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En septiembre del 2009, Antonio Rendón fundó Intelbureau, una empresa dedicada a realizar estudios e investigaciones de coyuntura. En abril del siguiente año recibió su registro como marca por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y en julio terminó oficialmente el proceso.
Ese título ampara el nombre de la marca y el diseño de su logotipo hasta el 2019. El nombre, sin embargo, ya era utilizado por esta empresa desde que fue creada.
El 15 de octubre del 2012, llegó hasta las oficinas de Intelbureau una carta del despacho Arochi, Marroquín y Lindner, S.C., los apoderados legales de Intel Corporation.
En el documento, el despacho pide a Intelbureau cancelar de forma voluntaria su registro, cesar el uso de su dominio en Internet (intelbureau.com) y modificar el diseño y toda la documentación relacionada con ese nombre.
El argumento: el uso de la marca Intelbureau puede confundir a los consumidores con Intel Corporation.
“Es obvia la semejanza en grado de confusión entre la marca famosa Intel, propiedad de Intel Corporation, y la denominación Intelbureau, empleada por su sociedad.
“Lo anterior ciertamente genera preocupación a Intel Corporation, no solo por la posible vinculación por el público consumidor entre la marca famosa de nuestro cliente y de su empresa, sino además por el riesgo de dilución de la marca Intel”, detalla la carta firmada por Miguel Ángel Margáin, quien en ese entonces era uno de los socios del despacho.
Intel Corporation es una empresa con presencia a nivel mundial, fabricante de microprocesadores para computadoras.
“Uno sabe que cuando te llega una demanda de estas, es una demanda que va a ir a tres rounds, y no hay manera de bajarse de esa pelea. Y que lo que buscan es ahogarte con los gastos y con la defensa de tu propia marca, porque no tendrías que defender algo que ya te fue otorgado legítimamente”, detalla Rendón.
Intel Corporation obtuvo del IMPI la declaración de “marca notoria y famosa” el 23 de agosto del 2010, cuatro meses después de que Intelbureau recibiera su registro.
El despacho defensor de la trasnacional argumentó que esta declaratoria le daba preferencia a esa marca sobre otras que usen el vocablo “Intel”.
Intelbureau respondió en una misiva que no desistiría del uso de su marca, pues consideraba que la confusión de nombres no ha lugar, debido a que se trata de giros totalmente distintos.
Esto, sin contar que Intel Corporation obtuvo su título de marca famosa en fecha posterior a la petición de desistimiento, por lo que se intenta hacer una aplicación retroactiva de los efectos a los que tiene derecho una marca con esas características.
Dos meses y medio después de que Rendón recibiera la misiva, Margáin fue nombrado director general del IMPI. Es decir, se convirtió en juez y parte. En la autoridad que decidirá el futuro de la marca de la pequeña empresa de Rendón.
A mediados de enero de ese año, Intelbureau envió una nueva carta a Arochi, Marroquín y Linder, S.C., dirigida a Miguel Ángel Margáin, quien en ese momento ya era director general del IMPI.
La carta fue recibida por el despacho, a pesar de que Margáin ya era funcionario público.
Semanas después, el despacho envió de nuevo una petición de desistimiento a Rendón, pero ahora firmada por otro abogado de la firma.
Intelbureau no la aceptó, pues los mensajeros pidieron que le entregaran la primer carta, firmada por Margáin. En Intelbureau no accedieron.
Ante la negativa, el 24 de septiembre del 2013 los abogados de Intel Corporation presentaron ante el IMPI una solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad contra el registro de Intelbureau.
Fue entonces cuando comenzó la batalla de la pequeña empresa, en la que laboran 10 empleados, contra el gigante trasnacional.
‘Es una cuestión de principios’
Para Intelbureau, la defensa de su caso ha implicado una inversión de varios miles de pesos que no recuperará, pues el marco legal no obliga a que –en caso de ganar- se le restituyan los gastos de su defensa.
“Esta es una cuestión de principios. Al final de cuentas somos una empresa que ha logrado un posicionamiento por nuestro trabajo, y que nos buscan por nosotros, no necesariamente por nuestro nombre. Pero eso no quiere decir que en algunos años esta ecuación se invierta y el nombre tenga un mayor peso.
“Estamos invirtiendo en un futuro y se nos está cortando ese futuro. Por eso estamos haciendo esta defensa, porque no me parece justo que nosotros tengamos que hacer un cambio de nuestro nombre, de nuestra marca, de nuestro sitio y de toda nuestra imagen gráfica, por complacer a un niño millonario como es Intel”, afirma Rendón.
La resolución del caso está en manos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dirigido ahora por Miguel Ángel Margáin.
Lo que Intel Corporation está haciendo con Intelboureu se inscribe en una práctica de trademark bullying, término reconocido por autoridades de Estados Unidos como el uso de estrategias hostiles y de acoso para forzar a pequeñas y medianas empresas a cancelar sus marcas para intentar hacerse del dominio del mercado.
No es un caso aislado
Intel Corporation ha presentado varios casos contra empresas pequeñas por el uso del vocablo “Intel”.
Algunas de ellas son Inteljeans, una compañía de Indonesia que tuvo que suspender sus operaciones; Intellesthetics, una marca norteamericana dedicada a la producción de productor dermatológicos como cremas y jabones; o Western Intel, una empresa enfocada a servicios de investigación privada.
Ninguna de ellas se relaciona con la creación y producción de microprocesadores.
Los enredos de Margáin
No es la primera vez que Miguel Ángel Margáin ha quedado en medio de un conflicto de intereses entre quienes alguna vez representó y las empresas que defienden casos ante el IMPI.
> El iFone
Uno de los casos fue el de la empresa mexicana iFone, que ganó a iPhone, de Apple, el litigio por la marca.
El despacho del que Margáin fue socio representó a la trasnacional Apple. Y aunque la mexicana iFone ganó el litigio, el IMPI absolvió a Apple, argumentando que son las empresas telefónicas las que comercializan el aparato con el nombre de iPhone.
En mayo del 2014, Eduardo Gallástegui –representante legal de iFone- acusó al titular del IMPI como responsable de congelar el resolutivo que la empresa mexicana requería para poder iniciar un juicio civil ante otra autoridad judicial y reclamar la reparación de daños.
La empresa iFone es propiedad de Édgar Kuri Slim, sobrino del empresario Carlos Slim.
> La Eccosport
Otro caso es el de la empresa turística Eccosport, con sede en Veracruz, quien entabló un juicio contra Ford por el uso de su marca para nombrar un modelo de sus camionetas.
El caso de la Eccosport veracruzana siguió todo el camino legal por más de 10 años, y llegó hasta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, quien declaró el registro de marca de Ford como ilegal.
El litigio siguió hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratificó el fallo del Tribunal. El IMPI tuvo que cancelar el registro de la marca que poseía Ford.
Sin embargo, siete meses después de que Margáin fue nombrado director del IMPI, este Instituto hizo caso omiso a la resolución de la SCJN y otorgó un nuevo registro con el nombre de Ecosport a la empresa Ford.
Antes de ser servidor público, Margáin contaba con los poderes de representación y defensa de la marca Ford en México.
‘Es la Iglesia en manos de Lutero’
Días después de su llegada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Miguel Ángel Margáin se excusó de todos los casos en los que habría estado involucrado como abogado en el despacho donde trabajaba.
Sin embargo, para Antonio Rendón, dueño de Intelbureau esta excusa no ha sido suficiente.
“Tuvimos conocimiento de que Margáin había tomado posesión como director general del IMPI; es decir, él ahora será responsable de dirimir este tipo de controversias. Es la Iglesia en manos de Lutero”, expresó Rendón.
El despacho al que pertenecía Margáin, ahora Arochi & Lindner, se define como la “más respetada y reconocida firma en Latinoamérica sobre la protección de la propiedad intelectual”.
Entre sus clientes cuenta a empresas importantes de México y el mundo, como Ford, Apple, LFH Louis Vuitton, entre otras.
La hipótesis del dueño de Intelbureau es sencilla: si Margáin alguna vez representó a estas empresas, es posible que aun prevalezcan los lazos de interés con ellas.
“Asumiendo que él (Margáin) desde su práctica privada suscribía el trademark bullying al ser él quien llevaba las cartas de cese y desista en contra de compañías como la nuestra para defender los intereses de Intel, mi pregunta es si ahora como funcionario público conservará este mismo criterio, y cuál es el interés que mantiene con todos sus exclientes”, cuestiona Rendón.
Para el propietario de Intelbureau, aunque Margáin se haya excusado de conocer ciertos casos que maneja el IMPI, persiste la duda sobre la función que ejercen otros funcionarios del Instituto, pues todos son subalternos del abogado.
Sin embargo, Rendón reconoce que hasta el momento el IMPI no ha actuado de forma sesgada, aunque prefiere mantenerse en alerta por la manera en que se han resuelto otros casos.
“Esperamos que si él (Margáin) optó por el camino del servicio público, venga eso de la mano con un compromiso de verdaderamente servir a los intereses de la sociedad y no de los intereses privados de sus clientes. Ojalá esto se imprima en todos los niveles del Instituto para que haya una actuación imparcial”, señala.