La batalla por democratizar el sindicato ferrocarrilero data de finales de la década de los cincuenta por un movimiento encabezado por Demetrio Vallejo y Valentín Campa, en el que que, al igual que ahora, se exigían mejores condiciones laborales para los empleados y la democratización al momento de elegir a sus líderes.
Juan José Calixto es heredero de ese movimiento, actualmente es presidente de la Agrupación de Jubilados Ferrocarrileros y miembro de la Gran Comisión Ferrocarrilera. Durante sus años en activo fue el director general del jurídico del STFRM y ejerció como mecánico.
“Estuvimos toda la vida en esta lucha, nosotros participamos en el movimiento nacional ferrocarrilero de Demetrio Vallejo. Actualmente el conflicto es por el cacicazgo de Víctor Flores y sus cobros de cuotas sindicales”, señala.
El entrevistado comenta que como jubilados, el STFRM les descontaba el uno por ciento de su pensión como cuota sindical. Después de un conflicto legal, el Sexto Tribunal Colegiado determinó que el descuento era indebido, se tenía que cancelar, y resarcir el daño.
“Víctor Flores nos decía ‘ya les estoy dando de tragar, paguen su cuota sindical. Ya logramos terminar con el estatuto de la cuota, pero aún falta que se devuelvan los 700 millones de pesos que se estuvieron descontando”, agrega.
Calixto comenta que actualmente se encuentran trabajando con la Secretaría de Gobernación en el tema, pero no han habido avances.
“El actual Gobierno federal se comprometió a resarcir el daño de la época neoliberal, nosotros somos afectados por el neoliberalismo. Nos dice que los sindicatos tienen autonomía, pero nosotros creemos que esa autonomía no es para robar ni para la impunidad. Actualmente nuestro caso está congelado, estamos en pláticas con Gobernación pero esas pláticas son solo para decir que nos atienden”, denuncia.
Otra de las exigencias del movimiento de jubilados ferrocarrileros es el uso y disfrute de diez Centros Deportivos que de acuerdo con un contrato firmado entre el sindicato ferrocarrilero y Kansas City Southern de México, serían para los jubilados y sus familias, pero no ha sido así.
“Con la desaparición en 1997 del Contrato Colectivo de Trabajo por la privatización, se especificó que teníamos el derecho de tener alrededor de diez Centros Deportivos que nosotros mismos pagamos”
“Se hizo un convenio para que el sindicato los administrara pero que el uso y los frutos de esos Centros Deportivos, que generan entre tres y cuatro millones de pesos mensuales, fueran para nosotros. Desde 1997 Víctor Flores no ha rendido cuentas al respecto. Nos dicen que ese es un problema de Víctor, pero esa es propiedad federal. Las autoridades están siendo omisas y le deben de exigir a Víctor Flores que regrese todo. Esa es nuestra lucha y así seguiremos”, concluye.
