"Prevalece una marcada tendencia a las relaciones clientelares y de grupo. La organización se muestra lenta en su proceso de toma de decisión y de comunicación y con una estructura que dificulta ampliamente su operación y que parece tener muchas dificultades para enfrentar cambios”
El sonado “michoacanazo”, la detención de Jorge Hank Rhon, la alerta migratoria de los tres ex gobernadores tamaulipecos y el caso del general Tomás Ángeles son los ejemplos más emblemáticos
"En cuanto a la procuradora anterior, Marisela Morales, desafortunadamente no hay buenos comentarios. Lo estoy viviendo yo, lo están sufriendo los compañeros militares y cantidad de internos en este penal y creo que en todos”
A su paso por la Procuraduría General de la República, encarceló a los inocentes y a los culpables los dejó ir. La exprocuradora Marisela Morales perdonó a personas relacionadas con el crimen organizado y nunca dio una explicación.
Con el transcurso del tiempo, ese perdón, que pretendían esconder, se ha ido complicando por la gravedad y por la peligrosidad de los implicados.
Lavadores de dinero y contrabandistas perseguidos en Estados Unidos son los personajes que están hoy libres. Y el general Tomás Ángeles Dauahare pasó más de medio año en prisión para que al final se estableciera que nunca hubo pruebas suficientes en su contra.
La polémica apenas empieza. Conforme pasan los meses, la actual administración encuentra más y más irregularidades de la mujer que estuvo a cargo de la procuración de justicia.
Su protección a delincuentes relacionados con el narcotráfico se inició desde que era subprocuradora y, a pesar de eso, llegó a la titularidad de la PGR.
Desde la cúspide, se encargó de hacer desaparecer la Dirección General de Servicios aéreos, dejando el espacio libre al narcotráfico y, además, denunciada por sus propios subalternos, utilizó la PGR como instrumento político para satisfacer sus propios intereses. Conoce los casos.
Un Zeta peligroso
Filemón García Ayala es hoy uno de los delincuentes más buscados en Estados Unidos. Recientemente, fue incluido en la lista negra de ese país. Está acusado de lavar millones de dólares para el grupo criminal conocido como Los Zetas.
Fue detenido bajo sospecha de que, a través de la Casa de Cambio Prodira S. A de C.V., lavaba dinero del narcotráfico y se le inició la averiguación previa PGR/007/LD/2000.
A pesar de una serie de pruebas en su contra, el 12 de noviembre del 2008 se dictó no ejercer acción penal en su contra. De acuerdo a fuentes de la propia PGR, en realidad nunca se investigó el origen de las grandes sumas de dinero que se cambiaban de pesos a dólares.
Incluso, la PGR le devolvió 5 millones 260 mil pesos que le fueron confiscados a María García Calderón cuando fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En sus declaraciones, ella dijo que el dinero se le iba a entregar a García Ayala.
En la actualidad, se está integrando la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/AP/235/2010 en la que se investiga a Filemón García Ayala y otros familiares así como a la empresa Prodira que tiene su sede en la ciudad de Zacatecas.
A raíz de esa averiguación previa, se autorizaron una serie de intervenciones telefónicas con las que se ha obtenido información del apoyo que recibía García Ayala por parte de distintos funcionarios de la PGR.
Por eso, se inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/191/2012 para investigar a Enrique Torres Segura, juez primero de Distrito en Zacatecas y a Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario de acuerdos del mismo juzgado.
Además de que se investiga también a Elena Cecilia Luengas Ávila, ex funcionaria de la PGR, como supuesto enlace entre la institución y el presunto narcotraficante.
Contrabando y libertad
Lavadores de dinero y contrabandistas perseguidos en Estados Unidos están hoy libres. Las dudas en los casos siguen latentes.
El 7 de enero de 2009, Olga Esthela Males Cachimuel fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se le encontró un fajo de dólares que escondía en una de sus maletas.
Ella pretendía realizar un vuelo a Ecuador. Eran en total 41 mil 407 dólares que no declaró a las autoridades migratorias. Intentó sobornar a los policías que la detuvieron. En tres ocasiones les ofreció dinero.
Al declarar, aseguró que el dinero procedía de la venta de un automóvil. Después, cambió su versión y aseguró que parte era de la venta del carro y otra parte, de su hijo.
Dijo que el comprador del coche había sido una persona de nombre Edin Patricio Perugachi Lema. Las versiones empezaron a tener contradicciones. El vehículo lo había vendido en Ecuador y había traído el dinero a México y ahora volvía a llevárselo, pero en efectivo y escondido en la maleta. Se integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/001/2009.
Es una obligación legal de todo viajero declarar cuando se llevan más de 30 mil dólares y ella no lo hizo. Las actividades comerciales de su hijo no coincidían con las fechas y explicaciones que insistentemente dio a las autoridades.
A pesar de que debió haber sido consignada porque ofreció dinero en tres ocasiones a los policías para poder ser liberada, pues se configura el delito de cohecho, establecido en el artículo 222 del Código Penal Federal, Olga Esthela es hoy una mujer libre.
El 25 de marzo del 2009, a tan sólo dos meses de ser detenida, la resolución de la PGR fue dictar el no ejercicio de la acción penal en su contra, dando por válidas todas sus declaraciones a pesar de las contradicciones que había.
Contrabandistas
Fuentes de la Procuraduría cuentan con información de que a María Irene Flores Granillo y Gema Claudia González Salazar se las busca en Estados Unidos por el delito de contrabando.
Derivado de esa investigación, se revisaron una serie de propiedades que ambas tenían en el Estado de Baja California. Por el número y el valor de los predios se encontró una inconsistencia entre esos bienes y las actividades de las indiciadas. Todo eso consta en la averiguación previa PGR/SIEDO/UESIORPIFAN/064/2007.
A pesar de la acusación en Estados Unidos y que para el delito de contrabando podía presumirse que era entre México y Estados Unidos, la oficina a cargo de Marisela Morales dictó el ejercicio de la no acción penal el 20 de diciembre de 2010.
Hoy las dos mujeres están en libertad. Las autoridades nunca pudieron comprobar la forma en que se hicieron de propiedad y la actividad precisa a la que se dedicaban en México.
Existen otros dos casos en los que también se giró el no ejercicio de la acción penal. Uno es por la compra de un terreno en el que el comprador, una persona de nombre Cándido Núñez, no pudo comprobar de manera fehaciente el origen del dinero para la compra del inmueble. Esto quedó registrado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/096/2007.
En otra averiguación, la PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/077/2010 se enlistan las irregularidades entre las transacciones hechas por la Promotora Deportiva de Fútbol León y una persona moral de nombre Fútbol Comarca Lagunera.
Sin embargo, el 24 de noviembre del 2010 se dictó el no ejercicio de acción penal en este caso en el que había una serie de irregularidades fiscales detectadas por la Secretaría de Hacienda.
Fábrica de culpables
El órgano encargado de aplicar la justicia en México se convirtió en una oficina de expertos en cometer equivocaciones. No fueron simples errores. A lo largo del sexenio pasado se acumularon los casos de inocentes que la PGR mandó a prisión.
Detenciones espectaculares, pero con expedientes mal integrados, fueron el sello de la casa. En cambio, se dejo ir a quienes tenían todas las pruebas en su contra por alguna extraña razón. En el ámbito ciudadano, son miles y miles los casos de una mala aplicación de la justicia. En el político, son más escandalosos.
El “Michoacanazo”, la detención de Jorge Hank Rhon, la alerta migratoria de los tres ex gobernadores tamaulipecos y el caso de Tomás Ángeles son ejemplos emblemáticos de un sistema de justicia lleno de errores.
En este polémico caso de un militar de alto rango involucrado en el narcotráfico el propio ex subprocurador en Delincuencia Organizada de la PGR, José Cuitláhuac Salinas, denunció recientemente que la dependencia había sido utilizada como instrumento de venganza.
“La Procuraduría fue utilizada por algún personal que podía formar parte del Ejército, militares que estuvieron interesados en perjudicarlo. Sería una imprudencia de mi parte señas a quien pudiera ser el autor de este complot en su contra. Sin embargo la investigación en su conjunto estuvo dirigida por personal del Ejército, algunos elementos del Ejército”, dijo en entrevista con el informativo Primero Noticias.
Así, cuantos más días pasan, más irregularidades va encontrando la nueva administración sobre las actividades de la última titular de la PGR al frente de la dependencia.
Las pruebas cada día son más y, como lo dijo el general Ángeles tras salir de prisión, las opiniones sobre Marisela Morales no son del todo buenas.
“En cuanto a la procuradora anterior, Marisela Morales, desafortunadamente no hay buenos comentarios. Lo estoy viviendo yo, lo están sufriendo los compañeros militares y cantidad de internos en este penal y creo que en todos”.
Murillo hereda caos
El nuevo titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, envió al Senado un documento con un análisis interno de la dependencia. El panorama no es nada alentador
Recientemente el nuevo titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, envió al Senado de la República un documento con un análisis interno de la dependencia. El panorama no es nada alentador.
Las conclusiones del estudio son que la pasada administración les heredó un completo caos.
“La PGR da la impresión de ir siempre atrás de los problemas que debe resolver. Esta maraña de estructuras y de relaciones intrainstitucionales produjo, por su parte, incentivos para que las áreas de alto nivel actuaran aisladamente unas de otras.
“En la cultura institucional prevalece una marcada tendencia a las relaciones clientelares y de grupo. La organización se muestra lenta en su proceso de toma de decisión y de comunicación y con una estructura que dificulta ampliamente su operación y que parece tener muchas dificultades para enfrentar cambios”, establece el documento.
En general, el análisis deja ver que no hay capacidad institucional para que se de una colaboración efectiva entre las diferentes áreas que componen la Procuraduría. “Desde luego que hay ejemplos de colaboración, sin embargo, su éxito radica en la fortaleza de las relaciones personales entre servidores y no de la capacidad institucional para realizar la labor de procuración de justicia”, se insiste.
