Los últimos caprichos

Terminan las administraciones, pero hay alcaldes que no quieren irse sin dejar su marca personal en los ayuntamientos.

Es el caso de Francisco Ayón López, alcalde interino de Guadalajara en sustitución del hoy gobernador electo Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y Héctor Vielma Ordóñez, alcalde de Zapopan.

Ambos están tomando decisiones cruciales de último momento que afectarán a sus sucesores.

Se trata de proyectos cuestionables y de gran envergadura que no les tocará administrar.

El gobierno de Guadalajara compró sin licitación cámaras para las patrullas de la Policía Municipal. La erogación fue de alrededor de 14 millones de pesos.

Y Vielma Ordóñez hizo lo propio al asignar del mismo modo la modernización del catastro de Zapopan, obra que tendrá un costo aproximado de 60 millones de pesos.

Ambos proyectos se suman a la larga lista de asignaciones directas hechas por las dos administraciones priistas.

En el caso del Ayuntamiento de Zapopan, regidores de oposición han señalado la forma discrecional en que Vielma Ordóñez ha adjudicado proyectos sin licitación.

Y es que aunque la ley establece que la asignación directa se debe usar de manera extraordinaria, de las 330 obras realizadas en 2010 en el municipio zapopano, 249 fueron asignadas sin licitación.

También está el caso de la planta de tratamiento de líquidos lixiviados para el relleno sanitario de Picachos, que fue asignada a la empresa BioDAF Water Technology, cuya propuesta tuvo un sobreprecio de más de 10 millones de pesos.

En Guadalajara, el PAN reclama el uso discrecional de recursos por parte de las dependencias municipales y los grandes proyectos asignados de forma directa y con sobreprecio, como la famosa repavimentación.

A esto hay que agregar las compras para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reveladas por Reporte Indigo, las cuales beneficiaron a particulares en perjuicio del erario.

Y es que tal parece que los alcaldes quieren cumplir hasta el último de sus caprichos al invertir al final de su mandato en proyectos que son innecesarios u onerosos porque son cotizados con sobreprecio.

Porque las cámaras para las patrullas policiales tienen especificaciones técnicas que las hacen prácticamente inútiles para su función.

Las cámaras de la discordia

El pasado 2 de agosto, el pleno del Ayuntamiento aprobó la instalación de cámaras de seguridad en las patrullas del Municipio.

Dichos aparatos serían colocados únicamente en las unidades que intervinieran en los operativos denominados “columnas de seguridad”, según indicó el propio presidente municipal interino Francisco Ayón López.

Las cámaras verificarían el trabajo de los elementos policiacos al momento de hacer una detención, y con ello se podrían salvaguardar los derechos humanos de los aprehendidos, detalla el dictamen presentado por el regidor Karlos Ramses Machado Magaña.

Sin embargo, la compra de 250 cámaras de seguridad ha generado dudas con respecto a su funcionalidad. Muchos consideran que su utilidad será mínima para disminuir los delitos.

La adjudicación directa de esta compra, que tuvo un valor de 13 millones 999 mil pesos, fue aprobada por la Comisión de Adquisiciones el 25 de mayo pasado. La empresa favorecida fue SYM Servicios Integrales, S.A. de C.V., que ya era proveedora del Municipio.

La propuesta de compra no pasó por un proceso de licitación a pesar de que su monto supera lo legalmente permitido para el esquema de adjudicación directa.

El regidor de oposición Ricardo Ríos Bojórquez cuestionó la compra desde el principio.

Argumentó que no quedaba claro el impacto que tendría la adquisición de material y enseres, así como la tecnología, en el combate a la delincuencia.

Exigió que se explicara detalladamente el funcionamiento de los aparatos para sustentar la adjudicación.

Ríos Bojórquez también pidió información sobre las patrullas que utilizarían esas cámaras, el lugar donde serían instaladas, las horas de grabación de cada una y el sistema de monitoreo de la información videograbada.

El panista advirtió que la compra tendría un precio superior al de la propuesta aceptada porque la transmisión de datos no estaba contemplada en la cotización.

Ante tales cuestionamientos, el presidente de la Comisión de Adquisiciones, Javier Galván Guerrero, y el secretario de Administración, Héctor Salas Barba, explicaron que la información de las cámaras se recabaría en el Centro de Comunicación y Observación Electrónica (Cecoe).

Pero no especificaron si se haría una erogación adicional para cubrir la transmisión de datos.

En 2010 y 2011, la empresa SYM Servicios Integrales, S.A. de C.V. recibió pagos del Ayuntamiento de Guadalajara que suman casi 3 millones de pesos.

El Municipio emitió cinco pagos para la compra de chalecos antibalas, cuchillos de asalto, máscaras antigás, escudos balísticos y hasta un curso de seguridad para funcionarios VIP.

Todas estas compras fueron pagadas con recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) de 2010, según consta en los registros de Transparencia del Ayuntamiento tapatío.

Catastro millonario

El proyecto de modernización del Catastro de Zapopan ha sido cuestionado por regidores de oposición y empresas mexicanas que pudieron haber realizado las obras.

El contrato de 59 millones de pesos fue asignado directamente a la compañía Merrick Advanced. El argumento fue que no había otra empresa que cumpliera con los requerimientos técnicos.

Lo mismo se dijo para justificar la asignación de la planta de tratamiento de líquidos lixiviados del relleno sanitario de Picachos, que pudo haber costado 10 millones de pesos menos al erario.
Por eso, 15 empresas que pueden brindar el mismo servicio manifestaron su indignación, y también su sorpresa ante la falta de una licitación pública.

CartoData, Geomapa, Geoair, Georesolución, SiConsultores, Aerotécnica de México, Sistemas de Cartografía Automatizada, ICFA, Lazmex, Geofoto, entre otras empresas, publicaron un desplegado en medios locales para hacer pública su inconformidad.

Y es que de haberse realizado una licitación, quizá se habría podido contratar un servicio de modernización más económico.

Los empresarios señalan que la tecnología LiDAR no es exclusiva de Merrick Advanced, filial de una firma estadounidense.

Los regidores del PAN señalaron que interpondrán un amparo –o una suspensión del acto administrativo– para evitar que se concrete el proyecto.

Augusto Valencia López, regidor de Movimiento Ciudadano, exigió al gobierno de Héctor Vielma Ordóñez que pusiera un alto a las asignaciones directas.

Y es que la actual administración ha aplicado este esquema para la mayor parte de los proyectos de obra pública.

El año pasado, 74 por ciento de las obras fueron asignadas de forma directa y solo el 3 por ciento fueron licitadas.

Es una constante en la administración de Vielma Ordóñez, quien obvió la licitación  en proyectos que dejará inconclusos, como el Hospitalito y la planta de tratamiento del relleno sanitario de Picachos, cuyo mantenimiento requerirá una inversión millonaria.

Se trata de un uso discrecional de los recursos que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) debería revisar. Pero mientras esté en funciones el auditor Alonso Godoy Pelayo, es probable que las cuentas de Guadalajara y Zapopan correspondientes a 2011 y 2012 se aprueben sin observaciones.