El transporte público de Nuevo León se ha convertido en el epicentro de discusión entre los diferentes actores políticos, en donde prevalecen los intereses partidistas en lugar de una propuesta conjunta para mejorar el servicio a los usuarios.
Diputados del Congreso local y funcionarios del gabinete han manifestado diferentes posturas por la propuesta del Gobierno de Nuevo León de solicitar una deuda para adquirir el total de las unidades y lograr su plan de estatizar el sistema de transporte público.
Mientras el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón quiere tomar el control mediante un financiamiento de 4 mil 910 millones de pesos solicitados al Congreso para liquidar a los transportistas que no quieran continuar bajo los lineamientos del Estado, los legisladores aseguran que esta propuesta no es viable
Esta cifra tendría cargo a 2020 y 2021 para pagar las unidades de las empresas que no quieran seguir en el negocio. El Estado no adquiriría modelos anteriores a 2010 y la valuación tomaría en cuenta la depreciación por uso y vida útil.
El secretario de Gobierno, Manuel González, aseguró que la decisión de adquirir los camiones urbanos sería una medida muy importante para defender a los usuarios de este sistema público.
“El Gobierno ha tomado la decisión asumir la adquisición total del transporte público. Y con esto, el Gobierno toma, tal vez, la decisión más importante en materia de movilidad y transporte en la historia del estado de Nuevo León, y muy probablemente la decisión más importante en lo que resta de este mandato”, aseguró González.
El secretario dijo que el Congreso también tendría que atender la demanda de tener un mejor servicio.
“El Poder Legislativo también tiene la necesidad de atender al pueblo y ya les dije que allá está la bola, en el Congreso, por más que quieran regresarla”, señaló el funcionario.
A Manuel González lo acompañaron el titular de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria; el tesorero, Carlos Garza, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital. Mientras que la única bancada del Congreso local que acudió completa fue la del Partido del Trabajo.
PAN acusa de presión, Morena pide claridad
Desde que el Gobierno solicitó una deuda por 4 mil 910 millones de pesos el 9 de mayo para la compra de las unidades del transporte público, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) arrancó esta semana una serie de acciones contra el Estado.
Dos días antes que acabara el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, los diputados panistas, que tienen mayoría, rechazaron cuentas del Gobierno, la deuda para la Presa Libertad y solicitaron una auditoría por la compra del avión no tripulado.
El coordinador del PAN del Congreso local, Carlos de la Fuente, consideró que existe presión del Gobierno para que sea aprobada esta deuda, pero aseguró que no accederán a las acciones del Estado.
“Sí lo veo bien, pero el método es el que no. La iniciativa carece de sustento financiero, creo que se deben buscar otros esquemas. Espero que cuando se trate de ciudadanos quitemos el partidismo en el tema”
Carlos de la Fuente expresó que pensaba que después de adquirir las unidades del transporte público habría licitaciones públicas entre empresas del ramo para la entrega de concesiones.
“Cuando a nosotros nos llamó el secretario de Gobierno, Manuel González, para adquirir los camiones, pensamos que era un puente para luego hacer una licitación pública con todas las empresas del ramo, hay muchísimos empresarios allá afuera que quieren participar, es solamente que los inviten, es lo que estamos buscando nosotros”, aseguró el coordinador panista.
Por su parte, el líder de la bancada de Morena, Ramiro González, considera que además de la adquisición de unidades de transporte público se tienen que estudiar otros esquemas financieros.
“Sí lo veo bien, pero el método es el que no. La iniciativa carece de sustento financiero, creo que se deben buscar otros esquemas. Espero que cuando se trate de ciudadanos quitemos el partidismo en el tema”
Las reglas de operación deberían de establecerse y aclararse, así como instaurar el costo de las unidades, factor que ha provocado cierta resistencia de algunas bancadas del Congreso local.
“Cuando tengamos todo transparente, inclusive cuando invitemos organismos a mesas de trabajo y lleguemos a algo, creo que al transporte le va ir bien”, concluyó González.
