidad a pesar de que hay cerca de mil restos en el predio.
Por lo cual, los afectados llamaron tanto a la alcaldía como a la Secretaría de Gobierno a regresar el Panteón debido que la sentencia del amparo 49/18 dictada en mayo de 2018 también les dio la razón.