Los salarios ganadores anticorrupción en Jalisco

Los salarios asignados a los 40 cargos burocráticos anticorrupción de Jalisco han generado indignación por costar al año más de 28 millones de pesos al erario público. Tan solo la secretaria técnica del Sistema Anticorrupción, Haimé Figueroa, gana 154 mil pesos al mes
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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La estructura burocrática creada para el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEA), denominada Secretaría Ejecutiva, representará un gasto durante este año superior a los 28 millones de pesos únicamente para el pago de salarios y prestaciones de sus servidores públicos.

En lo más alto está Haimé Figueroa Neri, secretaria técnica de la dependencia, quien le cuesta a los jaliscienses por año un millón 857 mil 349.19 pesos, es decir, 154 mil 779.09 pesos cada mes, considerando su sueldo y todas las prestaciones que brinda el estado.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2020 de dicha Secretaría Ejecutiva del SEA, esta dependencia de reciente creación está compuesta por 40 burócratas enfocados de lleno en el combate a la corrupción, los cuales cuestan cada mes 2 millones 362 mil 954.69 pesos (28 millones 355 mil 456.39 pesos al año).

La segunda plaza laboral más costosa en la Secretaría Ejecutiva del SEA es la del director de Tecnologías y Plataformas, que ostenta Carlos Alberto Franco Reboreda, la cual demanda al año de una bolsa de un millón 336 mil 019.68 pesos, lo que representa 111 mil 334.97 pesos por mes.

Estos altos costos han generado cuestionamientos de distintos actores, incluidos los legisladores locales, los cuales podrían intensificarse si en el corto plazo no comienzan a verse resultados en materia anticorrupción.

Algo similar está ocurriendo con otro de los componentes de la estructura del SEA: el Comité de Participación Social, cuyos integrantes tienen salarios mensuales de 88 mil 435 pesos, pero a ellos no se les obliga a laborar un determinado número de horas por día en sus encomiendas, pese al alto ingreso que perciben.

En respuesta a una solicitud de información para conocer cuántas horas al día dedican a sus funciones públicas, los miembros del Comité de Participación Social eludieron dar una cantidad exacta y señalaron que “no tienen estipulado cumplir con un horario y/o total de horas; de igual manera no cuentan con un lugar asignado de trabajo”.

El oficio está firmado por Lucía Almaraz Cázarez, presidenta de dicho Comité, los otros integrantes del órgano son Annel A. Vázquez Anderson, Jesús Ibarra Cárdenas, Nancy García Vázquez y David Gómez Álvarez Pérez, exfuncionario electoral y exmiembro del gabinete del priista, Aristóteles Sandoval Díaz (folio de transparencia 02474420).

¿Salarios o becas?

Recientemente se generó una controversia alrededor del Comité de Participación Social del SEA, luego de que legisladores locales propusieran eliminar sus sueldos para garantizar su independencia con respecto a las esferas gubernamentales del estado.

La iniciativa del legislador José de Jesús Hurtado Torres, del PAN, destaca que la ley les permite a los miembros del Comité tener otros ingresos por actividades académicas, por lo cual no está claro cuánto de su jornada laboral lo dedican a su responsabilidad pública y cuánto a otras tareas del ámbito privado.

Legisladores locales propusieron recientemente eliminar los sueldos del SEA de Jalisco para garantizar su independencia

Sin rendición cuentas en este sentido, es difícil saber si los integrantes del Comité están recibiendo un salario justo por sus funciones.

De hecho, en la misma solicitud de información se les pidió a los integrantes del Comité que informaran cuántas sesiones han celebrado y cuántas faltas ha tenido cada uno de ellos, pero evitaron dar un informe específico y tampoco proporcionaron su listado de inasistencias; en cambio, remitieron a su portal de transparencia.

En dicho portal puede verse que en lo que va del año 2020 apenas han tenido una sesión, mientras que en el 2019 tuvieron 18, y en el 2018 otras 14; aunque también es cierto que el Comité realiza otras tareas como la emisión de Opiniones Técnicas (10 en dos años) y la evaluación de aspirantes a distintos cargos públicos.

La iniciativa citada del legislador del PAN, que logró la adhesión de otros 22 diputados, incluyendo de fuerzas políticas como el partido Movimiento Ciudadano, Morena y PRI, dejó traslucir que existe una inconformidad hacia el desempeño de este órgano anticorrupción.

Estructura anticorrupción en disputa

Si se consideran únicamente los sueldos brutos mensuales –sin prestaciones- existentes en la Secretaría Ejecutiva del SEA, los dos más altos son los de su secretaria técnica, Figueroa Neri, de 109 mil 148 pesos, y el de su director de Tecnologías y Plataformas, Franco Reboreda, por 78 mil 235 pesos.

Sin embargo, en esa nueva estructura burocrática anticorrupción hay otras 11 plazas con sueldos de 62 mil 664 pesos; otras 20 plazas que van de los 45 mil 490 a los 21 mil 675 pesos; y seis plazas adicionales que van de los 19 mil 239 a los 11 mil 708 pesos.

No por nada tanto la Secretaría Ejecutiva del SEA como el Comité de Participación Social se han vuelto terreno de disputa para fuerzas partidistas, grupos fácticos de poder como el que comanda el exrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raúl Padilla López, y exfuncionarios públicos.

El académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Jorge Narro Monroy, ha señalado que las estructuras burocráticas del SEA se encuentran prácticamente capturadas por el grupo de Padilla López, y que hasta un 70 por ciento de la integración de la Secretaría Ejecutiva, incluyendo su titular, estaría ligada con la esfera de la UdeG.

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